LOS TIEMPOS.- Durante el primer semestre de este año la Cámara de Diputados aprobó cinco leyes que autorizan contratos de exploración y explotación petrolífera en un área reservada de Santa Cruz.

Los contratos se ejecutarán en la zona petrolífera Carohuaicho, que está ubicada en el sur de Santa Cruz, frontera con Chuquisaca, y se sobrepone con el área protegida Área Natural de Manejo Integrado Río Grande Valles Cruceños. No se divulgó cuántos de los cinco contratos afectan al parque.

La información está reflejada en el informe de Rendición Pública de Cuentas de la Cámara de Diputados, que dice que las cinco leyes buscan promover el desarrollo de la exploración y explotación de hidrocarburos.

Las leyes autorizan contratos de servicios petroleros de exploración y explotación a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en distintas áreas de Carohuaicho, que son LA 8A, 8B, área Oriental, 8D y 8C.

“Estos contratos garantizan el respeto y la protección de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en la Constitución”, señala el informe, además de que aseguran que no dañarán el medio ambiente. Las leyes 670, 671, 672, 683 y 697 autorizan los contratos de exploración y explotación a YPFB, YPFB Chaco e YPFB Andina. La 683 involucra exploración y explotación en los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca.

El objetivo de las leyes es incrementar las reservas, la producción y por lo tanto la renta petrolera, sostuvieron las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos a momento de explicar en Diputados la necesidad de aprobar estas normas.

La explotación petrolífera en áreas protegidas ha causado polémica en el país, puesto que los ambientalistas califican a estas acciones como perjudiciales para el medio ambiente. El decreto supremo 2366, aprobado recientemente por el presidente Evo Morales, autoriza formar contratos en estas áreas, que muchas veces se superponen a territorios indígenas.

El mes pasado, el presidente Evo Morales reiteró la decisión del Gobierno de explorar en áreas protegidas para garantizar la estabilidad económica del país. Posteriormente, indicó que la nueva tecnología a emplearse asegura “cero” impacto ambiental y pidió a los indígenas acompañar los esfuerzos.

Parques en riesgo

Un estudio del Cedib señala que por lo menos cinco áreas protegidas bolivianas, entre ellas Madidi y Pilón Lajas, están en riesgo de perder, de facto, su calidad de tales, debido a que tienen comprometido hasta un 90 por ciento de su territorio con actividades petrolíferas y mineras. En el país hay 22 parques naturales y en 11 ya hay actividad hidrocarburífera.