Minería

 

Perspectiva Energética N° 6

El presente boletín se constituye en resumen semanal de la actividad energética y extractiva de Bolivia y el Mundo, actividades que envuelven una serie de efectos desde lo ambiental, económico y social, que por lo general no considera la palabra de los sectores afectados.

La Plataforma Energética promovida por el CEDLA, es un espacio participativo, plural y democrático para compartir y sistematizar información y análisis; generando conocimientos y promover la investigación y el debate público sobre la política energética y dentro de ella, el futuro de los hidrocarburos y minería en Bolivia.

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Perspectiva Energética N° 5

El presente boletín se constituye en resumen semanal de la actividad energética y extractiva de Bolivia y el Mundo, actividades que envuelven una serie de efectos desde lo ambiental, económico y social, que por lo general no considera la palabra de los sectores afectados.

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¿Qué es para el Perú la minería artesanal y de pequeña escala?

"Cuando llegamos no teníamos nada (...) Ahora estamos exportando internacionalmente", dijo el presidente ejecutivo de AURELSA, Juan Coronado, quien llegó a Relave a fines de la década de 1980 dejando a su familia en los Andes peruanos.

AURELSA, con 45 empleados , selló su primera venta al exterior a mediados del 2013 con un 1 kilo de oro certificado , llamado oro responsable por la certificación Fairmined, brindado por la Alianza por una Mineria Responsable (ARM) . Desde entonces ha exportado otros 10 kilos.

AURELSA fue certificada en oro responsable junto a la minera MACDESA en el marco del Proyecto Oro Justo, ejecutado por Solidaridad y Red Social, con el apoyo de la Unión Europea. Ambas pertenecen al grupo de empresas mineras artesanales y de pequeña escala que posicionan al Perú como el primer productor de oro responsable a nivel mundial, frente a una demanda que supera la oferta. Hoy en día hay una cadena de oro responsable formada entre AURELSA y la primera joyería peruana licenciataria Fairmined, Sissai.

Impacto
De acuerdo al Informe Estadístico Mineroenergético de la Sociedad Nacional de Energía, Petróleo y Minería en el 2015 el Perú produjo 150 toneladas de oro. De esto, se estima que del 10% a 15% de la producción nacional de oro proviene de la minería artesanal y de pequeña escala.

El Proyecto “Minería artesanal para la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo rural sostenible” conocido como “Oro Justo”, una iniciativa que busca promover una minería artesanal y de pequeña escala responsable con su comunidad y el medio ambiente.

“Para promover la certificación, el proyecto buscó contribuir con el impulso de buenas prácticas a nivel empresarial, técnico, social y ambiental en las empresas mineras artesanales y de pequeña escala para hacerlos parte de una cadena de valor responsable”, señala Franco Arista, Director del Proyecto Oro Justo y Gerente del Programa Oro de Solidaridad .

De forma complementaria, el especialista señaló que la certificación brinda beneficios económicos bajo la forma de premios para que pueda ser reinvertido en la mejora de operaciones de las empresas mineras, o en el desarrollo de su comunidad. Esto viene a ser una motivación para que más mineros se formalicen, pues es un requisito para acceder una certificación.

Algunos productos y resultados del proyecto:

En Género
%u25CF Un diagnóstico participativo en las regiones de Arequipa, Puno y Ayacucho sobre las condiciones de vida de la mujer minera en el Perú: “Pallaqueras, entre Piedras y Oro”
%u25CF Propuesta legislativa para fomentar la representatividad de las mujeres pallaqueras, hoy no consideradas dentro del proceso de formalización.

Herramientas tecnológicas
%u25CF Desarrollo de la aplicación Oro Justo para facilitar las negociaciones del mineral a los mineros artesanales y pallaqueras, ofreciendo información veraz y actualizada sobre el precio del oro. Puede ser descargado en Google Play Store desde cualquier android.

Certificación
%u25CF Dos organizaciones mineras MACDESA y AURELSA certificadas en oro responsable. Hoy acceden a mercados internacionales a precios fijos.
%u25CF Propuesta legislativa para fomentar el comercio sostenible.

Sobre el proyecto Oro Justo
Es una iniciativa de apoyo a la minería artesanal y de pequeña escala, ejecutado por Solidaridad y Red Social con el apoyo de la Unión Europea para impulsar y apoyar el proceso de formalización de las mineras artesanales y de pequeña escala emprendido por el Estado Peruano a través de la construcción y el fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernanza alrededor de la minería artesanal responsable con el objetivo de aprovechar su potencial para la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo rural sostenible. Fuente: Unión Européa en Perú.

http://www.losandes.com.pe/Nacional/20170309/103893.html

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Continúa la represión contra las comunidades mineras del Nordeste antioqueño

Ante los hechos ocurridos el pasado 2 de marzo de 2017 en las veredas Lejanías y Ojos Claros jurisdicción del municipio de Remedios, (Antioquia) donde aproximadamente a la 1 de la tarde, cuatro helicópteros desembarcaron miembros del Ejércicto Nacional, personal del CTI, ESMAD, Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional quienes realizaron una operación contra lo que ellos denominaron minería ilegal y un “golpe a las finanzas al ELN” quien recibiría las comisiones de esta actividad.

Teniendo en cuenta que:

La subregión del Nordeste antioqueño zona donde esta ubicado Remedios y Segovia, municipios reconocidos por sus grandes reservas de oro y bienes comunes naturales, también ha sido historicamente una zona golpeada por el conflicto social y armado, debido a la disputa por el control territorial, económico, social y político por los diferentes actores armados legales e ilegales, y las empresas con intereses en la exploración y explotación quienes han desconocido la posesión y propiedad de estos territorios colonizados desde hace más de 60 años.

Es por ello que sus habitantes en su mayoria tienen como sutento económico la extracción de oro mediante la mineria artesanal y la pequeña mineria, sin que aun cuenten con la capacidad económica para solventar los requisitos para poder legalizar su labor, ya que en su gran mayoría se facilita para las multinacionales y trasnacionales y las normas no son flexibles para los mineros campesinos que se ven en la obligación de organizarse para ejercer la minería común.

Es importante también tener en cuenta que en los Acuerdos de Paz suscritos entre Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, el Estado se comprometió a dialogar con las comunidades para normalizar las condiciones económicas y asignar unos recursos para los territorios colindantes con las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN).

Los hechos que a continuación son denunciados y que el Estado justifica como acciones contra la “minería ilegal”, están por fuera de lo dialogado el día 22 de febrero del presente año, con representantes de la alcaldía de Remedios y Gobernación de Antioquia, en la que acordamos la formalización de la minería en la región, para ello nos dieron un plazo de 6 meses. En la comunidad entendimos que la reunión del día 22 de febrero tenían el objetivo de avanzar en la implementación del Acuerdo, a lo que obtuvimos como respuesta lo ocurrido el 2 de marzo, lo que se constituye en una violación del Acuerdo en general y de los acuerdos con los gobiernos locales y departamentales en particular, incumpliéndose la palabra empeñada por parte de la Administración de Remedios y la Gobernación de Antioquia a nuestra comunidad.

Hasta el momento actual, desconocemos los programas o formas de apoyo en que las administraciones locales y departamentales apoyarán el proceso de formalización.

Queremos informar que:

Según la información recogida en terreno se observo que durante la operación sorpresa se violaron derechos fundamentales de las comunidades minero campesinas, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Durante los hechos, fueron detenidas arbitrariamente diez personas de la comunidad, entre ellas dos mujeres embarazadas y un niño de 3 años, para convertirlas en escudo humano, previniendo así, un posible ataque del ELN, grupo guerrillero que opera en la zona. Cabe resaltar que en la vereda Ojos Claros fueron detenidas arbitrariamente cuatro personas, las que fueron llevadas a Bucaramanga y privadas de su libertad.

Así mismo, fueron destruidos e incinerados bienes civiles como retroexcavadoras y otro tipo de maquinaria y enseres que los mineros artesanales usan para acceder a mínimos vitales necesarios para la sobrevivencia de su familia, vulnerando el derecho al trabajo y la permanencia en el territorio. En el marco de los mismos operativos, unidades de la Policía Nacional y tropas del Ejército Nacional, allanaron ilegalmente las viviendas de campesinos y mineros artesanales y en ellas, robaron herramientas de trabajo como una motosierra, veinte castellanos de oro (92 gramos), alhajas, entre otros bienes, afectando a 70 familias aproximadamente. Se desconoce el levantamiento del acta del allanamiento y por lo tanto, dicha conducta reincidente hace parte del delito de hurto por parte de los funcionarios y servidores del operativo.

Frente a los hechos, las Juntas de Acción Comunal de las veredas en mención, el Comité Territorial de Paz y Acompañamiento Humanitario, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y la Corporación CAHUCOPANA, procedieron a dirigirse a la finca para corroborar la información, exigir la liberación de los pobladores y a manifestarles los actos violatorios en los que estaban incurriendo.

En el marco de esto, se escuchan las explosiones producto de la quema de la maquinaria en el lugar, lo que generó miedo y zozobra a quienes iban en la comisión de verificación.

Esto muestra y pone en alerta a las demás comunidades del país y en la que se enfatizaron los Acuerdos de Paz, la falta de diálogo y coordinación de las diferentes instancias del Estado para poder hacer efectiva la implementación de los mismos.

Mientras que nosotros, mineros artesanales en vía de formalización, estamos haciendo los esfuerzos para que la explotación sea más ecoamigable, pague impuestos y los recursos se queden en nuestro país; somos calificados como ilegales y violentan nuestros derechos, a pesar del interés de nuestra formalización.

De igual manera los territorios mineros artesanales están solicitados o ya fueron adjudicados a trasnacionales para su explotación en calidad de concesión, por lo que el fin último no está en la formalización que nosotros como ciudadanos colombianos y mineros artesanales podamos hacer, sino que el interés del Estado es de expulsarnos del territorio para así permitir la entrada de las trasnacionales.

Por lo anterior, es claro que hay una clara contradicción entre lo que dicen los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y las FARC – EP y los intereses como “comisionista” del Fiscal General de la Nación, y esa contradicción debe conducir a que la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”, revise esta situación y de allí se tomen las medidas que conduzcan por parte del Estado, como responsable de la implementación de los Acuerdos, permitir que las comunidades que se desempeñan como mineros artesanales en los territorios, no solo se formalicen, sino que sean protegidas de la voracidad del gran capital y de los funcionarios que sirven a tales fines, generando para ellos una especie de “normatividad transitoria”.

Por tal razón el Comité Territorial de Paz y acompañamiento humanitario del Nordeste antiqueño, Remedios – Segovia, exige al Estado:

1. La libertad inmediata de los cuatro pequeños mineros quienes están siendo judicializados;

2. La protección y garantía de los Derechos Humanos a todos los integrantes de la comunidad, y el cese de los operativos en contra de la pequeña minería;

3. La reparación material e inmediata de los daños a los bienes civiles en correspondencia con la protección del derecho al trabajo y a la permanencia en el territorio;

4. La sanción a los funcionarios/as que incurrieron en acciones ilegales, por fuera de su mandato o extralimitando su función;

5. Respetar e implementar el Acuerdo Final entre el Estado y las FARC-EP, como entre los gobiernos municipal y departamental con la comunidad, lo que implica acciones para el desarrollo regional, que en nuestro caso se expresa en el apoyo, acompañamiento y facilidades para formalización de la minería;

6. La coordinación de los diferentes órganos del Estado para que la implementación de los Acuerdos sea posible y el diálogo permanente del Estado con las comunidades que conlleve lo antes posible a la construcción de los PDET´s que tengan en cuenta la particularidad de la explotación minera en la zona.

Y exige a la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”:

1. Revisar la situación presentada, como ejemplo de lo que puede ocurrir en otros territorios, e impulsar una normatividad transitoria que proteja las economías informales desarrolladas en los territorios donde se implementaran más enfáticamente los Acuerdos de Paz.

2. Instalar lo antes posible el sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus funciones, que permita la participación de quienes ejercemos la minería en municipios donde la economía se basa en esta actividad, y realice el seguimiento a este tipo de hechos que vulneran nuestros derechos y atentan contra el acuerdo.

COMITÉ TERRITORIAL DE PAZ Y ACOMPAÑAMIENTO HUMANITARIO DEL NORDESTE ANTIQUEÑO REMEDIOS – SEGOVIA

COMITÉ TERRITORIAL DE PAZ Y ACOMPAÑAMIENTO HUMANITARIO . SEGOVIA
http://radiomacondo.fm/2017/03/09/continua-la-represion-las-comunidades-...

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Perspectiva Energética N° 4

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Mineros ilegales en Sudáfrica, la tragedia continúa

La tragedia de los mineros ilegales en Sudáfrica muestra hoy otro macabro capítulo tras el hallazgo de ocho cuerpos en Benoni, provincia de Gauteng.

 

Con tal cifra, el número de muertes se elevó a 14 entre domingo y lunes, según reseña la televisión local.

Aunque la policía inició sus investigaciones, se sospecha que el motivo de los asesinatos podría relacionarse con enfrentamientos entre pandillas rivales por el dominio de un determinado territorio, informó anoche el portavoz de la institución, Lungelo Dlamini.

Observadores admiten que la minería ilegal es un problema en el país. Quienes se dedican a esta riesgosa actividad son conocidos como los zama, zamas y generalmente sus historias terminan en la muerte.

Un trabajo publicado por Prensa Latina en 2015 explicó que por un lado, muchos de estos mineros -en su mayoría inmigrantes-, invaden minas sin protección alguna.

A menudo residen cerca de los yacimientos de oro cerrados o abandonados y operan en condiciones peligrosas, pues entre otros desafíos se exponen al mercurio y otros gases venenosos durante el proceso de extracción del mineral.

Algunos entendidos señalan que esta práctica se ha difundido al punto de fomentar una compleja industria delictiva que mueve más de 566 millones de dólares anuales.

Sin embargo, más allá de la cuestión económica está el factor de la violencia, como lo evidenciaron las palabras de Dlamini.

Solo en la zona de Johannesburgo, conocida como la ciudad del oro, hay alrededor de 600 minas abandonadas.

La policía de Gauteng asegura que se registraron al menos 400 incidentes de violencia relacionados con la minería ilegal entre 2013 y 2014.

Mientras, un estudio de la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica revela que Gauteng, Free State y Mpumalanga, son las provincias más afectadas por este fenómeno.

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=68940&SEO=mineros-ilegales...

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La fiebre del oro reactiva la minería en Colombia

El alza internacional del precio del oro revivió la fiebre por el preciado metal al punto que en algunas regiones del país, dominadas por el Eln y los clanes Úsuga y del Golfo, se disparó la minería ilegal por encima de los cultivos de coca, asegura la Policía.

En más de 200 municipios del oriente del país y en zonas protegidas la minería ilegal se volvió un jugoso negocio criminal que está acabando con el medio ambiente, caso concreto el Páramo de Santurbán.

Según la autoridad ambiental los delincuentes están construyendo túneles para llegar a las áreas protegidas y extraer el preciado metal.

La solución al problema que está acabando con cientos de hectáreas de fauna, flora y ecosistemas protegidos, no solo está en manos de la Policía, también deberá ser tarea de los ministerios de minas y medio ambiente para que obliguen a las multinacionales al cierre de socavones en sus títulos mineros que no pueden explorar.

http://www.cmi.com.co/nacional/la-fiebre-del-oro-reactiva-la-mineria-en-...

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Perspectiva energética Nº 3

El presente boletín se constituye en resumen semanal de la actividad energética y extractiva de Bolivia y el Mundo, actividades que envuelven una serie de efectos desde lo ambiental, económico y social, que por lo general no considera la palabra de los sectores afectados.

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Corte colombiana pide consulta sobre minería

La Corte Constitucional colombiana ordenó que se realice una "consulta previa" a la comunidad del municipio de Marmato (noroeste) para dirimir si la minera canadiense Gran Colombia Gold puede seguir explotando los recursos de la zona.

La sentencia pone punto final al pleito que llevaba diez años. El nudo del debate estaba en definir quién tiene la razón frente a la explotación del oro en la mina Villonza, en la parte alta del cerro El Burro.

Disputas

En el municipio de Marmato alrededor de 5.000 familias viven de la minería artesanal que supone que el 80 % de la economía de la zona, actividad que según advierten los vecinos se ha visto gravemente afectada tras la llegada de la empresa.

Hace una década los habitantes de esta localidad iniciaron un pleito jurídico contra Gran Colombia Gold, por el dominio de la minería en la parte alta del cerro El Burro, que según denuncian, compró los derechos de explotación de esas pequeñas minas artesanales, las cerró y derribó sus molinos.

"Iniciaron un proceso de exterminio de la pequeña minería de la zona y terminaron creando un problema social gravísimo sometiendo al pueblo casi a una hambruna que por suerte no se prolongó", explicó el presidente de la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato, Rubén Darío Rotavista.

El líder minero indicó que la empresa compró licencias a mineros locales a un precio "muy bajo" para cerrar estas pequeñas explotaciones y aguardar a que el conjunto de la montaña se revalorizase en los mercados internacionales.

Gran Colombia Gold

En su página web, la compañía indica que el "Proyecto Marmato" contiene recursos estimados de aproximadamente 14 millones de onzas de oro.

El pulso entre los mineros artesanales y la multinacional empezó en 2008 con una acción de tutela, sin embargo, el primer "round" favoreció a la minera canadiense y en septiembre de 2010, mediante resolución de la Agencia Nacional de Minería, se ordenó el desalojo de una parte de los pobladores de Marmato, señalaron medios locales.

Pero la decisión no fue ejecutada ya que las autoridades locales argumentaron que la problemática social y económica se agravaría con el desalojo de los mineros artesanales. Por su parte, la transnacional decidió demandar al Estado colombiano por 700 millones de dólares por incumplimiento del acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá, que se desprende del Tratado de Libre Comercio firmado entre ambos países.
http://www.dw.com/es/corte-colombiana-pide-consulta-sobre-miner%C3%ADa/a...

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