Documentos - Legislación

Decreto Supremo 3012 de 7 de diciembre de 2016

Financiamiento del Proyecto Carretero “El Espino - Charagua - Boyuibe”.   DECRETO SUPREMO N° 3012 EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA CONSIDERANDO: Que el numeral 9 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, establece como competencia exclusiva del nivel central del Estado, la planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras de la Red Fundamental. Que el numeral 1 del Parágrafo II del Artículo 96 de la Ley N° 031, de 9 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, señala que de acuerdo a las competencias exclusivas de los numerales 9 y 10 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene como competencia exclusiva, el planificar, diseñar, construir y administrar las carreteras, líneas férreas y ferrocarriles de la red fundamental. Que el numeral 2.4.1 “Transporte Carretero” del Pilar 2 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, aprobado por Ley N° 786, de 9 de marzo de 2016, dispone que el transporte carretero se constituye en un eje trasversal importante en el desarrollo y crecimiento del país, por tanto, el Estado tiene como reto la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de la Red Vial Fundamental acorde a los estándares de la región en busca de mejorar la integración de las carreteras del país que permita optimizar las potencialidades productivas de cada región. Para el cumplimiento de los Resultados establecidos se implementarán las siguientes Acciones: Construir y rehabilitar nuevos tramos carreteros vinculados a la Red Vial Fundamental en lo que corresponde al Corredor Bioceánico y corredores de exportación, dobles vías, integración con regiones productivas, conexiones capitales de departamento y corredores Oeste - Norte y Norte - Sur. Construir puentes y accesos. Que el inciso g) del Artículo 5 del Decreto Supremo N° 28946, de 25 de noviembre de 2006, establece como atribución y función de la Administradora Boliviana de Carreteras, ejercer la función de organismo ejecutor de contratos con financiamiento externo, en proyectos de la Red Vial Fundamental, aplicando los procesos de contratación de acuerdo a la normativa correspondiente. Que en este marco se ha gestionado ante el Banco de China de Exportaciones - Importaciones – EXIMBANK, un préstamo por un monto de hasta $us215.050.000.- (DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), para el financiamiento del Proyecto Carretero “El Espino - Charagua - Boyuibe”, a ser ejecutado por la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC. Que es necesario autorizar la suscripción del Convenio de Crédito Preferencial al Comprador con el EXIMBANK, a objeto de materializar el financiamiento para la ejecución del citado Proyecto. EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA: ARTÍCULO ÚNICO.- I.            Se autoriza al Embajador de Bolivia en la República Popular de China, suscribir con el Banco de China de Exportaciones - Importaciones – EXIMBANK, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Convenio de Crédito Preferencial al Comprador por un monto de hasta $us215.050.000.- (DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), para el financiamiento del Proyecto Carretero “El Espino - Charagua - Boyuibe”. II.          Suscrito el Convenio de Crédito Preferencial al Comprador deberá ser remitido a consideración y aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento al numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado. III.         Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la suscripción del respectivo Convenio Subsidiario con la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC, en su condición de Organismo Ejecutor, para la transferencia de recursos externos y ejecución del Convenio de Crédito Preferencial al Comprador, a solicitud del Ministerio de Planificación del Desarrollo, a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. IV.         La ABC, como Organismo Ejecutor, deberá gestionar ante el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz la contraparte local correspondiente. Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Planificación del Desarrollo; de Economía y Finanzas Públicas; y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Rene Gonzalo Orellana Halkyer, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Ana Veronica Ramos Morales, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Virginia Velasco Condori, José Gonzalo Trigoso Agudo, Ariana Campero Nava, María Alexandra Moreira Lopez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Hugo José Siles Nuñez del Prado, Lenny Tatiana Valdivia Bautista, Marko Marcelo Machicao Bankovic MINISTRO DE CULTURAS Y TURISMO E INTERINO DE EDUCACIÓN, Marianela Paco Duran, Tito Rolando Montaño Rivera.
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Decreto Supremo 3014 de 7 de diciembre de 2016

Financiamiento del Proyecto Construcción del Tramo Central Doble Vía “El Sillar”.   DECRETO SUPREMO N° 3014 EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA CONSIDERANDO: Que el numeral 9 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, establece como competencia exclusiva del nivel central del Estado, la planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras de la Red Fundamental. Que el numeral 1 del Parágrafo II del Artículo 96 de la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, señala que de acuerdo a las competencias exclusivas de los numerales 9 y 10 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene como competencia exclusiva el planificar, diseñar, construir y administrar las carreteras, líneas férreas y ferrocarriles de la red fundamental. Que el numeral 2.4.1. “Transporte Carretero” del Pilar 2 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, aprobado por Ley N° 786, de 9 de marzo de 2016, determina que el transporte carretero se constituye en un eje trasversal importante en el desarrollo y crecimiento del país, por tanto, el Estado tiene como reto la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de la Red Vial Fundamental acorde a los estándares de la región en busca de mejorar la integración de las carreteras del país que permita optimizar las potencialidades productivas de cada región. Que el inciso g) del Artículo 5 del Decreto Supremo N° 28946, de 25 de noviembre de 2006, dispone como atribución y función de la Administradora Boliviana de Carreteras, ejercer la función de organismo ejecutor de contratos con financiamiento externo, en proyectos de la Red Vial Fundamental, aplicando los procesos de contratación de acuerdo a la normativa correspondiente. Que en este marco se ha gestionado ante el Banco de Exportaciones - Importaciones de la República Popular de China – EXIMBANK, un préstamo por un monto de hasta $us362.209.356,76.- (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 76/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), para el financiamiento del Proyecto Construcción del Tramo Central Doble Vía “El Sillar”, a ser ejecutado por la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC. Que es necesario autorizar la suscripción del Convenio de Crédito Preferencial al Comprador con el EXIMBANK, a objeto de materializar el financiamiento para la ejecución del citado Proyecto. EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA: ARTÍCULO ÚNICO.- I.            Se autoriza al Embajador de Bolivia en la República de China, suscribir con el Banco de Exportaciones - Importaciones de la República Popular de China – EXIMBANK, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, un Convenio de Crédito Preferencial al Comprador, por un monto de hasta $us362.209.356,76 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 76/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), para el financiamiento del Proyecto Construcción del Tramo Central Doble Vía “El Sillar”. II.          Suscrito el Convenio de Crédito Preferencial al Comprador, deberá ser remitido a consideración y aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento al numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado. III.         Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la suscripción del respectivo Convenio Subsidiario con la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC, en su condición de Organismo Ejecutor y con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en calidad de Ministerio cabeza de sector, para la transferencia de recursos externos y ejecución del Convenio de Crédito Preferencial al Comprador, a solicitud del Ministerio de Planificación del Desarrollo, a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Planificación del Desarrollo; de Economía y Finanzas Públicas; y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Rene Gonzalo Orellana Halkyer, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Ana Veronica Ramos Morales, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Virginia Velasco Condori, José Gonzalo Trigoso Agudo, Ariana Campero Nava, María Alexandra Moreira Lopez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Hugo José Siles Nuñez del Prado, Lenny Tatiana Valdivia Bautista, Marko Marcelo Machicao Bankovic MINISTRO DE CULTURAS Y TURISMO E INTERINO DE EDUCACIÓN, Marianela Paco Duran, Tito Rolando Montaño Rivera. http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/descargar/154…
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Ley Nº 859 de 28 de noviembre de 2016

Autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, suscribir el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas a favor de YPFB, correspondiente al Área ITACARAY, ubicada en el Departamento de Chuquisaca, con la empresa YPFB CHACO S.A. Ley Nº 859 LEY DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA: Artículo Único.- De conformidad con lo establecido por el Parágrafo II del Artículo 362 de la Constitución Política del Estado, se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, suscribir el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas a favor de YPFB, correspondiente al Área ITACARAY, ubicada en el Departamento de Chuquisaca, con la empresa YPFB CHACO S. A. Disposición abrogatoria y derogatoria Única.- Se abroga la Ley Nº 131 de 2 de junio de 2011, y se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis . Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Víctor Hugo Zamora Castedo, Noemi Natividad Diaz Taborga, Mario Mita Daza, Ana Vidal Velasco. Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis . Fdo. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Luis Alberto Sánchez Fernández.
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Ley Nº 858 de 28 de noviembre de 2016

Autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, suscribir el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas a favor de YPFB, correspondiente al Área CHARAGUA, ubicada en el Departamento de Santa Cruz, con la empresa YPF EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS DE BOLIVIA S.A. Ley Nº 858 LEY DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA: Artículo 1°.- De conformidad con lo establecido por el Parágrafo II del Artículo 362 de la Constitución Política del Estado, se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, suscribir el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas a favor de YPFB, correspondiente al Área CHARAGUA, ubicada en el Departamento de Santa Cruz, con la empresa YPF EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS DE BOLIVIA S. A. Artículo 2°.- (Autorización de contrato de cesión) Una vez emitida la declaratoria y aprobación de la comercialidad de uno o varios campos dentro del área del contrato señalado en el Artículo anterior de la presente Ley, se autoriza a YPFB y al titular del periodo de exploración, la suscripción del Contrato de Cesión establecido en el Anexo “G” del Contrato de Servicios Petroleros, a favor de la Sociedad de Economía Mixta - S. A. M., a conformarse entre YPFB y la empresa YPF Exploración & Producción de Hidrocarburos de Bolivia S. A., para los campos declarados comerciales. Artículo 3°.- (Sociedad de economía mixta)
  1. En caso de existir éxito exploratorio en el Área CHARAGUA, se autoriza a YPFB la conformación de una Sociedad de Economía Mixta - S. A. M., con la empresa YPF Exploración & Producción de Hidrocarburos de Bolivia S. A., debiendo la misma sujetarse a lo establecido en el Parágrafo I de la Disposición Final Décima de la Ley Nº 466 de 26 de diciembre de 2013, de la Empresa Pública.
  2. La S. A. M. estará sujeta a lo dispuesto por el Artículo 5 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, teniendo el deber de informar a las entidades públicas competentes sobre el destino, forma y resultado del manejo de los recursos aportados por el Estado a dicha S. A. M., y presentar sus estados financieros auditados.
 
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis . Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Víctor Hugo Zamora Castedo, Noemi Natividad Diaz Taborga, Mario Mita Daza, Ana Vidal Velasco. Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis . Fdo. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Luis Alberto Sánchez Fernández.
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Ley Nº 857 de 28 de noviembre de 2016

Autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, suscribir el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas a favor de YPFB, correspondiente al Área AGUARAGÜE CENTRO, ubicada en el Departamento de Tarija, con la empresa YPFB CHACO S.A. Ley Nº 857 LEY DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA: Artículo Único.- De conformidad con lo establecido por el Parágrafo II del Artículo 362 de la Constitución Política del Estado, se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, suscribir el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas a favor de YPFB, correspondiente al Área AGUARAGÜE CENTRO, ubicada en el Departamento de Tarija, con la empresa YPFB CHACO S. A.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis . Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Víctor Hugo Zamora Castedo, Noemi Natividad Diaz Taborga, Mario Mita Daza, Ana Vidal Velasco. Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis . Fdo. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Luis Alberto Sánchez Fernández.
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Castigo para las cooperativas, permanencia para las transnacionales y legalización del trabajo asalariado en las cooperativas: orientación de las nuevas normas sobre minería

Las nuevas leyes que modificarían la Ley 535 de Minería y la Ley de Reversiones tienen como novedades más importantes: 1) Aunque mantiene los Contratos Administrativos Mineros con Cooperativas, incluye una figura nueva: los "Contratos Administrativos Mineros en Áreas Bajo Administración Estatal" que se firmarán con las cooperativas que tenían arrendadas concesiones de la Comibol; en estos nuevos, la Comibol tendrá una participación económica (algo parecido al antiguo canon). De entre dichas cooperativas, a las que habían establecido contratos con empresas privadas en áreas arrendadas pertenecientes a Comibol (las que se portaron mal) se les "revierte" de plano las áreas mineras. Empero, este nuevo tipo de contrato servirá también para establecer contratos de Comibol con empresas privadas, lo que servirá —probablemente— para firmar contratos con las transnacionales que eran "socias" de las cooperativas en áreas estatales y que hoy han sido revertidas (Manquiri?), a las que el gobierno les ha prometido que no perderán derechos. Este nuevo tipo de contrato elude la obligatoriedad de los Contratos de Asociación Estatal sobre la participación mayoritaria (55%) en las utilidades. Seguramente, para contentar a las transnacionales que ya operaban en el país bajo la cobertura de las cooperativas y que tendrían, por lo tanto, "derechos adquiridos". 2) Pese al golpe fuerte sobre las cooperativas en este aspecto, se ratifica la libertad concedida a ellas para contratas asalariados sin perder su carácter "social", por el que son tratadas como entidades sin fines de lucro y exentas de la obligación de pagar impuestos.  En el artículo 2 de la nueva ley se dice que las cooperativas están obligadas al "cumplimiento de las normas laborales en relación al personal dependiente no cooperativista". Es decir, que pese a explotar la fuerza de trabajo asalariada como cualquier empresa privada, a cambio de cumplir con los derechos laborales, seguirán siendo consideradas "cooperativas". O sea, el gobierno acepta el encubrimiento de la forma empresarial de las cooperativas, pese a que eso les sirvió durante el anterior conflicto para acusarles de "explotadoras", etc., etc.
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Decreto supremo 2890 de 1 de septiembre de 2016

En el marco de la Ley 403, de 18 de septiembre de 2013, de Revisión de Derechos Mineros, el Ministerio de Minería y Metalurgia y la AJAM procederán a la reversión previa verificación de la inexistencia de actividades mineras en las áreas registradas a nombre de las cooperativas mineras.   DECRETO SUPREMO N° 2890 EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA CONSIDERANDO: Que el Parágrafo I del Artículo 348 de la Constitución Política del Estado, dispone que son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. Que el Parágrafo II del Artículo 348 del Texto Constitucional, determina que los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país. Que el Parágrafo I del Artículo 349 de la Constitución Política del Estado, establece que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. Que el Parágrafo III del Artículo 369 del Texto Constitucional, señala que será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera. Asimismo, el Parágrafo IV del citado Artículo, establece que el Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o derechos preconstituidos. Que el Artículo 2 de la Ley Nº 403, de 18 de septiembre de 2013, de Reversión de Derechos Mineros, determina que los derechos mineros otorgados por Autorizaciones Transitorias Especiales – ATE y Contratos sobre recursos naturales mineros serán revertidos ante la inexistencia verificada de actividades mineras, conforme a lo dispuesto en la citada Ley. Que la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 403, dispone que en tanto se promulgue la Ley de Minería, la reversión efectuada por mandato de la citada Ley, no procede en relación a las áreas mineras registradas a nombre de la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL, y de las cooperativas mineras y operadores mineros unipersonales que tengan registradas menos de diez (10) cuadrículas o doscientas cincuenta (250) pertenencias mineras. Que ante la inexistencia verificada de actividades mineras en las áreas registradas a nombre de las cooperativas mineras, es necesario dar cumplimiento a la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 403. EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA: ARTÍCULO ÚNICO.- En el marco de la Ley Nº 403, de 18 de septiembre de 2013, de Reversión de Derechos Mineros, el Ministerio de Minería y Metalurgia y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM procederán a la reversión previa verificación de la inexistencia de actividades mineras en las áreas registradas a nombre de las cooperativas mineras. El señor Ministro de Estado en el Despacho de Minería y Metalurgia, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Rene Gonzalo Orellana Halkyer, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Ana Veronica Ramos Morales, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Virginia Velasco Condori, José Gonzalo Trigoso Agudo, Ariana Campero Nava, María Alexandra Moreira Lopez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Hugo José Siles Nuñez del Prado, Lenny Tatiana Valdivia Bautista, Marko Marcelo Machicao Bankovic, Marianela Paco Duran, Tito Rolando Montaño Rivera.
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Decreto supremo 2891 de 1 de septiembre de 2016

Se revierte a dominio del Estado las áreas sobre las cuales se hubieren suscrito contratos de riesgo compartido, arrendamiento o subarrendamiento entre las cooperativas mineras con empresas privadas nacionales o extranjeras.   DECRETO SUPREMO N° 2891 EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA CONSIDERANDO: Que el Parágrafo IV del Artículo 306 de la Constitución Política del Estado, establece que las formas de organización económica reconocidas en la Constitución podrán constituir empresas mixtas. Que el Parágrafo II del Artículo 348 del Texto Constitucional, dispone que los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país. Que el Parágrafo I del Artículo 349 de la Constitución Política del Estado, determina que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. Que el Parágrafo III del Artículo 351 del Texto Constitucional, señala que la gestión y administración de los recursos naturales se realizará garantizando el control y la participación social en el diseño de las políticas sectoriales. En la gestión y administración podrán establecerse entidades mixtas, con representación estatal y de la sociedad, y se precautelará el bienestar colectivo. Que el Parágrafo IV del Artículo 369 de la Constitución Política del Estado, establece que el Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o derechos preconstituidos. Que el Parágrafo I del Artículo 151 de la Ley Nº 535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia, dispone que las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas sean éstas nacionales o extranjeras. Que las áreas sobre las cuales se hubieren suscrito contratos de arrendamiento, subarrendamiento y de riesgo compartido entre cooperativas mineras y actores productivos mineros privados, deben revertirse a dominio del Estado por ser lesivos a los intereses del pueblo boliviano. EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA: ARTÍCULO ÚNICO.- Se revierte a dominio del Estado las áreas sobre las cuales se hubieren suscrito contratos de riesgo compartido, arrendamiento o subarrendamiento entre las cooperativas mineras con empresas privadas nacionales o extranjeras. El señor Ministro de Estado en el Despacho de Minería y Metalurgia, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Rene Gonzalo Orellana Halkyer, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Ana Veronica Ramos Morales, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Virginia Velasco Condori, José Gonzalo Trigoso Agudo, Ariana Campero Nava, María Alexandra Moreira Lopez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Hugo José Siles Nuñez del Prado, Lenny Tatiana Valdivia Bautista, Marko Marcelo Machicao Bankovic, Marianela Paco Duran, Tito Rolando Montaño Rivera
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Decreto supremo 2888 de 1 de septiembre de 1016

Tiene por objeto establecer la prohibición del uso, tenencia y porte de explosivos y de otros materiales relacionados, en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mitines en áreas urbanas y/o rurales, por implicar un peligro común para la vida, la integridad física y la propiedad pública y privada.   DECRETO SUPREMO N° 2888 EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA CONSIDERANDO: Que el numeral 2 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, determina como fin y función esencial del Estado garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección de las personas. Que el Parágrafo I del Artículo 15 del Texto Constitucional, establece como derecho fundamental de toda persona, el derecho a la vida y a la integridad física. Que el numeral 4 del Artículo 21 de la Constitución Política del Estado, dispone como derecho fundamental la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos. Que el numeral 7 del Parágrafo I del Artículo 298 del Texto Constitucional, señala que es una competencia privativa del nivel central del Estado, las armas de fuego y explosivos. Que el numeral 1 del Artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, determina que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Que el Artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada y ratificada por el Estado Boliviano por Ley Nº 1430, de 11 de febrero de 1993, reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Que el Artículo 211 del Código Penal, establece que será sancionado el que con el fin de crear un peligro común para la vida, la integridad corporal o bienes ajenos, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, así como instrumentos y materiales destinados a su composición o elaboración, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años. Que el inciso e) del Parágrafo II del Artículo 51 de la Ley Nº 400, de 18 de septiembre de 2013, de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, dispone que está prohibida la tenencia, porte o portación y uso de armas de fuego, municiones, explosivos, y otros materiales relacionados, aún teniendo la licencia de autorización, en el caso de manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines. Que el inciso a) del Parágrafo III del Artículo 51 de la Ley Nº 400, prohíbe la tenencia, porte o portación y uso de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados a personas que se encuentren en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Que el numeral 1 del Parágrafo I del Artículo 19 de la Ley Nº 259, de 11 de julio de 2012, de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública. Que es deber del Estado, garantizar la seguridad común para preservar la vida, la integridad física, la propiedad pública y privada, siendo necesario contar con una disposición normativa que prohíba el uso, tenencia y porte de explosivos y de otros materiales relacionados, en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines en áreas urbanas y/o rurales. EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA: ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la prohibición del uso, tenencia y porte de explosivos y de otros materiales relacionados, en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines en áreas urbanas y/o rurales, por implicar un peligro común para la vida, la integridad física y la propiedad pública y privada.   Compartir   ARTÍCULO 2.- (PROHIBICIÓN). I. Se prohíbe el uso, tenencia y porte de sustancias explosivas deflagrantes, detonantes, de alta y baja sensibilidad, mezcladas y multiplicadores, materias inflamables, asfixiantes, tóxicas, artefactos explosivos improvisados y otros relacionados clasificados como de Uso en Actividades Económicas y Obras y de Uso Civil, en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines en áreas urbanas y/o rurales, por implicar un peligro común para la vida, la integridad física y la propiedad pública y privada. II. El incumplimiento a la prohibición establecida en el Parágrafo precedente, dará lugar a responsabilidad penal, debiendo la Policía Boliviana proceder a la aprehensión de las personas responsables para el inicio de las acciones penales correspondientes.   Compartir   ARTÍCULO 3.- (SECUESTRO E INCAUTACIÓN DE EXPLOSIVOS Y OTRO MATERIAL RELACIONADO). La tenencia y porte de sustancias explosivas deflagrantes, detonantes, de alta y baja sensibilidad, mezcladas y multiplicadores, materias inflamables, asfixiantes, tóxicas, artefactos explosivos improvisados y otros relacionados, en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines en áreas urbanas y/o rurales, conforme el objeto del presente Decreto Supremo, dará lugar a su inmediato secuestro o incautación por la Policía Boliviana, para su posterior destrucción conforme lo establecido en la Ley Nº 400, de 18 de septiembre de 2013, de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.   Compartir   ARTÍCULO 4.- (RESPONSABILIDAD CIVIL). Las personas que participen directamente o los actores intelectuales de manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines en áreas urbanas y/o rurales, serán responsables civilmente por los daños que ocasionen sobre bienes públicos y privados, conforme a normativa vigente.   Compartir   ARTÍCULO 5.- (MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL). I. En caso de amenaza a la convivencia pacífica y alteración del orden público, el Ministerio de Defensa podrá disponer restricciones para la comercialización y transporte de explosivos clasificados como de Uso en Actividades Económicas y Obras y de Uso Civil, y otros materiales relacionados. Asimismo, podrá suspender temporalmente la emisión de licencias, registros y autorizaciones. II. La Policía Boliviana, en el marco de sus atribuciones, reforzará sus operativos en todo el territorio nacional para controlar el acceso a explosivos clasificados como de Uso en Actividades Económicas y Obras y de Uso Civil, y otros materiales relacionados, cuando exista amenaza a la convivencia pacífica y alteración del orden público. DISPOSICIONES ADICIONALES DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y la participación de personas en estado de embriaguez en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines en áreas urbanas y/o rurales. La contravención será sancionada conforme a normativa vigente.   Compartir   DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS     Arriba Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo. Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Rene Gonzalo Orellana Halkyer, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Ana Veronica Ramos Morales, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Virginia Velasco Condori, José Gonzalo Trigoso Agudo, Ariana Campero Nava, María Alexandra Moreira Lopez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Hugo José Siles Nuñez del Prado, Lenny Tatiana Valdivia Bautista, Marko Marcelo Machicao Bankovic, Marianela Paco Duran, Tito Rolando Montaño Rivera.
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Decreto supremo 2892 de 1 de septiembre de 2016

Tiene por objeto: a) reconocer los derechos laborales de todas las personas que sin ser asociados prestan servicios en las Cooperativas Mineras; b) retención del SENARECOM de 1,8% para aportes de la CNS sobre el valor neto de venta de minerales; c) Controlar los aportes de cooperativas a CNS, AFP, COMIBOL y otros. Decreto Supremo Nº 2892, 1 de septiembre de 2016 Decreto Supremo Nº 2892 EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA CONSIDERANDO:
  • Que el Parágrafo I del Artículo 45 de la Constitución Política del Estado, establece que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. Asimismo, el Parágrafo II del citado Artículo, dispone que la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.
  • Que el Artículo 6 del Código de Seguridad Social, determina que es obligatorio para todas las personas nacionales o extranjeras, de ambos sexos, que trabajan en el territorio de la República y prestan servicio remunerado para otra persona natural o jurídica, mediante designación, contrato de trabajo, o contrato de aprendizaje, sean éstas de carácter privado o público, expresos o presuntos.
  • Que el Artículo 10 del Reglamento del Código de Seguridad Social, aprobado por Decreto Supremo Nº 5315, de 30 de septiembre de 1959, señala que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que tienen contratistas, subcontratistas u otros intermediarios que empleen trabajadores incluidos al campo de aplicación del Código, están solidariamente obligados a la afiliación de estos trabajadores, así como al pago de las cotizaciones patronales y laborales para los mismos.
  • Que el inciso p) del Artículo 87 de la Ley Nº 535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia, establece como una de las atribuciones del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM el controlar y registrar las retenciones y aportes institucionales bajo convenio: Caja Nacional de Salud - CNS, Entes Gestores en Salud - EGS, Sistema Integral de Pensiones - SIP, Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, y otros.
  • Que el Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 21637, de 25 de junio de 1987, reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado.
  • Que el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 27206, de 8 de octubre de 2003, modificado por el Decreto Supremo Nº 1326, de 15 de agosto de 2012, establece el aporte del 1,8% aplicable sobre el valor neto de compra - venta de minerales de las cooperativas afiliadas a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras - FENCOMIN, que se registrarán en el formulario específico del SENARECOM dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, a favor de la CNS, por concepto de aporte al Seguro de Corto Plazo.
  • Que el Derecho Social incluye tanto al Derecho del Trabajo para la protección de la trabajadora y el trabajador en cuanto a las condiciones esenciales de la relación obrero patronal; así como al Derecho de la Seguridad Social que los protege en cuanto a maternidad o paternidad, accidentes y enfermedades de trabajo y jubilación para una vejez digna.
  • Que a objeto de consolidar el modelo social diseñado e implementado desde la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia y en consideración a que los derechos socio-laborales merecen una especial protección, es necesario viabilizar los instrumentos adecuados para su materialización en el sector cooperativista.
EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA: Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto:
  1. Reconocer los derechos laborales de todas las personas que sin ser asociado prestan servicios en las Cooperativas Mineras;
  2. Modificar los Decretos Supremos Nº 21637, de 25 de junio de 1987 y Nº 27206, de 8 de octubre de 2003, modificado por el Decreto Supremo Nº 1326, de 15 de agosto de 2012;
  3. Reglamentar el inciso p) del Artículo 87 de la Ley Nº 535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia.
  Artículo 2°.- (Derechos laborales)
  1. Todas las personas que sin ser asociado prestan servicios en las Cooperativas Mineras bajo relación laboral en la que concurran las características esenciales de ésta, independientemente de la modalidad de remuneración, se encuentran protegidas por la Ley General del Trabajo y la legislación laboral, estando sus derechos laborales y todos aquellos relativos a la seguridad social en su condición de trabajadoras y trabajadores plenamente reconocidos y garantizados.
  2. Para la efectiva protección de sus derechos laborales y para el cumplimiento del Parágrafo precedente, las personas que sin ser asociado prestan servicios en las Cooperativas Mineras podrán acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social e incluso convenir contratos colectivos de trabajo.
  Artículo 3°.- (Modificaciones)
  1. Se modifica el primer párrafo del Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 21637, de 25 de junio de 1987, con el siguiente texto:
    “ ARTÍCULO 25.- A partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, se reconocerán las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público, privado y de las cooperativas mineras: ”
  2. Se modifica el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 27206, de 8 de octubre de 2003 modificado por el Decreto Supremo Nº 1326, de 15 de agosto de 2012, con el siguiente texto:
    “ ARTÍCULO 2.- (APORTE). I. Se establece el aporte del 1,8% aplicable sobre el valor neto de venta de minerales y metales, que debe efectuar toda persona del Estado Plurinacional de Bolivia, que por cuenta de una cooperativa minera, comercialice minerales y metales que se registrarán en el formulario específico del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, a favor de la Caja Nacional de Salud - CNS, por concepto de aporte al Seguro Social de Corto Plazo. II. Para el cumplimiento del Parágrafo precedente, el Ministerio de Minería y Metalurgia, a través del SENARECOM, establecerá los mecanismos necesarios para el registro de todas las personas de las Cooperativas Mineras que comercialicen recursos minerales y metales, a fin de que esta nómina sea enviada a la CNS para ser beneficiarios del Seguro Social de Corto Plazo.”
  Artículo 4°.- (Presentación de planillas)
  1. En el marco del inciso p) del Artículo 87 de la Ley Nº 535, las Cooperativas Mineras deberán presentar al Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, las planillas de las personas que prestan servicios en las Cooperativas Mineras bajo relación laboral obrero-patronal, las que tendrán carácter de declaración jurada.
  2. El SENARECOM podrá proporcionar copias de las planillas a las personas que prestan servicios en las Cooperativas Mineras, a fin de verificar si se encuentran consideradas en las mismas, pudiendo presentar estos la respectiva denuncia ante el SENARECOM.
  3. El SENARECOM una vez efectuado el registro, control y admitida la denuncia remitirá la misma conjuntamente la declaración jurada de las planillas a la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCOOP, para su procesamiento de acuerdo al Decreto Supremo Nº 2889, de 1 de septiembre de 2016.
 
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Minería y Metalurgia; de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y de Salud, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de septiembre del año dos mil dieciséis . Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Rene Gonzalo Orellana Halkyer, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Ana Veronica Ramos Morales, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Virginia Velasco Condori, José Gonzalo Trigoso Agudo, Ariana Campero Nava, María Alexandra Moreira Lopez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Hugo José Siles Nuñez del Prado, Lenny Tatiana Valdivia Bautista, Marko Marcelo Machicao Bankovic, Marianela Paco Duran, Tito Rolando Montaño Rivera.
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