OPINIÓN

 

Ocho señales que indican un aumento indetenible en el precio del oro

POR Rigoberto Puentes

Este metal precioso es usado como activo de reserva y no pierde valor, al contrario casi siempre sube. Acá le explicamos por qué.

Dice el periodista Alex Jones en el documental de History Channel «The Gold Conspiracy»: “El precio del oro es como una pelota de playa que se mantiene bajo el agua; cuando se suelte va a salir disparada”.

Existen muchos indicadores que anticipan que el precio del oro subirá de manera importante durante los próximos años… ¡o meses! Entre ellos hay algunos que son obvios por cuanto están relacionados con la oferta y demanda cotidianas. Otros, menos evidentes,  están relacionados con la política monetaria.

Los siguientes factores harán que la oferta del producto se haga insuficiente para atender la demanda. Y todos sabemos lo que ocurre cuando un producto comienza a escasear en el mercado. Los indicadores de la oferta:

1: El oro está acabándose en el mundo. La producción mundial alcanzó su pico en 2016. De aquí en adelante veremos una reducción paulatina, año tras año. El siguiente gráfico muestra la producción histórica y proyectada para los próximos años.

  1. Las reservas probadas y probables existentes en todo el planeta solamente alcanzan para 15 años de producción. Para el 2030 la minería del oro en la Tierra estará muy reducida. Las grandes minas serán historia.
  2. Muchas mineras ya están agotando las vetas más productivas; aquellas que contienen mayor cantidad de mineral por tonelada de roca. Algunas ya están trabajando a pérdida, tratando de sobrevivir con las rocas de menor contenido de mineral. Por otra parte, en la medida en que el mineral se hace más escaso, los programas de prospección y desarrollo se hacen más costosos.
  3. Ante la escasez del producto en el planeta Tierra, está trabajándose en la minería espacial. Se tiene planteado reemplazar la producción terrestre con producto traído de los asteroides. Pero la minería espacial aún demorará varios años en dar resultados concretos. Y los costos, por supuesto, también serán de características espaciales.

Mientras que la oferta del producto se hace cada día más escasa, la demanda aumenta:

Los indicadores de la demanda:

  1. El crecimiento poblacional de los principales países consumidores, China e India, particularmente, aumentará la demanda tanto en joyas como para inversión. Para el año 2025, solamente la industria joyera consumirá el 100 % de la producción. Así las cosas, el reciclaje del oro tendrá que suplir el resto de la demanda, tanto de la industria electrónica como para inversión.
  2. Los bancos centrales de muchos países, principalmente China, Rusia, India y Turquía, están acumulando silenciosamente todo el oro que pueden, como preparación para la próxima crisis monetaria.
  3. La política de intereses negativos que está implementándose en Europa y Japón está desencadenando demanda adicional por el oro. Tanto las grandes instituciones como muchas personas están sacando su dinero de los bancos e invirtiéndolo en el precioso mineral; el cual les garantiza preservar el valor del dinero en el tiempo.
  4. El mundo islámico, hasta ahora prohibido de tener papel-oro como inversión, está cambiando con la promulgación  de una ley conocida como “Estándar de la Shariah sobre el Oro”. Esto traerá como consecuencia la demanda adicional de varios cientos de toneladas al año.

Los factores mencionados anteriormente nos hacen anticipar que el precio del oro tendrá que subir poco a poco de forma lenta y sostenida en los próximos años. Sin embargo la gran escalada que se pronostica y que puede producirse de manera vertiginosa, se dará como resultado de la crisis que está gestándose en el Sistema Monetario Internacional, y podría producirse en los próximos meses.

Las burbujas financieras que están creándose con la deuda global  impagable y la impresión masiva de moneda fiduciaria (sin respaldo real), sumado al problema de la eurozona a raíz del retiro de Inglaterra de la misma y de la inestabilidad económica y geopolítica global, tendrán como desenlace una crisis monetaria que muy posiblemente tendrá como solución el regreso al patrón oro. Bajo esas circunstancias, los especialistas estiman que el precio del preciado metal podría superar los $10.000 dólares por onza. El precio hoy en día está alrededor de los $1.200 dólares.

La oportunidad está ahí, pero eso no significa que todo el mundo pueda aprovecharse de ella. Quienes quieran beneficiarse tendrán que hacer la tarea, preparándose adecuadamente. Terminaré este artículo con la única recomendación infalible que puedo dar a mis apreciados lectores:

¡Nunca inviertan en productos o negocios que no conozcan detalladamente! Ni el oro, ni  las cuentas de ahorro, ni los certificados de depósito, ni los fondos mutuos o fondos de inversión colectiva, ni los bonos, ni las acciones, ni las libranzas, ni los proyectos inmobiliarios, agrícolas o industriales, o de cualquier otra índole, son malas o buenas inversiones per se.  La principal razón por la cual la gente pierde sus ahorros es porque se involucran en negocios e inversiones que no comprenden.

Recuerden: la primera inversión que debe hacerse en un negocio es la de tiempo y esfuerzo para evaluarlo concienzudamente. Yo he hecho la tarea de investigar el mercado del oro a fondo, y esta me ha llevado a la conclusión de que las probabilidades de ganar mucho dinero son altas, pero eso soy yo.  Usted deberá hacer su propia investigación y tomar una decisión de acuerdo con sus propias conclusiones.
http://www.finanzaspersonales.com.co/columnistas/articulo/oro-por-que-su...

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Según el FMI la economía seguirá creciendo más en China que en Estados Unidos

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En enero el FMI dio a conocer las perspectivas de la economía mundial para este año, estas proyecciones indican un repunte en la actividad económica, especialmente en los países emergentes y en desarrollo. No todos los países, según el FMI, crecerán al mismo ritmo, ya que mientras se espera que el PBI en los Estados Unidos crezca un 2,5%, la zona del euro crezca 1,6%, las grandes naciones emergentes crezcan mucho más, por ejemplo el FMI espera un crecimiento en China del 6,5% y del 7,2% en India. Estas disparidades entre las naciones no son ninguna novedad, ya que una característica de la historia económica mundial es que nunca todas las naciones crecen al mismo ritmo. La historia registra cambios en los liderazgos económicos, por ejemplo, hacia fines del siglo XVIII Inglaterra, gracias a su Revolución Industrial desplaza en el mundo occidental a Holanda, entonces nación líder. Lo mismo hizo después Estados Unidos con Inglaterra en la década del 70 del siglo XIX.

Lo que si ahora es nuevo es la aceleración en los tiempos de desarrollo y expansión productiva de los países emergentes, particularmente en el Asia-Pacifico. Después de la Revolución Industrial los ingleses tardaron sesenta años en duplicar su PBI per cápita, en la segunda mitad del siglo XIX los Estados Unidos alcanzaron esta meta después de casi medio siglo. Por su parte los japoneses necesitaron treinta y cinco años para duplicar su nivel de vida, después de las reformas del gobierno Meiji en la segunda mitad del Siglo XIX. Pero la historia se acelera después de la Segunda Guerra Mundial, y es así como a partir de la década del sesenta los coreanos duplican su PBI per cápita en once años. Pero China es el mayor ejemplo de rapidez en aumento de su producción, ya que gracias a las reformas de Deng en la década del ochenta duplico su PBI per cápita en diez años. Este acelerado avance de la producción de bienes y servicios chinos viene cambiando año a año el mapa mundial de las actividades económicas, que hace ya algunos años está girando desde Europa y América del Norte hacia el Asia- Pacifico, por el acelerado crecimiento económico no solo de China sino también de India y otras naciones como Corea, Vietnam, Taiwán, Singapur, Malasia, Indonesia y Bangladesh. Según estas últimas proyecciones del FMI, el Asia-Pacifico seguirá creciendo mucho más rápido que Europa y Estados Unidos, por eso aumentara su importancia en el futuro.

El FMI además compara la evolución de los PBI de cada país a partir de 1980, cuantificados con la metodología del PPP (Purchasing Power Parity), según estas estimaciones el PBI de los Estados Unidos era en 1980 nueve veces mayores al chino, pero esta diferencia se reduce a apenas 1,20 veces en el 2010. En 2014 el PBI chino es casi igual al de Estados Unidos, mientras que en 2016 ya era 14% mayor. Pero el nivel de vida de la gente sigue siendo mayor en los Estados Unidos, ya que según el FMI, en 1980 el PBI per cápita era en Estados Unidos 40 veces mayor al chino, mientras que ahora sigue siendo mayor, pero con una diferencia más acotada (3,7 veces).Es importante no confundir producción total con avances científicos y tecnológicos. Es cierto que la producción total de bienes y servicios es ahora en China mayor a la de los Estados Unidos, pero esta nación por ahora continúa manteniendo su liderazgo militar, además del científico y tecnológico que es la base de las mejoras en productividad. No olvidar que de las 10 mejores universidades del mundo, 8 están en Estados Unidos. Este es el gran activo de esta nación, que el FMI no mide con estas cifras.

http://www.infobae.com/opinion/2017/02/15/segun-el-fmi-la-economia-segui...

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Los caminos del oro

Por: Humberto Vacaflor
Con regularidad preocupante, las autoridades peruanas informan sobre los cargamentos de oro que salen de su territorio hacia Bolivia, como sugiriendo que se dirigen hacia un agujero negro situado en el medio de Sudamérica. Hace cuatro años, el entonces ministro boliviano de Minería, Jaime Virreira, dijo una frase que debería figurar en alguna antología: “¡Qué extraño: Bolivia solo produce siete toneladas de oro, pero exporta 21 toneladas!”. El hombre fue removido del cargo casi de inmediato. Por ingenuo.

El oro extraído de los ríos peruanos de la zona de Madre de Dios entra, de inmediato, en un circuito pecaminoso, porque se mezcla con la droga que se produce en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Todo ello cerca de Bolivia, el país que hace de corredor para ambos productos, como plataforma de lanzamiento, una especie de zona franca de facto para toda la región, un ‘país-pecado’. Todo lo que es ilegal en los países vecinos, se legaliza con solo cruzar la frontera. Debe ser una ventaja tener un vecino así, una ventaja para quienes operan en la ilegalidad. Un Estado que es, para decirlo con franqueza, solo una ficción. Dice un geólogo boliviano que trabajó en la zona del Madre de Dios que las empresas peruanas saben que para buscar un repuesto, o equipos completos, deben llegar hasta El Alto, el mayor supermercado abierto de Sudamérica. Allí encuentras desde una aguja hasta un helicóptero. Sin factura, por supuesto, y sin póliza de importación, esas cosas inventadas por los Estados, que mantienen la pretensión de controlar y regular el comercio, aunque saben que hacen el ridículo. Esos empresarios llegan al gran supermercado, compran lo que necesitan y regresan a Perú. No han pagado ni impuestos ni aranceles, porque han operado en el agujero negro.

Y, entonces, están las estadísticas, esas que miden, milimétricamente, todos los movimientos de la economía. De aquella que está en el margen de lo legal, de lo imponible, un margen que se hace cada vez más estrecho y que permite al Estado presumir de estar controlando algo. En este momento, en Bolivia ese margen es de apenas el 25% de la economía, dicen los optimistas. Cuando ese margen se reduzca más, ¿el Estado seguirá respirando? Pregunta para comenzar el año
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Los-caminos--del-oro--20170111-0104.html

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Nuestra Palabra: La Economía del Oro y su legado en Sudamérica

El alza internacional de precios de materias primas, causada por la expansión industrial en economías asiáticas y la especulación financiera en las ventas de minerales a futuro y, particularmente del oro como reserva de valor han llevado a un proceso de intensificación de la explotación de este mineral en la región sudamericana.

Este inusitado interés por la explotación de recursos auríferos, ha generado conflictos de intereses entre actores por el acceso a las rentas, dejando de lado los derechos de los pueblos indígenas donde existen esos recursos. Por otra parte, frente a la falta de oportunidades de empleo en otros sectores de la economía, las poblaciones más vulnerables de trabajadores, entre ellos mujeres y niños, acceden a empleos de baja calidad y sin derechos laborales. Asimismo, los beneficios que deja la explotación aurífera son mínimos, con sistemas tributarios muy flexibles. La explotación en lugares donde existe poco control estatal también genera evasión y contrabando del recurso así como lavado de dinero.

Estas investigaciones pretenden visibilizar la problemática general que encierra la extracción de oro en ciertos países de la región sudamericana, es una lectura exploratoria, introductoria, y preliminar que permitirá confirmar o rechazar los efectos que causa la economía del oro.

Los ensayos que presentamos corresponden a los países de Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina. Salvo este último, en todos los países la producción se realiza mayoritariamente en la región Amazónica, sin embargo, las diferencias geográficas parecen diluirse con la dinámica capitalista que le imprime el mercado mundial del oro, es decir una tendencia al control directo de la producción por las empresas transnacionales de la minería aurífera, acompañada de una política favorable, alta conflictividad social y deterioro ambiental.

En Bolivia, Colombia, Ecuador y Brasil, la minería a pequeña escala tiene importante relevancia pues cuenta con una fuerza de trabajo masiva en relación a la tecnología empleada, y por tanto sensible a la conflictividad social, a disputas por yacimientos, convirtiendo las regiones en tierra de nadie, con escaso control de la producción, malas condiciones de trabajo con ausencia de beneficios sociales y legales para sus trabajadores.

Todos los países cuentan con sistemas impositivos bastante favorables a la explotación, por ejemplo la regalía minera que es un derecho del Estado como propietario de la tierra, en promedio no supera el 3% del valor bruto de producción. Esto sin contar la gran cantidad de producción no registrada y que sale de contrabando de los países, existiendo altos niveles de evasión y elusión fiscal.

Finalmente, el deterioro ambiental y el impacto sobre las comunidades afectadas es un aspecto que se desconoce en profundidad, señalándose la ausencia de un Estado que haga cumplir las leyes.

Toda esta amplia problemática que genera la explotación del oro, se pretende visibilizar con estos estudios, con el afán de despertar la discusión de los actores, organizaciones sociales, el gobierno y sociedad civil en general sobre los impactos buenos y perversos que genera la explotación del oro, a fin de que, en el futuro, se logren mejores condiciones de vida para la clase trabajadora.

Desde el CEDLA y la Plataforma Energética hacemos la invitación para leer estos documentos y continuar el debate.

 

Javier Gomez Aguilar

DIRECTOR EJECUTIVO

CEDLA

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China: economía de mercado - El nuevo estatus chino en la OMC

China: economía de mercadoEl nuevo estatus chino en la OMC

En diciembre, China será reconocida como una economía de mercado y cambiará su inserción en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esto supondrá modificaciones en el panorama regional y global.

Por José Ignacio Martínez Cortés

 

El 12 de diciembre China tendrá un nuevo estatus en la Organización Mundial del Comercio (OMC). A partir de esa fecha será ya considerada una economía de mercado. Este hecho, que modifica la histórica caracterización del país, provocará fuertes implicaciones para el sistema antidumping de la OMC y cambios en la legislación nacional de diversos miembros de la Organización en el ámbito de la discriminación de precios y la determinación del valor normal.

China integra la OMC a través del protocolo de adhesión del 11 de diciembre de 2001. Su participación cuenta con la mayoría de los derechos y obligaciones que conlleva ser parte del Acuerdo Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), con la excepción de una serie de condiciones especiales en materia de subvenciones y dumping.

En materia de dumping, se le estableció un estatus de «economía de no mercado», derivado de las condiciones económicas bajo las cuales se desenvolvía su economía (manejada por precios irreales que no responden a la oferta y la demanda). Esto quedó asentado en el artículo 15-a sobre comparabilidad de los precios para determinar las subvenciones y el dumping.

La OMC califica ciertas prácticas como desleales. Entre ellas, se destaca la importación en condiciones de discriminación de precios, que consiste en la introducción de mercancías en el territorio nacional a un precio inferior a su valor normal. El dumping no es un acto condenable per se, sino solo cuando se comprueba la existencia de daño a una rama de la producción. También resulta condenable cuando retrasa la creación de una rama de producción nacional y cuando favorece la introducción de mercancías en condiciones de discriminación de precios.

El precio de exportación se determina normalmente a partir del precio de transacción con base en el cual el productor extranjero vende el bien a un comprador en el país que importa. Es decir, se toma en cuenta el valor de venta de la mercancía al importador (con las previsiones necesarias para determinar que dicho precio no se encuentre influido por condiciones de trasferencias internas).

Por su parte, el valor normal de la mercancía se considera como el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. Es decir, se refiere al precio en el que se vende normalmente ese producto o un producto similar, efectuado bajo el mismo nivel comercial, fechas y volumen dentro del país y su mercado interno.

Para determinar el valor normal de la mercancía y el precio real en el que se ofrece un determinado producto dentro del mercado interno del país, es necesario tomar en cuenta las condiciones económicas y comerciales en las que aquel se vende. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando los precios internos están influidos por distintos factores, tales como el control de precios, las subvenciones u otras condiciones que no permitan que se lleven a cabo operaciones comerciales normales?

 

Es justamente aquí donde reside la importancia del cambio de estatus de China de «economía de no mercado» a economía de mercado, ya que cuando los precios internos no responden a condiciones mercantiles y, por consiguiente, a la ley de oferta y demanda, sino a políticas determinadas por el control de una economía centralmente planificada, no puede hacerse una comparación adecuada ni determinarse el valor normal de la mercancía.

Ello permite a los miembros de la OMC actuar en las cuestiones de dumping, estableciendo hasta ahora una metodología distinta a la especificada dentro del artículo VI del GATT. En definitiva, se habilita la utilización de los precios de un tercer país para comparar los precios y formar el valor normal de la mercancía y así determinar el margen de discriminación.

Esta metodología, regida bajo el principio de «economía de no mercado» que permitía la utilización de bienes similares de un tercer país, ha estado vigente para China desde el 12 de diciembre de 2001 hasta el 11 de diciembre de 2016. Una vez transcurridos estos 15 años, dejarán de operar los principios del apartado a-ii del artículo 15, tal como lo establece el apartado d) del mismo artículo. China tendrá un nuevos estatus comercial en la OMC, lo que provocará un cambio de 180 grados en el comercio mundial.

Ahora China deberá manejarse con las mismas reglas de mercado que rigen para todos los miembros de la OMC.

Sin embargo, esta situación resulta engañosa. En primer lugar, porque la excepción realizada hasta ahora no determina que transcurridos los 15 años China vaya a tener el estatus de economía de mercado, sino únicamente que dejará de aplicarse el principio de «economía de no mercado» bajo los supuestos del apartado a-ii. Es decir, que dejarán de atribuírsele tales principios cuando haya demostrado ante aquellos miembros que previamente a su adhesión cuenten en sus legislaciones con criterios de mercado que una rama de producción o un sector determinado se manejan bajo condiciones de mercado.

Los países miembros de la OMC, y entre ellos los de América Latina, tienen la obligación de adecuar su legislación nacional para otorgar jurídicamente ese nuevo estatus a China. México, por ejemplo, bajo el artículo 33 de la Ley de Comercio Exterior, refiere al principio de «economía de no mercado» bajo el concepto de economía centralmente planificada. La situación precedente le permitió hacer uso de tal metodología durante los últimos años para obtener una aproximación más adecuada del margen de discriminación en las demandas de dumping con China. Sin embargo, al transcurrir el periodo señalado por el protocolo de adhesión de China, es normal preguntarse cuál será la vigencia de tales disposiciones.

La OMC estipula que el criterio de país sustituto utilizado por parte de México dejará de aplicarse en las investigaciones de dumping de China previa demostración de la existencia clara de condiciones de mercado en la rama de producción sometida a investigación. Es decir que la carga de la prueba recaerá a partir del 12 de diciembre sobre los productores chinos.

http://nuso.org/articulo/china-economia-de-mercado/

 

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Presencia de chinos en Bolivia (Columna)

Presencia de chinos en Bolivia (Columna)

POR: DEMETRIO REYNOLDS

Para los “populismos autoritarios”, China se quedó en el pasado; no saben que a partir de los años 80 dio un giro espectacular hacia el capitalismo, para no hundirse como los otros. Saben que los negocios son negocios. El dictador chino Den Xiaoping fue quien lanzó la famosa frase de pragmatismo: “No importa el color del gato, con tal de que cace ratones”. No es que han abandonado la doctrina comunista; sólo han puesto por delante la economía; la ideología viene después. No a la inversa, como sucede en Bolivia.

Una de las características de los chinos --en China-- es el respeto a la autoridad y a las normas que rigen su vida pública y privada. Y aquí son otra cosa. Sin mayores detalles, anotamos en seguida algunos casos que publicó la prensa. El cuento chino de las barcazas es antiguo: ¡Quien creyera! Bolivia pagó por adelantado unos 30 millones de dólares, y nunca ha visto las tales barcazas ni los verdes. “Una fiscalía reveló que chinos vendieron maquinaria sobrevaluada y se fueron”; “las empresas chinas maltratan a nuestros obreros y desconocen elementales normas laborales bolivianas”.

Pero la Camce se llevó la flor. No hay muchas en el mundo con sus características. No rechaza nada; tiene la voracidad de un pulpo. Participó en el reparto de una truculenta telenovela nombrando gerente comercial a una joven mujer, la misma que logró amarrar contratos millonarios con el Estado, y, de paso, por casualidad, tuvo un hijo con el jefazo. De estos hechos se desprende una hipótesis: sin el tráfico de influencias ejercida por dicha mujer, no se hubieran firmado los contratos. Pero aunque tantas veces se mencionó a la empresa china, ésta no se dio por aludida. Y la Fiscalía, tan ágil en otros casos, parece que por miedo guarda silencio.

No es menos significativa la presencia de los chinos en otro ámbito. Como se recordará, Morales expulsó a varios organismos norteamericanos, incluso al embajador. Fue su audacia más aplaudida porque –supuestamente-- le asestó un duro golpe al enemigo. Sin embargo, pese a las expulsiones, la sombra fatídica del imperio nunca dejó de perseguirlo, y la soledad no dejó de ser la otra sombra. “Ahora ya no estamos solos”, dijo en estos días después de entrevistarse con un alto funcionario chino.

La alusión despejó las dudas. En la práctica el trueque ha sido un imperio por otro, el del “sol naciente” ha reemplazado al norteamericano. Morales podía hacer suya aquella frase del expresidente Wálter Guevara Arce: “El enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Y es evidente que ninguna potencia va a ninguna parte por generosa. Diríase que con el cuantioso crédito chino (algo así como 10 mil millones de dólares) Bolivia se está poniendo con sus manos un dogal peligroso, sin haber resuelto el problema de la dependencia: “No se trataba de cambiar de amo sino de dejar de ser perro”, como dijo alguien.

El autor es escritor, miembro del PEN Bolivia.
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20161116/columna/presencia-...

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Nuestra palabra: la China en Bolivia

Nuestra palabra, la China en Bolivia

La Plataforma Energética iniciativa impulsada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en un nuevo ciclo, se ratifica como espacio participativo, plural y democrático para compartir y sistematizar información y análisis, generar conocimientos y promover la investigación y el debate público sobre la política energética y, dentro de ella, el futuro de los hidrocarburos, la minería de Bolivia y Latinoamérica.

Presentamos una serie de temas considerados vitales para nuestro país y Latinoamérica, éstos inciden en la política fiscal, la industria extractiva y deuda externa y sus efectos en el futuro de la región. 

A través de este espacio reflexivo buscamos contribuir a la interacción amplia de expertos, centros de investigación, instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales y empresariales.

Por sus objetivos, la Plataforma no pretende atribuirse representación social o sectorial alguna ni tiene la intención de elaborar propuestas de política energética. Sin embargo, los resultados y productos de las investigaciones y el debate son insumos útiles para la evaluación y formulación de políticas por parte de quienes corresponda.

En esta entrega, exhibimos la presencia China en Bolivia en un nuevo contexto de América Latina y el mundo y sus efectos en nuestro medio, los mismos que pasan desde la deuda externa, extractivismo, hasta la violación de derechos laborales.

Si bien hasta fines de los años ochenta y comienzo de los noventa, la presencia de empresas chinas se limitaba a inversiones en el sector gastronómico, actualmente la presencia de capitales, empresas y súbditos chinos se ha acrecentado desmedidamente, sentando presencia en la economía en varios sectores, desde el automotriz, construcción y tecnología industrial, en muchos casos a través de contratos millonarios con el gobierno a nombre del Estado boliviano.

En nuestra comprensión, el interés de China por nuestro país, radica en asegurar más recursos naturales para mantener su industria, en medio de condiciones ventajosas desde la flexibilización laboral y ambiental, teniendo como aliado al gobierno, quien en más de una oportunidad defendió la presencia de capitales chinos.

Desde el CEDLA y la Plataforma Energética, consideramos que todo apunta que las empresas y capital chino, llegaron para quedarse por buen tiempo, buscando acumular grandes ganancias, en una Bolivia que se perfila como territorio libre para la operación de consorcios chinos, con todas las consecuencias de endeudamiento, pérdida de soberanía financiera del país y la violación de la leyes laborales nacionales, derivando a una nueva dependencia del capital transnacional.
Visítanos: www.plataformaenergetica.org

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El Plan de Desarrollo (PDES) 2015-2020: soberanía financiera o subordinación al capital extranjero?

El PDES plantea la continuidad de la política económica de las dos gestiones anteriores del gobierno del MAS. En correspondencia con el objetivo de mantener similares niveles de crecimiento económico, persiste en la generación de excedentes económicos para el Estado, pero en un contexto de caída de las cotizaciones internacionales de las materias primas que exporta el país.

Por ello, aunque afirma que en 2020 la estructura económica debería ser diferente al patrón primario-exportador gracias a la diversificación productiva e industrialización, permitiendo generar ingresos duraderos, propone impulsar nuevos sectores económicos cuya orientación fundamental, sin embargo, sería también la exportación. A pesar de que postula un mayor protagonismo de pequeños productores y economías comunitarias, el plan mantiene la prioridad de los sectores extractivos y de la producción con destino a la exportación.

Entre las principales metas se propone: i) aumentar las reservas de minerales de 313 Toneladas Métricas (Tm) a 1.060 Tm y llegar a industrializar “al menos” el 80% de los concentrados mineros, ii) aumentar las reservas probadas de hidrocarburos de 10,5 Trillones de pies cúbicos (Tcf) de gas a 17,5 Tcf, elevar las reservas de petróleo de 211 millones a 411 millones de barriles, incrementar la producción diaria de gas de 60 a 73 millones de metros cúbicos, aumentar la producción diaria de combustibles a 69 mil barriles, incrementar la producción  de GLP desde las 432.000 Tm a 820.000 Tm, iv) producir 600 mil Tm de Urea al año, v) aumentar la superficie agrícola hasta 4.7 millones de hectáreas, elevar la producción agrícola hasta los 24.3 millones de Tm e incrementar el hato ganadero hasta los 11 millones de cabezas, vi) aumentar la potencia eléctrica efectiva hasta 4.878 megavatios  (MW) y la generación en 2.954 MW, de los cuales el 88% se destinarían a la exportación, y vii) consolidar el Centro de Investigaciones Nucleares, con propósitos médicos y “otros” usos pacíficos. Consecuentemente, se propone construir nuevos ductos de transporte de hidrocarburos (al menos cinco) y nuevas líneas de transmisión eléctrica (4.043 km).

La inversión necesaria para alcanzar esas metas debería subir, como porcentaje del PIB, desde el 21% actual hasta el 24% para el 2020, correspondiendo el 13% a la Inversión Pública y el 11% a la Inversión Privada.

La Inversión Pública alcanzaría los 48.574 millones de dólares en los cinco años; un promedio anual de inversión de 8.095 millones de dólares, muy lejana del promedio de los últimos cinco años fue de 2.977 millones de dólares y el doble de la mayor inversión ejecutada de 4.507 millones de dólares en el 2014.  Como la prioridad de la inversión del Estado seguirían siendo los sectores ligados a la explotación de los recursos naturales y los de infraestructura, se prevé que del total de la Inversión Pública el 56% estará destinado a la inversión en sectores productivos (hidrocarburos, minería, agropecuaria, energía, manufactura, turismo y otros), duplicando su participación respecto a la que tuvieron en el período 2010-2014 con un 33,99%. En cambio, la inversión en sectores de infraestructura caería de 34.6% a 23% y los sectores sociales de 13,06% a 11% y medioambiente y agua de 18,36% a 10%.

Lo más destacable de esas previsiones es, sin embargo, que como el mismo PDES estima que el Ahorro Nacional Bruto caería —por efecto de la reducción de los precios de las materias primas de exportación— desde el 20% actual a sólo el 16% para 2020, la Inversión Extranjera Directa (IED) debería duplicarse en este período respecto al nivel de los últimos cinco años, alcanzando un valor equivalente al 8% del PIB en el año 2020.

Asimismo, se debe tomar en cuenta que en la composición por origen de los recursos para la Inversión Pública, se produciría un cambio importante: mientras en los últimos cinco años las fuentes internas constituyeron el 75% del total, en el período 2015-2020 bajarían su participación a sólo 55%. El restante 45% de la Inversión Pública provendría de fuentes externas: 39% de organismos internacionales y de gobiernos extranjeros y 6% de otras fuentes externas como, por ejemplo, de las empresas que se adjudiquen proyectos de infraestructura y productivos.

En consecuencia, la Deuda Pública Total se incrementaría desde el actual nivel de 25% del PIB hasta un 39% del PIB para el año 2020; en términos absolutos la deuda subiría aproximadamente en 10.000 millones de dólares.

Curiosamente, el PDES denomina a esta política “soberanía financiera”, aunque queda claro que lo que en realidad postula es la exacerbación la presencia hegemónica del capital transnacional en la economía,  que ha agudizado el carácter rentista de la economía y del Estado.

La década de gestión económica del gobierno del MAS no planteó la ruptura con el capital imperialista para desarrollar el país, sino que intentó armonizar sus intereses con los de la economía estatal y de la economía comunitaria, supuestamente para construir un nuevo tipo de economía “socialista”. La “nacionalización” no fue  más allá de una reforma tributaria que, mientras duró el ciclo de precios altos de los commodities, permitió la generación de elevadas rentas fiscales para financiar políticas populistas de redistribución; no significó la expulsión de la inversión extranjera, sino más bien su permanencia bajo nuevas condiciones, pero sin cuestionar su presencia hegemónica. El gobierno desde un principio le garantizó su presencia, llegando a otorgarle incentivos y ventajas para cumplir el objetivo gubernamental de obtención de más ingresos fiscales [1], situación que se agudizó debido a la caída de los precios de las materias primas.

En conclusión, la orientación de la política económica del gobierno de Evo Morales, no sólo permitió la permanencia del capital transnacional como socio del Estado sino que, en la perspectiva señalada por el PDES para el período 2015-2020, profundizará la dependencia de la economía nacional de las vicisitudes del capital a nivel mundial. Es bien sabido que en períodos de crisis el capitalismo, enfrentado a la falta de oportunidades para invertir las enormes sumas de dinero que permanecen sin valorizarse, amplía y refuerza sus acciones dirigidas a contrarrestar la caída de la tasa de ganancia, entre ellas el incremento de exportación de manufacturas, la búsqueda de materias primas para rebajar los costos del capital constante y la ampliación del crédito a países extranjeros.

En este sentido, el gobierno autodenominado “socialista”, no sólo continúa con la tarea de consolidación de una economía capitalista atrasada basada en el saqueo de los recursos naturales y la explotación feroz de la fuerza de trabajo, sino que al abrir indiscriminadamente la economía al arribo de capitales provenientes de las grandes potencias, contribuye al salvataje del capitalismo en crisis.

 

[1] Los más destacables: incentivo petrolero de 30 dólares adicionales por barril de petróleo desde 2012 e incentivos incrementados hasta 55 dólares por barril y para la producción de condensado, aprobados por la Ley para la Promoción de Inversión Hidrocarburífera de 2015.

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Más dependencia, menos desarrollo ¿Quién gana con los megaproyectos en Bolivia?

La inversión de recursos para infraestructura resulta de importancia económica y social, las políticas públicas que tendrían que dirigir esfuerzos importantes a la satisfacción de necesidades sociales de servicios de saneamiento, transporte, educación, producción y energía para las poblaciones, históricamente no son diseñadas para que el mayor porcentaje de inversiones lleguen a esos sectores. Grandes proyectos de infraestructura e industriales resultan promovidos y planificados en el país bajo el argumento de “desarrollo”, “salto industrial” y el objetivo de mantener el crecimiento económico, la competitividad, la creación de empleo y la reducción de la pobreza o con la justificación de necesidad de renta para la inversión social. Es así que las políticas públicas y los discursos gubernamentales se concentran en promocionar las mayores inversiones del Estado que se dirigen a proyectos de construcción de carreteras destinadas al comercio internacional, ferrocarriles bioceánicos, centrales hidroeléctricas para la exportación de electricidad y plantas industriales justificadas a partir del potenciamiento del mercado.

El paquete anunciado de financiamiento chino de 7500 millones de dólares para megaproyectos de transporte, hidroeléctricas, riego y plantas industriales, que llegaría a tener un gran impacto en la deuda de Bolivia; los programas de apoyo al sector transporte de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que consolidan hasta ahora a este banco como el principal acreedor del país y los principales préstamos del Bando Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se concentran en proyectos de infraestructura a gran escala como parte esencial de la planificación del desarrollo de Bolivia.

Qué significa en realidad un “megaproyecto”?

Resultado de algunos estudios, se ha propuesto las “seis C” como herramienta teórica para intentar identificar dichos proyectos. En base a algunas de sus características más visibles, se señala que se trata de obras: colosales en tamaño y alcance; cautivadoras por los retos en ingeniería que suponen y su anti esteticismo; costosas, generalmente con costos superiores a los proyectados; controversiales; complejas y con problemas de control” [1]. No se trata de emprendimientos aislados, en los hechos constituyen una red logística y de ocupación territorial que significa la transformación del espacio y un profundo reordenamiento involucrando la modificación de las relaciones existentes, nuevos actores y dinámicas en las relaciones económicas, sociales y culturales.

Deuda, inversiones y megaproyectos en tiempos de bonanza y crisis

Desde finales del siglo XX y principios del XXI, nos encontramos en un periodo de explotación de la naturaleza que no ha tenido precedentes. La demanda creciente proveniente principalmente de los países emergentes, en particular China e India, el crecimiento de la población mundial y el desarrollo tecnológico han generado la explotación masiva de recursos naturales para su incorporación en los mercados internacionales en un contexto de elevados precios de materias primas. Sectores como la minería y el petróleo, forestal y el agro-negocio, han estado en una etapa de permanente crecimiento acompañados de cuantiosas inversiones en grandes proyectos de infraestructura ejecutados con el fin de sustentar el mercado y el crecimiento de la economía global.

Grandes obras que en general han mantenido la dependencia del financiamiento externo para su ejecución, y enfocadas en la expansión del mercado y la libre circulación de mercaderías y capitales. A través de estas obras, los territorios han resultado intervenidos para el acceso y explotación de recursos cada vez más escasos y para la interconexión de estas regiones con los centros mundiales de producción industrial, constituyendo a su vez nuevos mercados para esa producción. Las promesas usualmente fueron la creación de nuevos puestos de trabajo que probablemente fueron creados, pero no entre los trabajadores industriales sino en servicios y comercio.

Sin embargo, en los últimos años el panorama mundial ha cambiado, el "crecimiento" prometido no es el mismo para todos y menos aún sostenible, si bien China sigue creciendo a un ritmo más lento, los países latinoamericanos ya están sufriendo los efectos del proceso de reprimarización de sus economías y escaso desarrollo industrial del periodo de auge de los precios de las materias primas. Los primeros afectados resultan los trabajadores que rápidamente ven reducidos sus ingresos y fuentes de trabajo. 

Nos encontramos en un escenario de contracción de la economía mundial, reducción del volumen del comercio regional, disminución en los precios de las materias primas, incertidumbre en relación al desarrollo de las condiciones comerciales y financieras internacionales y disponibilidad de recursos, que están llevando a estrategias y acciones definidas como "colectivas", es decir, que deben adoptar “todos” los países para sostener la demanda mundial.

Las mayores economías del mundo reunidas en el G-20 [2] junto al Grupo del Banco Mundial (GBM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD) establecieron y se encuentran liderando desde el año 2014, medidas para combatir el estancamiento de la economía global, promover el crecimiento del G-20, impulsar en 2,1% su PIB hasta el 2018 y crear millones de puestos de trabajo. Estas decisiones que afectan las relaciones con los países en desarrollo, involucra entre sus mayores prioridades fortalecer el sector de infraestructura y concretar cuantiosas inversiones reuniendo a inversores y a promotores de grandes proyectos en todo el mundo. El año 2015, definieron que deben invertirse adicionalmente 1 billón de dólares al año hasta el 2020 en el impulso al desarrollo de infraestructuras como motor del crecimiento y el comercio internacional, destacando la importancia de la participación privada y subrayando la necesidad de facilitación y crecimiento del comercio a partir de medidas que simplifiquen y reduzcan los costos.

Este retorno poco visible de las instituciones pilares de la ideología neoliberal del Consenso de Washington (FMI; BM) se va fortaleciendo gradualmente sustentado en el “financiamiento al desarrollo” que establece “cerrar la brecha en infraestructura” como factor clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De esta manera, el rápido avance de la estrategia definida por el G-20 se consolida y asumida globalmente. Los países desarrollados, el sector financiero internacional y las mayores corporaciones del mundo van avanzando para que los países en vías de desarrollo que forman parte del G-77 (que actualmente incluye a 134 países principalmente de Centro y Sud América y de África), del que es parte Bolivia, acepten las recomendaciones para enfrentar la disminución de la demanda mundial y la crisis del sistema capitalista.

Es evidente que se avecina un nuevo ciclo de endeudamiento que en los hechos ya ha sido anunciado por el gobierno boliviano, vivimos la emergencia de nuevos actores, como los bancos y empresas chinas, emerge el financiamiento de India y Rusia junto a mayor protagonismo de actores tradicionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento, involucrados en el crecimiento de la deuda pública de los últimos años y en particular en la constitución de nuevos marcos regulatorios, flexibilización de normas de contratación pública y ambientales, promoción e incentivos a la inversión extranjera y circulación del capital.

Nuevos instrumentos de financiamiento son creados rápidamente por la banca multilateral y están orientados en: a) apoyar a gobiernos para que ofrezcan al mercado “proyectos bien preparados y viables” para las inversiones público-privadas, b) apoyar en la definición de prioridades de inversión, reformas legales y administrativas para la participación del sector privado, c) evaluar la factibilidad de las inversiones y la factibilidad de estructuración de las Asociaciones Público Privadas (APP), d) diseñar e implementar las transacciones y e) financiar proyectos, que  responden esencialmente a una estrategia que pretende dar respuesta a la crisis con la generación de mejores condiciones para las inversiones privadas en función del interés del capital transnacional y buscando recuperar la drástica caída a nivel mundial de inversiones en infraestructura.

El beneficio de los megaproyectos

Es innegable que el discurso de “desarrollo” a partir de mega-inversiones asentado en la promoción del consumo intensivo y explotación insustentable de recursos encuentra gran receptividad en la sociedad boliviana, no solo de grupos económicos y de poder, sino también en los sectores de bajos ingresos quienes mantienen las expectativas de que las grandes inversiones del Estado se conviertan en empleos y fuente de ingresos.

Sin embargo, los megaproyectos resultan de una dinámica e interrelación de actores e impulsores que intervienen en diferentes escalas y tiempos para garantizar sus intereses.

Por una parte, la banca multilateral y bilateral continúa con la imposición de prioridades con implicancias que superan el financiamiento llegando a definir políticas y el sustento discursivo que las acompañan. El negocio de la consultoría es en general poco visibilizado, en muchos casos con resultados escasos en términos de profundidad de estudios y en particular en términos de veracidad sobre las expectativas de desarrollo que generaría un determinado proyecto; los consorcios internacionales de la construcción, que se adjudican los más grandes proyectos del país en muchos casos en cuestionados y poco transparentes procesos, y que movilizan un amplio sector industrial en sus respectivos países, resultan entre los receptores de los beneficios inmediatos. En conjunto constituyen parte del sistema que funciona para garantizar la expansión acelerada del capital en la región, promoviendo la competitividad de las empresas especializadas en la explotación de materias primas y las ganancias del capital transnacional asegurándose el acceso presente y futuro a recursos naturales a partir de la red logística de infraestructura y las facilidades regulatorias.    

Estas políticas e inversiones sustentadas en las necesidades de producción de renta y facilitación del comercio internacional, en muchos casos significan la transferencia de externalidades e impactos negativos a la mayoría de la población, antes que la generación real de beneficios. Es así, que evidenciamos la rápida expansión de periferias urbanas empobrecidas y el desarrollo de ciudades intermedias, receptoras de la población migrante del área rural que está siendo desplazada por grandes proyectos de transporte, hidrocarburos y minería, agroindustria de exportación o por las precarias perspectivas y condiciones de vida resultado de la continuidad de políticas que se rigen a las normas del mercado, establecidas en el período neoliberal.

 

[1] K. T. Frick,  en <http://waset.org/publications/8231/mega-projects-andgovernmentality>

[2] El G20 está formado por un grupo de países que constituyen las veinte mayores economías mundiales. Está compuesto por 19 países (Argentina, Australia, Brasil, Reino Unido, Alemania, la India, Indonesia, Italia, Canadá, China, México, Corea del sur, Rusia, Arabia Saudita, Estados Unidos, Turquía, Francia, Sudáfrica, Japón y la Unión Europea como bloque económico. Participan también de las mesas de discusión -aunque sin voto- los principales organismos multilaterales, como el FMI, el Banco Mundial, la ONU y la OIT. Los miembros del G-20 cuentan con más del 80% del PIB mundial, el 80% del comercio internacional y dos tercios de la población mundial.

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SINOHYDRO: LA MUESTRA DEL DRAGÓN CHINO Y SU PASO POR BOLIVIA

Entre abusos laborales y grandes contratos

SINOHYDRO: LA MUESTRA DEL DRAGÓN CHINO Y SU PASO POR BOLIVIA

Por: CEDLA

En los últimos cinco años, es notorio el incremento de empresas chinas en Bolivia a través de contratos millonarios suscritos con el Estado boliviano, en un escenario de apertura a estas empresas para la ejecución de un significativo número de obras públicas.

Empresas y consorcios como: Sinohydro, CAMC Engineering CO. LTD. Bolivia Branch, Railway y Sinosteel están actualmente a cargo de la construcción de carreteras, la planta hidroeléctrica de San José, la instalación de una planta industrial de azúcar en San Buenaventura, la instalación de la planta Industrial de Sales de Potasio, el montaje de la planta siderúrgica de El Mutún y la construcción de ferrovías y puentes, entre las obras más importantes. Llama la atención que alguna de las compañías chinas observada como CAMC Engineering CO. LTD, hubiera sido contratada para la ejecución de varias obras públicas (ocho) dejando de lado otras propuestas.

La lucha de los obreros bolivianos en dos proyectos a cargo de la empresa china Sinohydro en Bolivia puso al descubierto que los derechos laborales no son cumplidos por esta firma, creando conflictos sociales que no acaban de resolverse por la débil institucionalidad del gobierno actual.

CRISIS Y EXPANSIÓN CHINA

El dinamismo de su crecimiento económico se ha traducido en una participación cada vez mayor en el comercio global, las corrientes de inversión directa y las fuentes del financiamiento internacional. Así, en busca de materias primas, energía y mercados de exportación, China sigue una estrategia sistémica e integral buscando beneficios para promover el crecimiento y la estabilidad de su economía, con políticas de largo plazo, mecanismos de competencia y de mercado, además de una compleja relación entre el sector público y privado. Todo esto bajo control directo e indirecto del gobierno central y los gobiernos provinciales, sea por la vía de la propiedad o mediante incentivos y múltiples políticas e “instituciones transicionales”.

Entre 2005 y 2013, China otorgó a América Latina y el Caribe (ALC), 102.200 millones de dólares en préstamos, sin contar las multimillonarias inversiones en los sectores energético y minero que ascendieron a 346.700 y 171.000 millones de dólares respectivamente en ese mismo período. Más de la mitad de los préstamos fueron dirigidos a proyectos de infraestructura, además de las áreas energética y minera.

En ocasión del primer foro ministerial entre China y los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-CELAC en 2015, el primer mandatario asiático manifestó la intención de su país de invertir 250.000 millones de dólares en la región durante la próxima década. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, el Banco Central de China anunció el establecimiento de un fondo de inversión de 10.000 millones de dólares para la cooperación bilateral con la región latinoamericana, en ámbitos de alta tecnología, energía, minería y proyectos de infraestructura. Todo indica que ALC se ha convertido en un socio comercial privilegiado para la implementación de su estrategia de largo plazo.

No obstante, el dinero chino llega con sus propias condiciones. Junto con los pagos de altos intereses, se exige que nuestros países utilicen compañías, materiales, tecnología y hasta mano de obra china en la ejecución de los proyectos que financian por medio de préstamos.

PRESENCIA CHINA EN BOLIVIA

En la región, Bolivia es uno de los países que recibe menos inversiones chinas, pero la banca estatal de ese país asiático se ha convertido en la mayor fuente de recursos crediticios en los últimos años. Este financiamiento tiene como destino principal a la ejecución de proyectos en las áreas de tecnología (satélite espacial), transporte militar (aviones, helicópteros), telecomunicaciones, construcción de carreteras y ferrocarriles, energía eléctrica, agroindustria, vivienda, entre otros.

Su rápido y constante aumento numérico tiene que ver con la prestación de servicios o ejecución de proyectos que son financiados tanto por la banca estatal de ese país (China Export and Import Bank-Eximbank y el Banco de Desarrollo de China-CDB), como con recursos fiscales que provienen de los impuestos de los bolivianos (TGN) y de otras fuentes de préstamo (CAF, BID, FONPLATA, etc.). Es decir, que más allá se las condicionalidades de los préstamos de la banca china para encargar las obras a sus empresas públicas y privadas, éstas se benefician de la ejecución de grandes proyectos financiados con recursos propios del país y de otras fuentes.

Recientemente, el Embajador de la República Popular de China, destacó que su país es actualmente la principal fuente de recursos de crédito para Bolivia y ratificó la concesión de un nuevo préstamo millonario de 7.500 millones de dólares para un paquete de proyectos, anunciado tiempo atrás por el gobierno nacional. A continuación reveló que la gente no conoce que ésta es solo la primera etapa y que habrá una segunda y tercera etapas “podrían ser cuarenta mil millones de dólares de préstamo para más proyectos”.

El presidente Evo Morales instruyó que por la importancia de estos créditos, se conforme un equipo especial en Bolivia a cargo de los ministerios de economía y de planificación, así como otro pequeño pero decisivo equipo en China que haga conocer la información sobre las convocatorias a proyectos para que las empresas de ese país presenten sus propuestas.

Las empresas chinas ejecutan en Bolivia alrededor de 2.000 millones de dólares en esos proyectos, un equivalente al 6% del PIB del país. Esta cifra se convertirá en 9.500 millones de dólares, cuando se haga efectivo el préstamo de 7.500 millones obtenido por Bolivia en el China Eximbank, que el Gobierno solo puede gastar, a través de empresas de esta nacionalidad.

En 2015 se procedió a la creación de la Cámara de Empresas Chinas en Bolivia con la participación inicial de 40 empresas. La Cámara funciona bajo la dirección de la Embajada china y la orientación de la Oficina del Consejero Económico y Comercial de la Embajada (El Deber, 2015). Actualmente, según su embajador, en Bolivia operan más de 100 empresas chinas, tanto públicas como privadas, en diferentes proyectos.

A pesar de este ascenso de la presencia de China en el país, no existe un acuerdo marco que regule las relaciones bilaterales. Según el ministro de planificación, el último acuerdo fue suscrito hace 30 años (1986) y nunca fue actualizado; anunció que está en curso la elaboración de uno nuevo que buscará “concretar importantes créditos para el país, así como profundizar las relaciones bilaterales, en el marco de la solidaridad y complementariedad mutua, pero sobre todo, del principio de soberanía financiera”. Mientras tanto, ni las empresas chinas que ejecutan proyectos en el país, ni las instituciones nacionales cumplen un rol en la necesaria tarea de hacer cumplir las normas vigentes –locales e internacionales– en materia laboral, social e incluso ambiental.

SINOHYDRO GRAN EMPRESA ESTATAL CHINA

La empresa estatal china Sinohydro fue fundada a inicios de la década de los años 50 como contratista para proyectos hidroeléctricos públicos. Forma parte de las siete empresas estatales más importantes del sector de construcción, consideradas como “vanguardia” de los proyectos de ayuda exterior de China, entre los años 1950 y 1960. Fue una de las primeras en beneficiarse de la “política de salida” o “política hacia afuera” del gobierno que permitió que las empresas constructoras aumentaran su participación en el mercado mundial. En 2002 la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) informaba sobre la conformación de Sinohydro Corporation Limited como resultado de la reestructuración de las unidades de energía hidroeléctrica y de ingeniería de la ex Secretaría de Energía y el Ministerio de Electricidad e Industria, actualmente opera bajo el control de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatal-SASAC. En 2011, se fusionó con otras 58 empresas de suministro provinciales para formar la Power Construction Corporation of China (China Power). Desde entonces, Sinohydro se convirtió en la marca insignia de los negocios internacionales de esta corporación.

Según la ICM, es una de las empresas con mayores conflictos en el tratamiento de las negociaciones laborales a nivel mundial y existen múltiples evidencias de que no respeta las leyes laborales ni las normas de seguridad y salud en el trabajo, de los países donde presta servicios. También existe una fuerte crítica de diversos grupos de la sociedad civil y activistas ambientales internacionales que rechazan la devastación del medio ambiente y la reubicación forzosa de comunidades locales como consecuencia de la construcción de represas, así como la falta de transparencia y de consulta sobre el impacto social y medioambiental en los que incurre la empresa, en las mega construcciones que viene ejecutando.

LA SINOHYDRO EN AMÉRICA LATINA Y EN BOLIVIA

El ingreso de la Sinohydro en América Latina se consolida a finales de 2008, momento en el que estalla la crisis financiera mundial y donde la gigante asiática encuentra un nuevo mercado potencial e incursiona en países como Honduras, Costa Rica, Belice, Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia, ejecutando importantes proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, agrícolas y de comunicaciones, entre otros.

Sinohydro llega a Bolivia a finales de 2012 con la firma de un memorándum de entendimiento con el gobierno boliviano a través del Ministerio de Hidrocarburos y la Empresa Nacional de Electricidad-ENDE para agilizar el proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza en el norte amazónico del país. Este memorándum se firmó mientras la Sinohydro, que estaba a cargo de la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair en Ecuador, enfrentaba diez denuncias en la Fiscalía General de ese país y en siete juzgados civiles y laborales de Pichincha, acusada de presunto delito de peculado, incumplimiento de pagos a una empresa subcontratista, e incumplimiento en el pago de haberes e indemnizaciones laborales.

A pesar de que las irregularidades de la empresa Sinohydro fueron dadas a conocer a las autoridades nacionales bolivianas, a la fecha esta empresa tiene cuatro contratos con el gobierno de Evo Morales, todos a través de licitación pública internacional. El primer contrato data de abril de 2014 y corresponde a la construcción de la doble vía Puente Ichilo-Ivirgarzama en sus dos tramos: tramo I Puente Ichilo – Puente Mamorecito y tramo II Puente Mamorecito-Ivirgarzama ($us 144 millones), firmado con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Es precisamente, durante la ejecución de esta obra que se dieron a conocer las denuncias de los trabajadores bolivianos por la violación de sus derechos laborales y malos tratos por parte de la empresa.

El segundo contrato fue firmado en junio de 2014 entre Sinohydro –en asociación accidental con la empresa CBI– y la Empresa Nacional de Electricidad-ENDE a través de la nacionalizada Corani S.A. para la “Construcción de obras civiles, red vial, regulación y conducción” del proyecto hidroeléctrico San José (corresponde al segundo contrato de los cuatro que forman parte del Proyecto Hidroeléctrico San José) ($us 124,1 millones), donde también se han registrado denuncias de los trabajadores por las mismas razones anotadas en el caso de la construcción de la doble vía Puente Ichilo-Ivirgarzama. El tercer contrato fue firmado en septiembre de 2015 entre Sinohydro y la estatal ABC para la construcción del tramo “Padilla-El Salto” ($us 89,6 millones).

Finalmente, en noviembre de 2015 se firmó el millonario contrato para el diseño y construcción de la sección central de la carretera “El Sillar” bajo la figura de contrato “llave en mano” –donde la empresa tiene a su cargo los estudios técnicos, el diseño y la ejecución de la obra– con una modalidad de financiamiento gestionada por el proponente ($us 426,1 millones). Llama la atención que la firma del contrato se hubiera hecho efectiva a pesar de las denuncias presentadas ante el Ministerio de Obras Públicas y la ABC por la adulteración de datos y documentos de un miembro del equipo de profesionales en un formulario que tiene valor de declaración jurada. Según el documento base de contratación, esta irregularidad llevaría a la descalificación de la propuesta presentada y el posterior cobro de la boleta de seriedad (1% del monto económico propuesto), algo que no sucedió en este caso. Esto sugiere la existencia de anomalías en el proceso de adjudicación y posterior firma del contrato con Sinohydro.

“NOS CHUPAN LA SANGRE”, PROTESTAN LOS OBREROS

En marzo de 2015, los obreros del proyecto carretero doble vía Ichilo- Ivirgarzama a cargo de Sinohydro, comenzaron una larga lucha en demanda del cumplimiento de la legislación laboral boliviana, tras 10 acercamientos infructuosos con esta compañía y no obstante la intervención de la Dirección Departamental del Trabajo de Cochabamba.

En julio del mismo año, los obreros del Sindicato de Trabajadores en Construcción Libertad (uno de los campamentos instalados), declararon el primer paro indefinido denunciando la violación de sus derechos y demandando la atención de un pliego de peticiones de 19 puntos, que expresa los múltiples problemas que enfrentan y la extrema precariedad de las condiciones en las que trabajan.

Las demandas llegaron a la Confederación de Trabajadores de la Construcción de Bolivia a la que está afiliado el sindicato, entidad que convocó a un ampliado nacional en la ciudad de La Paz. Las decisiones de este ampliado no fueron dadas a conocer públicamente.

El paro prontamente fue levantado gracias a la firma de un acta de entendimiento entre los trabajadores y la empresa Sinohydro para atender el pliego petitorio. El compromiso no fue cumplido por la compañía, provocando un segundo paro de los trabajadores en el mes de octubre, que generó una reacción violenta de la empresa. En efecto, los huelguistas fueron agredidos por ejecutivos chinos con una pala cargadora cuando se encontraban en vigilia en el campamento, a la espera del resultado de una audiencia que se realizaba en la Jefatura de Trabajo de Cochabamba.

Una nueva huelga fue declarada en noviembre de 2015. Esta vez con el bloqueo de la carretera en cercanías del campamento de Entre Ríos (Chapare). La empresa no solo incumplió el acuerdo, sino que procedió al despido injustificado de varios trabajadores. Luego de aproximadamente 10 días de paro y movilizaciones, los trabajadores suspendieron las medidas, tras un nuevo compromiso de la empresa para cumplir con todas las demandas laborales, reproduciéndose el círculo vicioso de manejo del conflicto iniciado en el mes de marzo.

Un año después de iniciado el conflicto, el 13 de enero de 2016, los trabajadores declararon el cuarto paro con carácter escalonado, exigiendo el cumplimiento de las demandas pendientes del pliego petitorio. Un día después, el Ministerio de Trabajo envió una carta a la Cancillería solicitando que interponga las acciones pertinentes para promover una reunión con la Embajada Popular de China en Bolivia y el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de analizar los conflictos laborales de las empresas chinas CAMC, Sinohydro y Sinohidro-CBI y lograr algunas directrices, dirigidas al cumplimiento de la normativa laboral vigente en el país.

La huelga fue levantada, pero algunos días después, los obreros de la empresa declararon un nuevo paro (el quinto) esta vez con carácter indefinido y al que posteriormente se plegaron más de 700 familias de las comunidades afectadas por la construcción del tramo Ivirgarzama-Ichilo en reclamo por el incumplimiento de la indemnización ofrecida por parte de la ABC y la empresa, por la cesión de sus terrenos para la construcción de la carretera. Un representante de Sinohydro advirtió con aplicar sanciones además de calificar la huelga como “ilegal”, porque su declaración no habría seguido el procedimiento fijado por ley.

El primer día de febrero de 2016, una delegación de trabajadores arribó a la ciudad de La Paz con el objetivo de presentar su queja ante el Ministerio de Trabajo, pretensión que no tuvo lugar a causa de una reunión fallida que develó el poco o ningún interés de esta cartera de Estado para atender sus demandas. El 3 de febrero se habría efectuado la reunión solicitada por el Ministerio de Trabajo, con la Cancillería y funcionarios de la embajada china. Los representantes de las empresas en conflicto tuvieron algunos minutos para exponer sus análisis sobre los conflictos laborales. Los grandes ausentes fueron los representantes de los trabajadores.

El 12 de febrero, luego de 22 días del quinto paro, los trabajadores llegaron a un acuerdo con la empresa que determina: i) la conformación de mesas de trabajo para buscar resolver las demandas; ii) el compromiso de los trabajadores para trabajar dos horas diarias adicionales para reponer el tiempo perdido en la construcción de la obra y, iii) el compromiso de la empresa de no aplicar descuentos por los días de paro.

Luego de tantos acuerdos incumplidos, queda la duda sobre la resolución de las legítimas demandas de los trabajadores por medio de estos mecanismos, sobre todo cuando la voluntad estatal no está de su lado.

La larga lucha de los obreros de la empresa Sinohydro, por cambios sustanciales en sus condiciones precarias de trabajo y por el cumplimiento de la legislación laboral vigente, desnudó el pisoteo de las normas bolivianas por parte de esta compañía extranjera que sistemáticamente se negó a acatar las disposiciones nacionales frente a la inercia del Ministerio de Trabajo que incumplió su rol constitucional y aquel establecido por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo.

INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES LABORALES BOLIVIANAS

En el modelo de contrato establecido por la ABC para el proyecto de “Construcción de la Doble vía Ichilo-Ivirgarzama”, obra adjudicada a la empresa Sinohydro, la cláusula décima quinta (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES) dispone: “El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS.

Además, el modelo de contrato contempla la obligación de la empresa de brindar un seguro “contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente” a favor de los trabajadores (cláusula trigésima cuarta), considerando los riesgos laborales que implica la construcción de la obra.

En el Documento Base de Contratación-DBC, no se otorga ningún tratamiento preferencial en materia laboral a favor de las empresas extranjeras y éstas tampoco tienen la posibilidad de transferir la responsabilidad por el cumplimiento de leyes laborales a la entidad pública contratante. Esto significa que cualquier empresa contratada por la ABC, está obligada al cumplimiento de las disposiciones laborales y de las actas de entendimiento o acuerdos suscritos, bajo la fiscalización del Ministerio de Trabajo como cabeza de sector; sin embargo, pese a ello, las vulneraciones más constantes son: inexistencia de contratos de trabajo escritos, largas jornadas de trabajo y horas extras sin pago, sin seguro de salud, insuficientes medidas de seguridad ocupacional,  salarios arbitrariamente afectados, violencia física y psicológica, despidos injustificados, incumplimiento de normas de seguridad industrial y la descalificación de los dirigentes sindicales.

Además de incumplir las normas laborales bolivianas, Sinohydro incumplió varios convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo-OIT que fueron ratificados por China y Bolivia. Al ser ratificados, los convenios se convierten en leyes nacionales que deben ser cumplidas.

Entretanto estremece el silencio cómplice de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y la inoperancia del Ministerio de Trabajo, que no parecen tener en mente la necesidad de velar por la existencia de condiciones laborales dignas, en los millonarios proyectos que ejecutan las empresas chinas, como muestra el caso analizado y otros similares. A futuro, la inversión pública seguirá asentada en la contratación de nueva deuda con la banca internacional con un creciente predominio de la banca china, en medio de condiciones que se construyen a partir de sus propias necesidades y de las debilidades institucionales del país para fiscalizar, actualizar y hacer cumplir las leyes laborales y sociales que se establecen en los contratos entre las partes.

La experiencia enseña que las prácticas de explotación laboral se han instalado en el país desde la década de los noventa bajo la influencia de los grandes capitales –nacionales, extranjeros y mixtos–. En consecuencia, en este nuevo escenario, no solo hace falta evaluar los impactos directos de la presencia de empresas ejecutoras chinas sobre las condiciones laborales, mediante el seguimiento permanente del comportamiento del empleo, los salarios y otras condiciones de trabajo, sino también enfrentar las consecuencias negativas de la violación de derechos laborales. Esto no significa otra cosa que resolver oportuna y eficazmente los conflictos laborales y/o sociales que se presentan, actuando en consecuencia con las prerrogativas que otorgan las leyes nacionales o mediante la adopción de nuevos instrumentos regulatorios con ese mismo fin.

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