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El Plan de Desarrollo (PDES) 2015-2020: soberanía financiera o subordinación al capital extranjero?

 

El PDES plantea la continuidad de la política económica de las dos gestiones anteriores del gobierno del MAS. En correspondencia con el objetivo de mantener similares niveles de crecimiento económico, persiste en la generación de excedentes económicos para el Estado, pero en un contexto de caída de las cotizaciones internacionales de las materias primas que exporta el país.

Por ello, aunque afirma que en 2020 la estructura económica debería ser diferente al patrón primario-exportador gracias a la diversificación productiva e industrialización, permitiendo generar ingresos duraderos, propone impulsar nuevos sectores económicos cuya orientación fundamental, sin embargo, sería también la exportación. A pesar de que postula un mayor protagonismo de pequeños productores y economías comunitarias, el plan mantiene la prioridad de los sectores extractivos y de la producción con destino a la exportación.

Entre las principales metas se propone: i) aumentar las reservas de minerales de 313 Toneladas Métricas (Tm) a 1.060 Tm y llegar a industrializar “al menos” el 80% de los concentrados mineros, ii) aumentar las reservas probadas de hidrocarburos de 10,5 Trillones de pies cúbicos (Tcf) de gas a 17,5 Tcf, elevar las reservas de petróleo de 211 millones a 411 millones de barriles, incrementar la producción diaria de gas de 60 a 73 millones de metros cúbicos, aumentar la producción diaria de combustibles a 69 mil barriles, incrementar la producción  de GLP desde las 432.000 Tm a 820.000 Tm, iv) producir 600 mil Tm de Urea al año, v) aumentar la superficie agrícola hasta 4.7 millones de hectáreas, elevar la producción agrícola hasta los 24.3 millones de Tm e incrementar el hato ganadero hasta los 11 millones de cabezas, vi) aumentar la potencia eléctrica efectiva hasta 4.878 megavatios  (MW) y la generación en 2.954 MW, de los cuales el 88% se destinarían a la exportación, y vii) consolidar el Centro de Investigaciones Nucleares, con propósitos médicos y “otros” usos pacíficos. Consecuentemente, se propone construir nuevos ductos de transporte de hidrocarburos (al menos cinco) y nuevas líneas de transmisión eléctrica (4.043 km).

La inversión necesaria para alcanzar esas metas debería subir, como porcentaje del PIB, desde el 21% actual hasta el 24% para el 2020, correspondiendo el 13% a la Inversión Pública y el 11% a la Inversión Privada.

La Inversión Pública alcanzaría los 48.574 millones de dólares en los cinco años; un promedio anual de inversión de 8.095 millones de dólares, muy lejana del promedio de los últimos cinco años fue de 2.977 millones de dólares y el doble de la mayor inversión ejecutada de 4.507 millones de dólares en el 2014.  Como la prioridad de la inversión del Estado seguirían siendo los sectores ligados a la explotación de los recursos naturales y los de infraestructura, se prevé que del total de la Inversión Pública el 56% estará destinado a la inversión en sectores productivos (hidrocarburos, minería, agropecuaria, energía, manufactura, turismo y otros), duplicando su participación respecto a la que tuvieron en el período 2010-2014 con un 33,99%. En cambio, la inversión en sectores de infraestructura caería de 34.6% a 23% y los sectores sociales de 13,06% a 11% y medioambiente y agua de 18,36% a 10%.

Lo más destacable de esas previsiones es, sin embargo, que como el mismo PDES estima que el Ahorro Nacional Bruto caería —por efecto de la reducción de los precios de las materias primas de exportación— desde el 20% actual a sólo el 16% para 2020, la Inversión Extranjera Directa (IED) debería duplicarse en este período respecto al nivel de los últimos cinco años, alcanzando un valor equivalente al 8% del PIB en el año 2020.

Asimismo, se debe tomar en cuenta que en la composición por origen de los recursos para la Inversión Pública, se produciría un cambio importante: mientras en los últimos cinco años las fuentes internas constituyeron el 75% del total, en el período 2015-2020 bajarían su participación a sólo 55%. El restante 45% de la Inversión Pública provendría de fuentes externas: 39% de organismos internacionales y de gobiernos extranjeros y 6% de otras fuentes externas como, por ejemplo, de las empresas que se adjudiquen proyectos de infraestructura y productivos.

En consecuencia, la Deuda Pública Total se incrementaría desde el actual nivel de 25% del PIB hasta un 39% del PIB para el año 2020; en términos absolutos la deuda subiría aproximadamente en 10.000 millones de dólares.

Curiosamente, el PDES denomina a esta política “soberanía financiera”, aunque queda claro que lo que en realidad postula es la exacerbación la presencia hegemónica del capital transnacional en la economía,  que ha agudizado el carácter rentista de la economía y del Estado.

La década de gestión económica del gobierno del MAS no planteó la ruptura con el capital imperialista para desarrollar el país, sino que intentó armonizar sus intereses con los de la economía estatal y de la economía comunitaria, supuestamente para construir un nuevo tipo de economía “socialista”. La “nacionalización” no fue  más allá de una reforma tributaria que, mientras duró el ciclo de precios altos de los commodities, permitió la generación de elevadas rentas fiscales para financiar políticas populistas de redistribución; no significó la expulsión de la inversión extranjera, sino más bien su permanencia bajo nuevas condiciones, pero sin cuestionar su presencia hegemónica. El gobierno desde un principio le garantizó su presencia, llegando a otorgarle incentivos y ventajas para cumplir el objetivo gubernamental de obtención de más ingresos fiscales [1], situación que se agudizó debido a la caída de los precios de las materias primas.

En conclusión, la orientación de la política económica del gobierno de Evo Morales, no sólo permitió la permanencia del capital transnacional como socio del Estado sino que, en la perspectiva señalada por el PDES para el período 2015-2020, profundizará la dependencia de la economía nacional de las vicisitudes del capital a nivel mundial. Es bien sabido que en períodos de crisis el capitalismo, enfrentado a la falta de oportunidades para invertir las enormes sumas de dinero que permanecen sin valorizarse, amplía y refuerza sus acciones dirigidas a contrarrestar la caída de la tasa de ganancia, entre ellas el incremento de exportación de manufacturas, la búsqueda de materias primas para rebajar los costos del capital constante y la ampliación del crédito a países extranjeros.

En este sentido, el gobierno autodenominado “socialista”, no sólo continúa con la tarea de consolidación de una economía capitalista atrasada basada en el saqueo de los recursos naturales y la explotación feroz de la fuerza de trabajo, sino que al abrir indiscriminadamente la economía al arribo de capitales provenientes de las grandes potencias, contribuye al salvataje del capitalismo en crisis.

 

[1] Los más destacables: incentivo petrolero de 30 dólares adicionales por barril de petróleo desde 2012 e incentivos incrementados hasta 55 dólares por barril y para la producción de condensado, aprobados por la Ley para la Promoción de Inversión Hidrocarburífera de 2015.

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