En el Mundo

 

¿Qué es para el Perú la minería artesanal y de pequeña escala?

"Cuando llegamos no teníamos nada (...) Ahora estamos exportando internacionalmente", dijo el presidente ejecutivo de AURELSA, Juan Coronado, quien llegó a Relave a fines de la década de 1980 dejando a su familia en los Andes peruanos.

AURELSA, con 45 empleados , selló su primera venta al exterior a mediados del 2013 con un 1 kilo de oro certificado , llamado oro responsable por la certificación Fairmined, brindado por la Alianza por una Mineria Responsable (ARM) . Desde entonces ha exportado otros 10 kilos.

AURELSA fue certificada en oro responsable junto a la minera MACDESA en el marco del Proyecto Oro Justo, ejecutado por Solidaridad y Red Social, con el apoyo de la Unión Europea. Ambas pertenecen al grupo de empresas mineras artesanales y de pequeña escala que posicionan al Perú como el primer productor de oro responsable a nivel mundial, frente a una demanda que supera la oferta. Hoy en día hay una cadena de oro responsable formada entre AURELSA y la primera joyería peruana licenciataria Fairmined, Sissai.

Impacto
De acuerdo al Informe Estadístico Mineroenergético de la Sociedad Nacional de Energía, Petróleo y Minería en el 2015 el Perú produjo 150 toneladas de oro. De esto, se estima que del 10% a 15% de la producción nacional de oro proviene de la minería artesanal y de pequeña escala.

El Proyecto “Minería artesanal para la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo rural sostenible” conocido como “Oro Justo”, una iniciativa que busca promover una minería artesanal y de pequeña escala responsable con su comunidad y el medio ambiente.

“Para promover la certificación, el proyecto buscó contribuir con el impulso de buenas prácticas a nivel empresarial, técnico, social y ambiental en las empresas mineras artesanales y de pequeña escala para hacerlos parte de una cadena de valor responsable”, señala Franco Arista, Director del Proyecto Oro Justo y Gerente del Programa Oro de Solidaridad .

De forma complementaria, el especialista señaló que la certificación brinda beneficios económicos bajo la forma de premios para que pueda ser reinvertido en la mejora de operaciones de las empresas mineras, o en el desarrollo de su comunidad. Esto viene a ser una motivación para que más mineros se formalicen, pues es un requisito para acceder una certificación.

Algunos productos y resultados del proyecto:

En Género
%u25CF Un diagnóstico participativo en las regiones de Arequipa, Puno y Ayacucho sobre las condiciones de vida de la mujer minera en el Perú: “Pallaqueras, entre Piedras y Oro”
%u25CF Propuesta legislativa para fomentar la representatividad de las mujeres pallaqueras, hoy no consideradas dentro del proceso de formalización.

Herramientas tecnológicas
%u25CF Desarrollo de la aplicación Oro Justo para facilitar las negociaciones del mineral a los mineros artesanales y pallaqueras, ofreciendo información veraz y actualizada sobre el precio del oro. Puede ser descargado en Google Play Store desde cualquier android.

Certificación
%u25CF Dos organizaciones mineras MACDESA y AURELSA certificadas en oro responsable. Hoy acceden a mercados internacionales a precios fijos.
%u25CF Propuesta legislativa para fomentar el comercio sostenible.

Sobre el proyecto Oro Justo
Es una iniciativa de apoyo a la minería artesanal y de pequeña escala, ejecutado por Solidaridad y Red Social con el apoyo de la Unión Europea para impulsar y apoyar el proceso de formalización de las mineras artesanales y de pequeña escala emprendido por el Estado Peruano a través de la construcción y el fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernanza alrededor de la minería artesanal responsable con el objetivo de aprovechar su potencial para la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo rural sostenible. Fuente: Unión Européa en Perú.

http://www.losandes.com.pe/Nacional/20170309/103893.html

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Continúa la represión contra las comunidades mineras del Nordeste antioqueño

Ante los hechos ocurridos el pasado 2 de marzo de 2017 en las veredas Lejanías y Ojos Claros jurisdicción del municipio de Remedios, (Antioquia) donde aproximadamente a la 1 de la tarde, cuatro helicópteros desembarcaron miembros del Ejércicto Nacional, personal del CTI, ESMAD, Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional quienes realizaron una operación contra lo que ellos denominaron minería ilegal y un “golpe a las finanzas al ELN” quien recibiría las comisiones de esta actividad.

Teniendo en cuenta que:

La subregión del Nordeste antioqueño zona donde esta ubicado Remedios y Segovia, municipios reconocidos por sus grandes reservas de oro y bienes comunes naturales, también ha sido historicamente una zona golpeada por el conflicto social y armado, debido a la disputa por el control territorial, económico, social y político por los diferentes actores armados legales e ilegales, y las empresas con intereses en la exploración y explotación quienes han desconocido la posesión y propiedad de estos territorios colonizados desde hace más de 60 años.

Es por ello que sus habitantes en su mayoria tienen como sutento económico la extracción de oro mediante la mineria artesanal y la pequeña mineria, sin que aun cuenten con la capacidad económica para solventar los requisitos para poder legalizar su labor, ya que en su gran mayoría se facilita para las multinacionales y trasnacionales y las normas no son flexibles para los mineros campesinos que se ven en la obligación de organizarse para ejercer la minería común.

Es importante también tener en cuenta que en los Acuerdos de Paz suscritos entre Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, el Estado se comprometió a dialogar con las comunidades para normalizar las condiciones económicas y asignar unos recursos para los territorios colindantes con las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN).

Los hechos que a continuación son denunciados y que el Estado justifica como acciones contra la “minería ilegal”, están por fuera de lo dialogado el día 22 de febrero del presente año, con representantes de la alcaldía de Remedios y Gobernación de Antioquia, en la que acordamos la formalización de la minería en la región, para ello nos dieron un plazo de 6 meses. En la comunidad entendimos que la reunión del día 22 de febrero tenían el objetivo de avanzar en la implementación del Acuerdo, a lo que obtuvimos como respuesta lo ocurrido el 2 de marzo, lo que se constituye en una violación del Acuerdo en general y de los acuerdos con los gobiernos locales y departamentales en particular, incumpliéndose la palabra empeñada por parte de la Administración de Remedios y la Gobernación de Antioquia a nuestra comunidad.

Hasta el momento actual, desconocemos los programas o formas de apoyo en que las administraciones locales y departamentales apoyarán el proceso de formalización.

Queremos informar que:

Según la información recogida en terreno se observo que durante la operación sorpresa se violaron derechos fundamentales de las comunidades minero campesinas, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Durante los hechos, fueron detenidas arbitrariamente diez personas de la comunidad, entre ellas dos mujeres embarazadas y un niño de 3 años, para convertirlas en escudo humano, previniendo así, un posible ataque del ELN, grupo guerrillero que opera en la zona. Cabe resaltar que en la vereda Ojos Claros fueron detenidas arbitrariamente cuatro personas, las que fueron llevadas a Bucaramanga y privadas de su libertad.

Así mismo, fueron destruidos e incinerados bienes civiles como retroexcavadoras y otro tipo de maquinaria y enseres que los mineros artesanales usan para acceder a mínimos vitales necesarios para la sobrevivencia de su familia, vulnerando el derecho al trabajo y la permanencia en el territorio. En el marco de los mismos operativos, unidades de la Policía Nacional y tropas del Ejército Nacional, allanaron ilegalmente las viviendas de campesinos y mineros artesanales y en ellas, robaron herramientas de trabajo como una motosierra, veinte castellanos de oro (92 gramos), alhajas, entre otros bienes, afectando a 70 familias aproximadamente. Se desconoce el levantamiento del acta del allanamiento y por lo tanto, dicha conducta reincidente hace parte del delito de hurto por parte de los funcionarios y servidores del operativo.

Frente a los hechos, las Juntas de Acción Comunal de las veredas en mención, el Comité Territorial de Paz y Acompañamiento Humanitario, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y la Corporación CAHUCOPANA, procedieron a dirigirse a la finca para corroborar la información, exigir la liberación de los pobladores y a manifestarles los actos violatorios en los que estaban incurriendo.

En el marco de esto, se escuchan las explosiones producto de la quema de la maquinaria en el lugar, lo que generó miedo y zozobra a quienes iban en la comisión de verificación.

Esto muestra y pone en alerta a las demás comunidades del país y en la que se enfatizaron los Acuerdos de Paz, la falta de diálogo y coordinación de las diferentes instancias del Estado para poder hacer efectiva la implementación de los mismos.

Mientras que nosotros, mineros artesanales en vía de formalización, estamos haciendo los esfuerzos para que la explotación sea más ecoamigable, pague impuestos y los recursos se queden en nuestro país; somos calificados como ilegales y violentan nuestros derechos, a pesar del interés de nuestra formalización.

De igual manera los territorios mineros artesanales están solicitados o ya fueron adjudicados a trasnacionales para su explotación en calidad de concesión, por lo que el fin último no está en la formalización que nosotros como ciudadanos colombianos y mineros artesanales podamos hacer, sino que el interés del Estado es de expulsarnos del territorio para así permitir la entrada de las trasnacionales.

Por lo anterior, es claro que hay una clara contradicción entre lo que dicen los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y las FARC – EP y los intereses como “comisionista” del Fiscal General de la Nación, y esa contradicción debe conducir a que la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”, revise esta situación y de allí se tomen las medidas que conduzcan por parte del Estado, como responsable de la implementación de los Acuerdos, permitir que las comunidades que se desempeñan como mineros artesanales en los territorios, no solo se formalicen, sino que sean protegidas de la voracidad del gran capital y de los funcionarios que sirven a tales fines, generando para ellos una especie de “normatividad transitoria”.

Por tal razón el Comité Territorial de Paz y acompañamiento humanitario del Nordeste antiqueño, Remedios – Segovia, exige al Estado:

1. La libertad inmediata de los cuatro pequeños mineros quienes están siendo judicializados;

2. La protección y garantía de los Derechos Humanos a todos los integrantes de la comunidad, y el cese de los operativos en contra de la pequeña minería;

3. La reparación material e inmediata de los daños a los bienes civiles en correspondencia con la protección del derecho al trabajo y a la permanencia en el territorio;

4. La sanción a los funcionarios/as que incurrieron en acciones ilegales, por fuera de su mandato o extralimitando su función;

5. Respetar e implementar el Acuerdo Final entre el Estado y las FARC-EP, como entre los gobiernos municipal y departamental con la comunidad, lo que implica acciones para el desarrollo regional, que en nuestro caso se expresa en el apoyo, acompañamiento y facilidades para formalización de la minería;

6. La coordinación de los diferentes órganos del Estado para que la implementación de los Acuerdos sea posible y el diálogo permanente del Estado con las comunidades que conlleve lo antes posible a la construcción de los PDET´s que tengan en cuenta la particularidad de la explotación minera en la zona.

Y exige a la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”:

1. Revisar la situación presentada, como ejemplo de lo que puede ocurrir en otros territorios, e impulsar una normatividad transitoria que proteja las economías informales desarrolladas en los territorios donde se implementaran más enfáticamente los Acuerdos de Paz.

2. Instalar lo antes posible el sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus funciones, que permita la participación de quienes ejercemos la minería en municipios donde la economía se basa en esta actividad, y realice el seguimiento a este tipo de hechos que vulneran nuestros derechos y atentan contra el acuerdo.

COMITÉ TERRITORIAL DE PAZ Y ACOMPAÑAMIENTO HUMANITARIO DEL NORDESTE ANTIQUEÑO REMEDIOS – SEGOVIA

COMITÉ TERRITORIAL DE PAZ Y ACOMPAÑAMIENTO HUMANITARIO . SEGOVIA
http://radiomacondo.fm/2017/03/09/continua-la-represion-las-comunidades-...

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Mineros ilegales en Sudáfrica, la tragedia continúa

La tragedia de los mineros ilegales en Sudáfrica muestra hoy otro macabro capítulo tras el hallazgo de ocho cuerpos en Benoni, provincia de Gauteng.

 

Con tal cifra, el número de muertes se elevó a 14 entre domingo y lunes, según reseña la televisión local.

Aunque la policía inició sus investigaciones, se sospecha que el motivo de los asesinatos podría relacionarse con enfrentamientos entre pandillas rivales por el dominio de un determinado territorio, informó anoche el portavoz de la institución, Lungelo Dlamini.

Observadores admiten que la minería ilegal es un problema en el país. Quienes se dedican a esta riesgosa actividad son conocidos como los zama, zamas y generalmente sus historias terminan en la muerte.

Un trabajo publicado por Prensa Latina en 2015 explicó que por un lado, muchos de estos mineros -en su mayoría inmigrantes-, invaden minas sin protección alguna.

A menudo residen cerca de los yacimientos de oro cerrados o abandonados y operan en condiciones peligrosas, pues entre otros desafíos se exponen al mercurio y otros gases venenosos durante el proceso de extracción del mineral.

Algunos entendidos señalan que esta práctica se ha difundido al punto de fomentar una compleja industria delictiva que mueve más de 566 millones de dólares anuales.

Sin embargo, más allá de la cuestión económica está el factor de la violencia, como lo evidenciaron las palabras de Dlamini.

Solo en la zona de Johannesburgo, conocida como la ciudad del oro, hay alrededor de 600 minas abandonadas.

La policía de Gauteng asegura que se registraron al menos 400 incidentes de violencia relacionados con la minería ilegal entre 2013 y 2014.

Mientras, un estudio de la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica revela que Gauteng, Free State y Mpumalanga, son las provincias más afectadas por este fenómeno.

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=68940&SEO=mineros-ilegales...

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La fiebre del oro reactiva la minería en Colombia

El alza internacional del precio del oro revivió la fiebre por el preciado metal al punto que en algunas regiones del país, dominadas por el Eln y los clanes Úsuga y del Golfo, se disparó la minería ilegal por encima de los cultivos de coca, asegura la Policía.

En más de 200 municipios del oriente del país y en zonas protegidas la minería ilegal se volvió un jugoso negocio criminal que está acabando con el medio ambiente, caso concreto el Páramo de Santurbán.

Según la autoridad ambiental los delincuentes están construyendo túneles para llegar a las áreas protegidas y extraer el preciado metal.

La solución al problema que está acabando con cientos de hectáreas de fauna, flora y ecosistemas protegidos, no solo está en manos de la Policía, también deberá ser tarea de los ministerios de minas y medio ambiente para que obliguen a las multinacionales al cierre de socavones en sus títulos mineros que no pueden explorar.

http://www.cmi.com.co/nacional/la-fiebre-del-oro-reactiva-la-mineria-en-...

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Corte colombiana pide consulta sobre minería

La Corte Constitucional colombiana ordenó que se realice una "consulta previa" a la comunidad del municipio de Marmato (noroeste) para dirimir si la minera canadiense Gran Colombia Gold puede seguir explotando los recursos de la zona.

La sentencia pone punto final al pleito que llevaba diez años. El nudo del debate estaba en definir quién tiene la razón frente a la explotación del oro en la mina Villonza, en la parte alta del cerro El Burro.

Disputas

En el municipio de Marmato alrededor de 5.000 familias viven de la minería artesanal que supone que el 80 % de la economía de la zona, actividad que según advierten los vecinos se ha visto gravemente afectada tras la llegada de la empresa.

Hace una década los habitantes de esta localidad iniciaron un pleito jurídico contra Gran Colombia Gold, por el dominio de la minería en la parte alta del cerro El Burro, que según denuncian, compró los derechos de explotación de esas pequeñas minas artesanales, las cerró y derribó sus molinos.

"Iniciaron un proceso de exterminio de la pequeña minería de la zona y terminaron creando un problema social gravísimo sometiendo al pueblo casi a una hambruna que por suerte no se prolongó", explicó el presidente de la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato, Rubén Darío Rotavista.

El líder minero indicó que la empresa compró licencias a mineros locales a un precio "muy bajo" para cerrar estas pequeñas explotaciones y aguardar a que el conjunto de la montaña se revalorizase en los mercados internacionales.

Gran Colombia Gold

En su página web, la compañía indica que el "Proyecto Marmato" contiene recursos estimados de aproximadamente 14 millones de onzas de oro.

El pulso entre los mineros artesanales y la multinacional empezó en 2008 con una acción de tutela, sin embargo, el primer "round" favoreció a la minera canadiense y en septiembre de 2010, mediante resolución de la Agencia Nacional de Minería, se ordenó el desalojo de una parte de los pobladores de Marmato, señalaron medios locales.

Pero la decisión no fue ejecutada ya que las autoridades locales argumentaron que la problemática social y económica se agravaría con el desalojo de los mineros artesanales. Por su parte, la transnacional decidió demandar al Estado colombiano por 700 millones de dólares por incumplimiento del acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá, que se desprende del Tratado de Libre Comercio firmado entre ambos países.
http://www.dw.com/es/corte-colombiana-pide-consulta-sobre-miner%C3%ADa/a...

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Barrick suspendería venta mina australiana

Nueva York.- Barrick Gold Corp., la mayor minera de oro del mundo, probablemente suspendería sus planes de vender su participación de 50 por ciento en Kalgoorlie Super Pit en Australia si las negociaciones en curso con un potencial comprador se descarrilan.

“¿Iniciaríamos un proceso activo inmediatamente si esto no se concreta? Creo que las posibilidades son escasas”, dijo el gerente general de la minera con sede en Toronto, Kelvin Dushnisky, el lunes en una entrevista en Bloomberg TV. El ejecutivo se negó a dar un cronograma para tomar esa decisión.

Barrick, que comenzó un proceso de venta el año pasado, estaría “perfectamente contento” de mantener la participación en parte debido a que la mina está funcionando tan bien y los precios del oro son fuertes, dijo Dushnisky en la conferencia de metales y minería BMO Capital Markets en Florida.

Mientras Dushnisky se negó a nombrar la parte con la que Barrick todavía está hablando acerca de Kalgoorlie, personas familiarizadas con el asunto han dicho que el postor es Minjar Gold Pty, una unidad de la constructora china Shandong Tyan Home Co.

La oferta de US$1,300 millones de Minjar se ha retrasado mientras busca la autorización de los reguladores para la compra en China y consigue el financiamiento para el acuerdo, dijeron las fuentes a principios de este mes.

Barrick sigue evaluando si tiene sentido conseguir un socio para desarrollar un paquete de activos en la frontera entre Argentina y Chile que incluye el proyecto Pascua-Lama y la mina Veladero.

Reiteró que la empresa está realizando un estudio de previabilidad para el desarrollo de la parte argentina de Pascua-Lama, y que un groso estimado apunta a gastos iniciales de capital de US$1,500 millones o menos. Dushnisky señaló que Barrickpodría desarrollar ese activo solo o con un socio

“Son activos de alta calidad así que recibimos interés todo el tiempo”, dijo el ejecutivo.

Pascua-Lama, un proyecto de US$8,500 millones en los Andes, ha estado prácticamente paralizado desde 2013 cuando una corte chilena otorgó una orden restrictiva luego que grupos indígenas expresaran preocupaciones de contaminación de agua.

http://eldia.com.do/barrick-suspenderia-venta-mina-australiana/
 

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Ocho señales que indican un aumento indetenible en el precio del oro

POR Rigoberto Puentes

Este metal precioso es usado como activo de reserva y no pierde valor, al contrario casi siempre sube. Acá le explicamos por qué.

Dice el periodista Alex Jones en el documental de History Channel «The Gold Conspiracy»: “El precio del oro es como una pelota de playa que se mantiene bajo el agua; cuando se suelte va a salir disparada”.

Existen muchos indicadores que anticipan que el precio del oro subirá de manera importante durante los próximos años… ¡o meses! Entre ellos hay algunos que son obvios por cuanto están relacionados con la oferta y demanda cotidianas. Otros, menos evidentes,  están relacionados con la política monetaria.

Los siguientes factores harán que la oferta del producto se haga insuficiente para atender la demanda. Y todos sabemos lo que ocurre cuando un producto comienza a escasear en el mercado. Los indicadores de la oferta:

1: El oro está acabándose en el mundo. La producción mundial alcanzó su pico en 2016. De aquí en adelante veremos una reducción paulatina, año tras año. El siguiente gráfico muestra la producción histórica y proyectada para los próximos años.

  1. Las reservas probadas y probables existentes en todo el planeta solamente alcanzan para 15 años de producción. Para el 2030 la minería del oro en la Tierra estará muy reducida. Las grandes minas serán historia.
  2. Muchas mineras ya están agotando las vetas más productivas; aquellas que contienen mayor cantidad de mineral por tonelada de roca. Algunas ya están trabajando a pérdida, tratando de sobrevivir con las rocas de menor contenido de mineral. Por otra parte, en la medida en que el mineral se hace más escaso, los programas de prospección y desarrollo se hacen más costosos.
  3. Ante la escasez del producto en el planeta Tierra, está trabajándose en la minería espacial. Se tiene planteado reemplazar la producción terrestre con producto traído de los asteroides. Pero la minería espacial aún demorará varios años en dar resultados concretos. Y los costos, por supuesto, también serán de características espaciales.

Mientras que la oferta del producto se hace cada día más escasa, la demanda aumenta:

Los indicadores de la demanda:

  1. El crecimiento poblacional de los principales países consumidores, China e India, particularmente, aumentará la demanda tanto en joyas como para inversión. Para el año 2025, solamente la industria joyera consumirá el 100 % de la producción. Así las cosas, el reciclaje del oro tendrá que suplir el resto de la demanda, tanto de la industria electrónica como para inversión.
  2. Los bancos centrales de muchos países, principalmente China, Rusia, India y Turquía, están acumulando silenciosamente todo el oro que pueden, como preparación para la próxima crisis monetaria.
  3. La política de intereses negativos que está implementándose en Europa y Japón está desencadenando demanda adicional por el oro. Tanto las grandes instituciones como muchas personas están sacando su dinero de los bancos e invirtiéndolo en el precioso mineral; el cual les garantiza preservar el valor del dinero en el tiempo.
  4. El mundo islámico, hasta ahora prohibido de tener papel-oro como inversión, está cambiando con la promulgación  de una ley conocida como “Estándar de la Shariah sobre el Oro”. Esto traerá como consecuencia la demanda adicional de varios cientos de toneladas al año.

Los factores mencionados anteriormente nos hacen anticipar que el precio del oro tendrá que subir poco a poco de forma lenta y sostenida en los próximos años. Sin embargo la gran escalada que se pronostica y que puede producirse de manera vertiginosa, se dará como resultado de la crisis que está gestándose en el Sistema Monetario Internacional, y podría producirse en los próximos meses.

Las burbujas financieras que están creándose con la deuda global  impagable y la impresión masiva de moneda fiduciaria (sin respaldo real), sumado al problema de la eurozona a raíz del retiro de Inglaterra de la misma y de la inestabilidad económica y geopolítica global, tendrán como desenlace una crisis monetaria que muy posiblemente tendrá como solución el regreso al patrón oro. Bajo esas circunstancias, los especialistas estiman que el precio del preciado metal podría superar los $10.000 dólares por onza. El precio hoy en día está alrededor de los $1.200 dólares.

La oportunidad está ahí, pero eso no significa que todo el mundo pueda aprovecharse de ella. Quienes quieran beneficiarse tendrán que hacer la tarea, preparándose adecuadamente. Terminaré este artículo con la única recomendación infalible que puedo dar a mis apreciados lectores:

¡Nunca inviertan en productos o negocios que no conozcan detalladamente! Ni el oro, ni  las cuentas de ahorro, ni los certificados de depósito, ni los fondos mutuos o fondos de inversión colectiva, ni los bonos, ni las acciones, ni las libranzas, ni los proyectos inmobiliarios, agrícolas o industriales, o de cualquier otra índole, son malas o buenas inversiones per se.  La principal razón por la cual la gente pierde sus ahorros es porque se involucran en negocios e inversiones que no comprenden.

Recuerden: la primera inversión que debe hacerse en un negocio es la de tiempo y esfuerzo para evaluarlo concienzudamente. Yo he hecho la tarea de investigar el mercado del oro a fondo, y esta me ha llevado a la conclusión de que las probabilidades de ganar mucho dinero son altas, pero eso soy yo.  Usted deberá hacer su propia investigación y tomar una decisión de acuerdo con sus propias conclusiones.
http://www.finanzaspersonales.com.co/columnistas/articulo/oro-por-que-su...

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Canadá acordó con Venezuela por reserva de oro

Gold Reserve Inc, empresa minera canadiense, informó en un comunicado que firmó un “Memorando de Entendimiento” (MdE) con la República Bolivariana de Venezuela.

En el documento se contempla la liquidación de la sentencia arbitral que incluye el pago y la resolución del proyecto Las Brisas otorgado a favor de la empresa por el Centro Internacional de arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Venezuela deberá pagar el arbitraje, en el que se incluyen los intereses devengados y establecería los términos para la conformación de la sociedad entre Venezuela y Gold Reserve. Los términos propuestos por el MdE deben cumplirse en un periodo no mayor de 60 días.

Doug Belanger, presidente de Gold Reserve mencionó que esta es una gran oportunidad para que la empresa y Venezuela desarrollen conjuntamente el Proyecto Brisas-Cristinas. Adicionalmente, agregó que proporcionará crecimiento económico en la región y crearía una nueva industria complementaria a la industria del petróleo existente de la República.

Luego de que Venezuela cancelara todas las obligaciones de la compañía, se espera todos los ingresos netos del pago del arbitraje y los relacionados con la venta de los datos técnicos mineros sean distribuidos a sus accionistas.

Dentro de las condiciones se encuentra incluida la recepción de todas las aprobaciones regulatorias y corporativas más la ejecución de acuerdos definitivos. Además, el gobierno de Venezuela pagaría una cantidad que será acordada por la contribución de la empresa de datos técnicos de minería para el Proyecto Brisas-Cristinas.

En los términos se dispuso que Venezuela, con la ayuda de Gold Reserve trabajaría para obtener el financiamiento y de esa manera realizar los pagos contemplados en el arbitraje a Gold Reserve y unos 2 millardos de dólares destinados a los gastos de capital estimados del Proyecto Brisas-Cristinas.

Una vez que Venezuela cancele a Gold Reserve cesará todas las actividades legales relacionadas con el cobro del arbitraje. Y las propiedades mineras Las Brisas y Las Cristinas, junto con los datos técnicos relativos al proyecto Brisas propiedad de Gold Reserve, serían transferidos a una empresa mixta venezolana que se espera conforme Venezuela con 55% y Gold Reserve con 45%.

El Proyecto Brisas-Cristinas combinado, se trata de un reservorio de oro y cobre ubicado en el distrito minero kilómetro 88 del estado Bolívar en el sureste de Venezuela. Una vez culmine el proyecto se prevé que sea la mayor mina de oro en América del Sur y uno de las más grandes del mundo.

http://segundoenfoque.com/canada-acordo-con-venezuela-por-reserva-de-oro...

 

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COLOMBIA - Urge nueva ley para frenar minería ilegal

Antioquia a la vuelta de cinco años podrá ser el protagonista de que se triplique la producción de oro legal en el país, con la operación de tres proyectos en Buriticá (Occidente), Santa Rosa de Osos (Norte) y San Roque (Nordeste).

Al mismo tiempo, el departamento enfrenta el desafío de ser uno de los más afectados por la explotación ilícita de ese metal precioso por redes criminales, mineros que no se suman a la formalización y también por otros que se disfrazan de mineros de subsistencia (barequeros) para no cumplir con la ley.

Justamente, el jueves pasado el Ministerio de Minas expidió la Resolución 40103 que pone topes a la producción de la minería de subsistencia. En el caso del oro, no debe superar los 420 gramos anuales (13,5 onzas). Esto contrasta con las 107 mil personas inscritas como barequeros en el Registro Único de Comercializadores (Rucom) y que aducen producciones que superan los 2 mil gramos mensuales.

En ese sentido, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) cuestiona que ese tope es muy alto y multiplicará a los que se dicen barequeros (ver nota anexa).

Entre tanto, Conalminercol, confederación de pequeños mineros, exige voluntad real del Gobierno y grandes compañías para que despegue la formalización en el país, pues en Antioquia apenas hay 13 subcontratos de formalización (ver Análisis).

En ese contexto, el Gobierno prorrogó el miércoles pasado hasta el último día de 2017 la condición de autoridad minera delegada de la Gobernación de Antioquia, la única en el país.

A su cargo tiene otorgar o caducar títulos mineros, así como adelantar trámites de 1.461 titulares, que tienen hoy concesionadas 1,4 millones de hectáreas en el departamento para distintas vocaciones (oro, carbón, materiales de construcción). Esto es 17,4 % del territorio, aunque más de 900 mil hectáreas están en etapas de exploración, construcción o montaje.

También a la Gobernación le corresponde fiscalizar para que los titulares cumplan con normas técnicas, ambientales, laborales y operativas. Al respecto, el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, informó que se estudia girar 14 mil millones de pesos, triplicando los aportes anuales para este control.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el funcionario respondió sobre los retos de Antioquia y el país para atajar la producción por fuera de las normas de más del 80 % del oro que hoy paga regalías y luego es comercializado dentro y fuera del país. Cante reconoció que solo 18 % de las 60 toneladas del mineral, que estima produjo el país en 2016, provinieron de títulos con licencia ambiental:

Resulta poco creíble que haya 107 mil personas que, batea en mano, busquen oro en lecho de los ríos...

“Creamos el Registro Único de Comercializadores (Rucom), pero nos faltó acompañarlo de un sistema de control. Si antes desconocíamos de dónde venía el oro, hoy lo sabemos. Según el Rucom, 65 % del oro producido en el país aparece como si fuera de 107 mil barequeros. Eso sabemos que es irreal, y mirando la experiencia de otros países latinoamericanos y africanos, la posibilidad del barequeo tiene un potencial de no más de un gramo de oro al día, es decir, 30 gramos al mes y, siendo excesivos, 420 gramos al año”.

¿Por qué se permite eso?

“Hubo un hueco de la norma y se está pretendiendo legalizar el oro que proviene de actividades criminales e informales. Así que hoy en el Rucom hay barequeros que produce mil gramos de oro al mes o ganan 200 millones de pesos año”.

¿Qué responsabilidad cabe a los comercializadores?

“Se escudan en que a ese productor que compran aparece como barequero, así produzca 2 mil gramos al año. Pero también los requerimos al preguntar que si compraron tal cantidad, dónde está el RUT, la factura y el IVA”.

¿Cuál es la solución?

“Expedimos este jueves una resolución que pone topes máximos de producción por barequero de 35 gramos de oro mensual como minería de subsistencia”.

Pero, para saltarse la norma, se multiplicarán los barequeros...

“Efectivamente, pueden aparecer miles más. Por eso expediremos un decreto complementario en próximos días, que revaluará condiciones para estar inscrito en el Rucom. Me refiero a que tenga RUT, tradición en el territorio, que esté en el Sisbén, que el barequero solo pueda estar inscrito en una alcaldía”.

¿Se mantiene que declare su oro y pague regalías en otro municipio distinto al de donde sacó el mineral?

“Tenga en cuenta el alto grado de trashumancia de los barequeros. Los titulares mineros sí deben declararlo en el municipio origen de la producción”.

Con todo, la comercialización de oro ilegal sigue...

“Tenemos que volcar el combate de la explotación ilícita de la persecución al pequeño minero en el territorio y pasar al combate de toda la cadena de producción, beneficio, comercialización y exportación. Mientras exista acá un señor dispuesto a comprar todo oro ilegal, habrá un pequeño minero que esté dispuesto a venderle para sobrevivir”.

¿El Gobierno contempla intervenir el comercio de oro?

“Es una actividad que ha sido poco controlada en el país. En el proyecto de ley de explotación ilícita de minerales que radicamos en el Congreso, el año pasado, incluimos una serie de herramientas para que la explotación ilícita sea en sí un delito, sin tener que demostrar su afectación al medio ambiente. Además propone que tal delito se extienda a toda la cadena: aquí podemos estar frente a un evidente lavado de activos, que se promueve por quien compra el oro en el territorio, así como por empresas que lo comercializan y exportan”.

¿Habría sanciones para las comercializadoras?

“El proyecto busca mecanismos para que la autoridad minera, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y otras entidades tengan mecanismos de control y sanción para aquellas comercializadoras que incumplan parámetros establecidos”.

¿Aprobar este proyecto hará parte del fast track?

“Analizamos al interior del Gobierno la conexidad que tenga con los acuerdos con las Farc. Desde el Viceministerio consideramos que muchos componentes sí guardan relación, porque hay argumentos de combates a la criminalidad, que aparecen en lo acordado”.

Mientras no sea ley, ¿se está perdiendo la guerra contra la minería criminal?

“Tenemos que avanzar en mecanismos y capacidades institucionales para perseguir a toda la cadena y no solo al productor ilegal”.

De otro lado, con los proyectos licenciados en Buriticá, Santa Rosa de Osos y San Roque, ¿cuáles son las perspectivas de la producción nacional de oro?

“Estimamos que pueden ser entre 20 y 25 toneladas adicionales de oro, cuando el país está cercano a una producción actual de 60 toneladas por año, de las cuales unas 12 toneladas provienen de títulos legales con licencia ambiental. Entonces en un horizonte de 5 años podemos estar triplicando la producción legal en el país, por el aporte de los proyectos de Antioquia”.

¿Qué proyectos de mayor escala hay en Antioquia?

“En unos dos o tres años puede estar entrando en producción Nuevo Chaquiro (Jericó), además hay empresas que están adelantando exploración en la zona limítrofes de Antioquia con Chocó y Córdoba y han identificado un gran potencial geológico en cobre”.

En cuanto a la formalización minera, uno ve que no hay avances en la magnitud requerida ante el problema...

“Muchos nos reclaman eso porque creen que formalizar es legalizar y se olvidan que hay más de 9 mil títulos mineros, la gran mayoría para materiales de construcción (arcilla, mármol, calizas) y el 60 % son de pequeños mineros, es decir, ya tienen el título, pero muchos continúan en informalidad técnica, administrativa y de seguridad laboral. Por eso periódicamente estamos caducando títulos ante esos incumplimientos, que los devuelve a los círculos de la ilegalidad.

¿Cuáles son los resultados en Antioquia?

“Hemos suscrito 13 contratos de subformalización y hay 50 solicitudes más en trámite en el departamento. El año pasado, luego de cinco años de discusiones, logramos que los mineros de Jobo Medio, entre los municipios de El Bagre y Zaragoza, se pusieran de acuerdo con Mineros S.A. para cederles 126 hectáreas para permitir la legalización. El reto ahora es la formalización de cerca de 300 mineros, modelo que queremos replicar en otras partes del país”.

http://www.elcolombiano.com/negocios/urge-nueva-ley-para-frenar-mineria-...

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Belo Sun recibe licencia de instalación y operará la mayor mina de oro de Brasil

El río Xingu y las comunidades tradicionales que viven en la región denominada Volta Grande serán nuevamente impactados por una obra de gran envergadura, en el estado de Pará, región norteña de Brasil. Este jueves (2), la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas) concedió la Licencia de Instalación (LI) a la empresa de extracción de oro Belo Sun Mineração, responsable por el Proyecto Volta Grande.

La mina será instalada en el municipio Senador José Porfirio. La extracción de oro en las márgenes del río Xingu será hecha a cielo abierto, porque se trata de un yacimiento próximo a la superficie. La instalación está por debajo de los ejes de la represa de Belo Monte, en una área conocida como Volta Grande de Xingu, lugar de habitación de muchas comunidades ribereñas, pueblos indígenas, mineros artesanales y agricultores asentados por la reforma agraria. La Licencia Previa (LP) del proyecto vence el día 19 de febrero.

Belo Sun pretende extraer del subsuelo de Xingu 600 toneladas de oro, en 12 años. El proyecto prevé también la construcción de una represa de residuos, que según información del Instituto Socioambiental (ISA), será mayor que la represa que se rompió en la tragedia de la ciudad de Mariana, en Minas Gerais, sudeste de Brasil.

La empresa es la subsidiaria brasileña de Belo Sun Mining Corporation, controlada por el grupo Forbes & Manhattan, un banco mercantil de capital privado que desarrolla proyectos de minería en todo el mundo.

La mañana de este jueves, el Ministerio Público Federal (MPF) había enviado una recomendación a Semas, para que el secretario Luiz Fernandes Rocha no emitiese la licencia de instalación del proyecto Volta Grande, antes de que fuese construido un “Plan de Vida para los moradores del Trecho de Flujo Reducido del río Xingu, mediante evaluación de sinergia y de acumulación de impactos, realizada en conjunto con el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente) y Norte Energía”, informa nota del MPF.

Impactos

El Plan de Vida serviría para asegurar las condiciones de vida de los habitantes de la región, así como la evaluación de lo que podría acontecer después del inicio de los trabajos de la minera. Volta Grande de Xingu, el área donde la empresa Belo Sun pretende instalar la mina, es denominada en los estudios de Belo Monte como: Trecho de Flujo Reducido, que corresponde a 100 km de río donde la hidroeléctrica desvía más del 80% del agua para mover las turbinas.

“La reducción del flujo provoca impactos tan dramáticos que ni el mismo Ibama asegura la sobrevivencia de la región y estableció seis años de monitoreo, a partir de 2019, para determinar la cantidad de agua que la represa tendrá que liberar para garantizar la vida de los moradores. La situación de Volta Grande puede determinar, por lo tanto, cuanta energía eléctrica será generada por la hidroeléctrica más cara construida en Brasil”, alerta el MPF.

El órgano, antes de enviar la recomendación a la Semas, envió un oficio al Ibama cuestionando si los estudios de sinergia y acumulación de impactos ya habían sido realizados. Con todo, la dirección de licenciamiento del Instituto informó que “no participó, ni fue instado a participar de reunión técnica alguna con la Secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Estado de Pará para discutir los impactos acumulativos o sinérgicos entre la UHE (hidroeléctrica) Belo Monte y el proyecto de minería Belo Sun”.

El documento firmado por la procuradora de la República Thais Santi, de la región de Altamira, en Pará, que acompaña desde 2013 la situación de Volta Grande y el licenciamiento de Belo Sun, informa que “frente a la inercia constatada y el compromiso asumido el 11 de noviembre de 2016, en presencia del secretario de medio ambiente de Pará” el MPF convocará una audiencia pública, el día 21 de marzo, para discutir un Plan de Vida para los moradores. El órgano también dio inicio a dos procesos judiciales contra Belo Sun y Semas por irregularidades en el licenciamiento.

Semas considera que la cuestión indígena está resuelta, pero eso no es lo que consideran organizaciones no gubernamentales y movimientos populares. Biviany Garzón, abogada del Instituto Socioambiental (ISA), afirma que la secretaria no cumplió con lo que determina la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prevé la realización de Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales en Brasil.

“Semas de Pará trata de insistir en que los impactos están localizados en un radio inferior a 10 quilómetros a partir de la mina. Y eso es imposible, porque después de la tragedia de Mariana, nadie más discutió el radio de impacto de un eventual accidente en una represa de residuos, lo que puede provocar, hasta donde puede llegar”, dice.

El Territorio Indígena (TI) Paquiçamba está a 9,5 quilómetros, y Arara de Volta Grande a 13 quilómetros, de la mina, pero Semas dice que el área indígena más próxima del proyecto está a 12 quilómetros, y explica que la distancia mínima para realización de estudio de componente indígena es de 10 quilómetros, y que “optó por determinar la elaboración del estudio de componente indígena por parte de la empresa para evaluación necesaria de la Funai (Fundación Nacional de Indígena)”.

Regularización de la tenencia de la tierra

El estudio de impacto ambiental presentado por la empresa también está siendo cuestionado por la Defensoría Pública del Estado (DPE). Este lunes, (30), el órgano emitió una acción cautelar contra el Estado de Pará y la empresa Belo Sun pidiendo suspensión del proceso de licenciamiento ambiental.

Según la defensora pública Andreia Barreto, la DPE cuestiona que el área del proyecto Volta Grande está “subdimensionada”, y explica que la extensión informada del emprendimiento es de 1.400 hectáreas. Sin embargo, la defensora revela que el Área Directamente Afectada (ADA) en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Volta Grande es mucho mayor. En el Catastro Ambiental Rural (Car) de la empresa, sin embargo, fue informando una extensión mayor, de 2 mil hectáreas.

“Ellos dicen que el proyecto va a ser instalado en una área de 1.400 hectáreas, pero analizando el emprendimiento, que es de gran tamaño, y sobre todo, con datos del propio licenciamiento ambiental, en nuestro entendimiento, esa área es mucho mayor que 1.400 hectáreas”, apunta.

De acuerdo con la acción cautelar, la empresa consideró como área del proyecto apenas los espacios que incluyen maquinaria y equipamientos que serán implantados y ignoró todo lo restante de las actividades que van a componer el emprendimiento, como los lugares de paso de vehículos pesados por vías cercanas a comunidades tradicionales y el flujo de personas que ira hacia el área del proyecto por vía terrestre y fluvial.

El documento además apunta que hubo “compra ilegal de tierras públicas federales por Belo Sun Mineração Ltda” en las comunidades rurales de Vila Ressaca, Galo, Itatá y Oro Verde. Las familias, según la acción, están recibiendo amenazas de desalojo forzado. La empresa habría adquirido las tierras de particulares y pasado a “restringir la caza, pesca, excavación de oro y acceso de personas, en áreas de uso común de la comunidad”.

En octubre de 2016, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estuvo en Senador José Porfirio y en la ocasión, denunció que la empresa Belo Sun estaba comprando tierras en las proximidades de forma irregular.

Otro punto cuestionado por la acción es que el área del proyecto Volta Grande está dentro de Gleba Ituna, destinada a vivienda para familias de renta baja. Además de esa comunidad, la acción cuestiona otras localidades que fueron excluidas del impacto directo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), como las comunidades Ilha de Fazenda y Itatá, y apunta que ellas “sufrirán todos los impactos, con detonaciones, flujo poblacional, riesgo de uso de cianuro, tránsito de personas atraídas por el emprendimiento, indefinición de circulación con la apertura y cierre de vías ”.

El martes último, la Defensoría Pública de la Unión (DPU) ingresó una acción civil pública (ACP), con pedido de orden preliminar contra el estado de Pará y Belo Sun Mineração Ltda para impedir la expedición de la licencia de instalación.

Comunicado de prensa

Por medio de comunicado de prensa, la empresa informa que cumplió todas las 37 condicionantes establecidas en la licencia previa y esclarece que la delimitación de ADA permanece la misma desde “la concepción del emprendimiento y la emisión de la Licencia Previa (LP) ”. La empresa informa que para la determinación de los límites de ADA se han aplicado metodologías científico-técnicas utilizadas en proyectos de minería.

Además, según el comunicado, la empresa afirma que viene dialogando con las comunidades desde 2012, cuando se realizó el levantamiento de áreas y el registro de familias, siendo acompañada por un representante de la Municipalidad de Senador José Porfirio y una comisión de moradores. Y concluye que mantiene informados a los órganos públicos relacionados con el tema sobre las fases del licenciamiento ambiental del Proyecto.
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=222549

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