La ley y los proyectos chinos (JORNADA)

OPINIÓN- EDITORIAL (LA JORNADA) 2019-05-11

Algunas empresas chinas han ocasionado susceptibilidad sobre las operaciones que desarrollan en Bolivia, mientras se observa pasividad en las autoridades nacionales para preservar la soberanía nacional y el respeto a las normas legales. Toda generalización es negativa porque encierra prejuicios, por lo tanto, es necesario anticipar que muchas inversiones del gigante asiático cumplen sus contratos y nada hay que generen suspicacias. Pero la recurrencia de denuncias sobre algunas irregularidades, incumplimiento de contratos, vulneración de normas sociales o atentados contra el medioambiente y la biodiversidad, hace que se ponga especial atención sobre el tema.

A la serie de denuncias se ha sumado ahora un hecho que no involucra directamente a empresas chinas, aunque el producto se va hacia la potencia asiática. Se trata del desmantelamiento de una red que traficaba con madera con destino a China. Una banda que operaba desde San Ignacio de Velasco se dedicaba presuntamente a falsificar Certificado Forestal de Origen (CFO) para enviar a China madera explotada ilegalmente. De acuerdo con los informes, la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), con el apoyo de la Fiscalía y la Felcc de San Ignacio de Velasco allanaron una oficina perteneciente a la consultora Forestal Mainter Forest que se dedicaba presuntamente a falsificar y extender Certificados (CFO) para la comercialización ilegal de madera. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que se trata de una organización criminal que ha operado de manera fraudulenta para extraer ilegalmente valiosas especies de madera.

Pero ese no es el único caso, un trabajo de la Plataforma Energética del Cedla, recopila una serie denuncias contra empresas chinas en Bolivia. Se trata de reportes de la prensa boliviana, que dan cuenta de aproximadamente 400 denuncias sociolaborales y ambientales en contra de 17 empresas desde el 2015. El Informe de la Plataforma señala que la mayoría de las denuncias en contra de empresas chinas en el país está relacionada con vulneración de derechos sociolaborales y ambientales. En el tema laboral, resaltan las denuncias por falta de beneficios sociales y de seguridad industrial, remuneración injusta, inestabilidad laboral y trato desigual entre trabajadores bolivianos y chinos. También se destacan la contaminación ambiental en las comunidades aledañas a los proyectos y el exterminio de ciertos animales como el jaguar y, por Ende, de los ecosistemas.

El informe puntualiza que la respuesta de las empresas ante estas denuncias se puede resumir en tres actitudes: negar las denuncias, declarar los paros realizados por los trabajadores ilegales y/o, como apunta el Reporte, recurrir a las diferencias culturales para explicar las vulneraciones de derechos. Pero según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los incidentes no surgen de «diferencias culturales abstractas, como se sugiere a menudo, sino por la negativa de las empresas chinas a acatar las leyes laborales del país anfitrión».

La Plataforma añade que, si bien se reconoce la existencia de diferencias culturales, esto no implica que los derechos laborales, que han sido conquistados gracias a la lucha de trabajadores y trabajadoras durante décadas, se vayan a desconocer. Otra forma de responder a las denuncias, aunque en una menor proporción, es la realización de talleres, con trabajadores bolivianos y chinos para «promover la convivencia armónica». Estos talleres, sin embargo, dejan la interrogante de si este tipo de iniciativas podrían tratarse realmente de esfuerzos para ajustarse a la legislación nacional, o si representan meramente una estrategia mediática para intentar minimizar el «problema» y/o justificarlo con el discurso de las diferencias culturales.

En el documento se explica que el derecho laboral es un derecho público, y, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio y ninguna empresa puede invocar desconocimiento de éste para eludir su cumplimiento. En esta perspectiva, si bien el Estado por medio del Ministerio de Trabajo impone multas y realiza talleres de capacitación en derechos y obligaciones laborales con las empresas, incluidas las chinas, se muestra tolerante al argumentar, al igual que lo hacen las empresas chinas, que «los problemas ocurren por la diferencia del idioma, entre los funcionarios chinos y los trabajadores nacionales, y el desconocimiento de las leyes locales por parte de los extranjeros». De este modo, el Estado parece ponerse del lado de las empresas chinas y no de las y los trabajadores. De ahí, que persista la situación de vulneración de derechos.

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