Minería

 

Perspectiva Energética N° 1

El presente boletín se constituye en resumen semanal de la actividad energética y extractiva de Bolivia y el Mundo, actividades que envuelven una serie de efectos desde lo ambiental, económico y social, que por lo general no considera la palabra de los sectores afectados.

La Plataforma Energética promovida por el CEDLA, es un espacio participativo, plural y democrático para compartir y sistematizar información y análisis; generando conocimientos y promover la investigación y el debate público sobre la política energética y dentro de ella, el futuro de los hidrocarburos y minería en Bolivia.

Invitamos a su lectura.

Canadá acordó con Venezuela por reserva de oro

Gold Reserve Inc, empresa minera canadiense, informó en un comunicado que firmó un “Memorando de Entendimiento” (MdE) con la República Bolivariana de Venezuela.

En el documento se contempla la liquidación de la sentencia arbitral que incluye el pago y la resolución del proyecto Las Brisas otorgado a favor de la empresa por el Centro Internacional de arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Venezuela deberá pagar el arbitraje, en el que se incluyen los intereses devengados y establecería los términos para la conformación de la sociedad entre Venezuela y Gold Reserve. Los términos propuestos por el MdE deben cumplirse en un periodo no mayor de 60 días.

Doug Belanger, presidente de Gold Reserve mencionó que esta es una gran oportunidad para que la empresa y Venezuela desarrollen conjuntamente el Proyecto Brisas-Cristinas. Adicionalmente, agregó que proporcionará crecimiento económico en la región y crearía una nueva industria complementaria a la industria del petróleo existente de la República.

Luego de que Venezuela cancelara todas las obligaciones de la compañía, se espera todos los ingresos netos del pago del arbitraje y los relacionados con la venta de los datos técnicos mineros sean distribuidos a sus accionistas.

Dentro de las condiciones se encuentra incluida la recepción de todas las aprobaciones regulatorias y corporativas más la ejecución de acuerdos definitivos. Además, el gobierno de Venezuela pagaría una cantidad que será acordada por la contribución de la empresa de datos técnicos de minería para el Proyecto Brisas-Cristinas.

En los términos se dispuso que Venezuela, con la ayuda de Gold Reserve trabajaría para obtener el financiamiento y de esa manera realizar los pagos contemplados en el arbitraje a Gold Reserve y unos 2 millardos de dólares destinados a los gastos de capital estimados del Proyecto Brisas-Cristinas.

Una vez que Venezuela cancele a Gold Reserve cesará todas las actividades legales relacionadas con el cobro del arbitraje. Y las propiedades mineras Las Brisas y Las Cristinas, junto con los datos técnicos relativos al proyecto Brisas propiedad de Gold Reserve, serían transferidos a una empresa mixta venezolana que se espera conforme Venezuela con 55% y Gold Reserve con 45%.

El Proyecto Brisas-Cristinas combinado, se trata de un reservorio de oro y cobre ubicado en el distrito minero kilómetro 88 del estado Bolívar en el sureste de Venezuela. Una vez culmine el proyecto se prevé que sea la mayor mina de oro en América del Sur y uno de las más grandes del mundo.

http://segundoenfoque.com/canada-acordo-con-venezuela-por-reserva-de-oro...

 

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COLOMBIA - Urge nueva ley para frenar minería ilegal

Antioquia a la vuelta de cinco años podrá ser el protagonista de que se triplique la producción de oro legal en el país, con la operación de tres proyectos en Buriticá (Occidente), Santa Rosa de Osos (Norte) y San Roque (Nordeste).

Al mismo tiempo, el departamento enfrenta el desafío de ser uno de los más afectados por la explotación ilícita de ese metal precioso por redes criminales, mineros que no se suman a la formalización y también por otros que se disfrazan de mineros de subsistencia (barequeros) para no cumplir con la ley.

Justamente, el jueves pasado el Ministerio de Minas expidió la Resolución 40103 que pone topes a la producción de la minería de subsistencia. En el caso del oro, no debe superar los 420 gramos anuales (13,5 onzas). Esto contrasta con las 107 mil personas inscritas como barequeros en el Registro Único de Comercializadores (Rucom) y que aducen producciones que superan los 2 mil gramos mensuales.

En ese sentido, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) cuestiona que ese tope es muy alto y multiplicará a los que se dicen barequeros (ver nota anexa).

Entre tanto, Conalminercol, confederación de pequeños mineros, exige voluntad real del Gobierno y grandes compañías para que despegue la formalización en el país, pues en Antioquia apenas hay 13 subcontratos de formalización (ver Análisis).

En ese contexto, el Gobierno prorrogó el miércoles pasado hasta el último día de 2017 la condición de autoridad minera delegada de la Gobernación de Antioquia, la única en el país.

A su cargo tiene otorgar o caducar títulos mineros, así como adelantar trámites de 1.461 titulares, que tienen hoy concesionadas 1,4 millones de hectáreas en el departamento para distintas vocaciones (oro, carbón, materiales de construcción). Esto es 17,4 % del territorio, aunque más de 900 mil hectáreas están en etapas de exploración, construcción o montaje.

También a la Gobernación le corresponde fiscalizar para que los titulares cumplan con normas técnicas, ambientales, laborales y operativas. Al respecto, el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, informó que se estudia girar 14 mil millones de pesos, triplicando los aportes anuales para este control.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el funcionario respondió sobre los retos de Antioquia y el país para atajar la producción por fuera de las normas de más del 80 % del oro que hoy paga regalías y luego es comercializado dentro y fuera del país. Cante reconoció que solo 18 % de las 60 toneladas del mineral, que estima produjo el país en 2016, provinieron de títulos con licencia ambiental:

Resulta poco creíble que haya 107 mil personas que, batea en mano, busquen oro en lecho de los ríos...

“Creamos el Registro Único de Comercializadores (Rucom), pero nos faltó acompañarlo de un sistema de control. Si antes desconocíamos de dónde venía el oro, hoy lo sabemos. Según el Rucom, 65 % del oro producido en el país aparece como si fuera de 107 mil barequeros. Eso sabemos que es irreal, y mirando la experiencia de otros países latinoamericanos y africanos, la posibilidad del barequeo tiene un potencial de no más de un gramo de oro al día, es decir, 30 gramos al mes y, siendo excesivos, 420 gramos al año”.

¿Por qué se permite eso?

“Hubo un hueco de la norma y se está pretendiendo legalizar el oro que proviene de actividades criminales e informales. Así que hoy en el Rucom hay barequeros que produce mil gramos de oro al mes o ganan 200 millones de pesos año”.

¿Qué responsabilidad cabe a los comercializadores?

“Se escudan en que a ese productor que compran aparece como barequero, así produzca 2 mil gramos al año. Pero también los requerimos al preguntar que si compraron tal cantidad, dónde está el RUT, la factura y el IVA”.

¿Cuál es la solución?

“Expedimos este jueves una resolución que pone topes máximos de producción por barequero de 35 gramos de oro mensual como minería de subsistencia”.

Pero, para saltarse la norma, se multiplicarán los barequeros...

“Efectivamente, pueden aparecer miles más. Por eso expediremos un decreto complementario en próximos días, que revaluará condiciones para estar inscrito en el Rucom. Me refiero a que tenga RUT, tradición en el territorio, que esté en el Sisbén, que el barequero solo pueda estar inscrito en una alcaldía”.

¿Se mantiene que declare su oro y pague regalías en otro municipio distinto al de donde sacó el mineral?

“Tenga en cuenta el alto grado de trashumancia de los barequeros. Los titulares mineros sí deben declararlo en el municipio origen de la producción”.

Con todo, la comercialización de oro ilegal sigue...

“Tenemos que volcar el combate de la explotación ilícita de la persecución al pequeño minero en el territorio y pasar al combate de toda la cadena de producción, beneficio, comercialización y exportación. Mientras exista acá un señor dispuesto a comprar todo oro ilegal, habrá un pequeño minero que esté dispuesto a venderle para sobrevivir”.

¿El Gobierno contempla intervenir el comercio de oro?

“Es una actividad que ha sido poco controlada en el país. En el proyecto de ley de explotación ilícita de minerales que radicamos en el Congreso, el año pasado, incluimos una serie de herramientas para que la explotación ilícita sea en sí un delito, sin tener que demostrar su afectación al medio ambiente. Además propone que tal delito se extienda a toda la cadena: aquí podemos estar frente a un evidente lavado de activos, que se promueve por quien compra el oro en el territorio, así como por empresas que lo comercializan y exportan”.

¿Habría sanciones para las comercializadoras?

“El proyecto busca mecanismos para que la autoridad minera, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y otras entidades tengan mecanismos de control y sanción para aquellas comercializadoras que incumplan parámetros establecidos”.

¿Aprobar este proyecto hará parte del fast track?

“Analizamos al interior del Gobierno la conexidad que tenga con los acuerdos con las Farc. Desde el Viceministerio consideramos que muchos componentes sí guardan relación, porque hay argumentos de combates a la criminalidad, que aparecen en lo acordado”.

Mientras no sea ley, ¿se está perdiendo la guerra contra la minería criminal?

“Tenemos que avanzar en mecanismos y capacidades institucionales para perseguir a toda la cadena y no solo al productor ilegal”.

De otro lado, con los proyectos licenciados en Buriticá, Santa Rosa de Osos y San Roque, ¿cuáles son las perspectivas de la producción nacional de oro?

“Estimamos que pueden ser entre 20 y 25 toneladas adicionales de oro, cuando el país está cercano a una producción actual de 60 toneladas por año, de las cuales unas 12 toneladas provienen de títulos legales con licencia ambiental. Entonces en un horizonte de 5 años podemos estar triplicando la producción legal en el país, por el aporte de los proyectos de Antioquia”.

¿Qué proyectos de mayor escala hay en Antioquia?

“En unos dos o tres años puede estar entrando en producción Nuevo Chaquiro (Jericó), además hay empresas que están adelantando exploración en la zona limítrofes de Antioquia con Chocó y Córdoba y han identificado un gran potencial geológico en cobre”.

En cuanto a la formalización minera, uno ve que no hay avances en la magnitud requerida ante el problema...

“Muchos nos reclaman eso porque creen que formalizar es legalizar y se olvidan que hay más de 9 mil títulos mineros, la gran mayoría para materiales de construcción (arcilla, mármol, calizas) y el 60 % son de pequeños mineros, es decir, ya tienen el título, pero muchos continúan en informalidad técnica, administrativa y de seguridad laboral. Por eso periódicamente estamos caducando títulos ante esos incumplimientos, que los devuelve a los círculos de la ilegalidad.

¿Cuáles son los resultados en Antioquia?

“Hemos suscrito 13 contratos de subformalización y hay 50 solicitudes más en trámite en el departamento. El año pasado, luego de cinco años de discusiones, logramos que los mineros de Jobo Medio, entre los municipios de El Bagre y Zaragoza, se pusieran de acuerdo con Mineros S.A. para cederles 126 hectáreas para permitir la legalización. El reto ahora es la formalización de cerca de 300 mineros, modelo que queremos replicar en otras partes del país”.

http://www.elcolombiano.com/negocios/urge-nueva-ley-para-frenar-mineria-...

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Belo Sun recibe licencia de instalación y operará la mayor mina de oro de Brasil

El río Xingu y las comunidades tradicionales que viven en la región denominada Volta Grande serán nuevamente impactados por una obra de gran envergadura, en el estado de Pará, región norteña de Brasil. Este jueves (2), la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas) concedió la Licencia de Instalación (LI) a la empresa de extracción de oro Belo Sun Mineração, responsable por el Proyecto Volta Grande.

La mina será instalada en el municipio Senador José Porfirio. La extracción de oro en las márgenes del río Xingu será hecha a cielo abierto, porque se trata de un yacimiento próximo a la superficie. La instalación está por debajo de los ejes de la represa de Belo Monte, en una área conocida como Volta Grande de Xingu, lugar de habitación de muchas comunidades ribereñas, pueblos indígenas, mineros artesanales y agricultores asentados por la reforma agraria. La Licencia Previa (LP) del proyecto vence el día 19 de febrero.

Belo Sun pretende extraer del subsuelo de Xingu 600 toneladas de oro, en 12 años. El proyecto prevé también la construcción de una represa de residuos, que según información del Instituto Socioambiental (ISA), será mayor que la represa que se rompió en la tragedia de la ciudad de Mariana, en Minas Gerais, sudeste de Brasil.

La empresa es la subsidiaria brasileña de Belo Sun Mining Corporation, controlada por el grupo Forbes & Manhattan, un banco mercantil de capital privado que desarrolla proyectos de minería en todo el mundo.

La mañana de este jueves, el Ministerio Público Federal (MPF) había enviado una recomendación a Semas, para que el secretario Luiz Fernandes Rocha no emitiese la licencia de instalación del proyecto Volta Grande, antes de que fuese construido un “Plan de Vida para los moradores del Trecho de Flujo Reducido del río Xingu, mediante evaluación de sinergia y de acumulación de impactos, realizada en conjunto con el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente) y Norte Energía”, informa nota del MPF.

Impactos

El Plan de Vida serviría para asegurar las condiciones de vida de los habitantes de la región, así como la evaluación de lo que podría acontecer después del inicio de los trabajos de la minera. Volta Grande de Xingu, el área donde la empresa Belo Sun pretende instalar la mina, es denominada en los estudios de Belo Monte como: Trecho de Flujo Reducido, que corresponde a 100 km de río donde la hidroeléctrica desvía más del 80% del agua para mover las turbinas.

“La reducción del flujo provoca impactos tan dramáticos que ni el mismo Ibama asegura la sobrevivencia de la región y estableció seis años de monitoreo, a partir de 2019, para determinar la cantidad de agua que la represa tendrá que liberar para garantizar la vida de los moradores. La situación de Volta Grande puede determinar, por lo tanto, cuanta energía eléctrica será generada por la hidroeléctrica más cara construida en Brasil”, alerta el MPF.

El órgano, antes de enviar la recomendación a la Semas, envió un oficio al Ibama cuestionando si los estudios de sinergia y acumulación de impactos ya habían sido realizados. Con todo, la dirección de licenciamiento del Instituto informó que “no participó, ni fue instado a participar de reunión técnica alguna con la Secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Estado de Pará para discutir los impactos acumulativos o sinérgicos entre la UHE (hidroeléctrica) Belo Monte y el proyecto de minería Belo Sun”.

El documento firmado por la procuradora de la República Thais Santi, de la región de Altamira, en Pará, que acompaña desde 2013 la situación de Volta Grande y el licenciamiento de Belo Sun, informa que “frente a la inercia constatada y el compromiso asumido el 11 de noviembre de 2016, en presencia del secretario de medio ambiente de Pará” el MPF convocará una audiencia pública, el día 21 de marzo, para discutir un Plan de Vida para los moradores. El órgano también dio inicio a dos procesos judiciales contra Belo Sun y Semas por irregularidades en el licenciamiento.

Semas considera que la cuestión indígena está resuelta, pero eso no es lo que consideran organizaciones no gubernamentales y movimientos populares. Biviany Garzón, abogada del Instituto Socioambiental (ISA), afirma que la secretaria no cumplió con lo que determina la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prevé la realización de Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales en Brasil.

“Semas de Pará trata de insistir en que los impactos están localizados en un radio inferior a 10 quilómetros a partir de la mina. Y eso es imposible, porque después de la tragedia de Mariana, nadie más discutió el radio de impacto de un eventual accidente en una represa de residuos, lo que puede provocar, hasta donde puede llegar”, dice.

El Territorio Indígena (TI) Paquiçamba está a 9,5 quilómetros, y Arara de Volta Grande a 13 quilómetros, de la mina, pero Semas dice que el área indígena más próxima del proyecto está a 12 quilómetros, y explica que la distancia mínima para realización de estudio de componente indígena es de 10 quilómetros, y que “optó por determinar la elaboración del estudio de componente indígena por parte de la empresa para evaluación necesaria de la Funai (Fundación Nacional de Indígena)”.

Regularización de la tenencia de la tierra

El estudio de impacto ambiental presentado por la empresa también está siendo cuestionado por la Defensoría Pública del Estado (DPE). Este lunes, (30), el órgano emitió una acción cautelar contra el Estado de Pará y la empresa Belo Sun pidiendo suspensión del proceso de licenciamiento ambiental.

Según la defensora pública Andreia Barreto, la DPE cuestiona que el área del proyecto Volta Grande está “subdimensionada”, y explica que la extensión informada del emprendimiento es de 1.400 hectáreas. Sin embargo, la defensora revela que el Área Directamente Afectada (ADA) en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Volta Grande es mucho mayor. En el Catastro Ambiental Rural (Car) de la empresa, sin embargo, fue informando una extensión mayor, de 2 mil hectáreas.

“Ellos dicen que el proyecto va a ser instalado en una área de 1.400 hectáreas, pero analizando el emprendimiento, que es de gran tamaño, y sobre todo, con datos del propio licenciamiento ambiental, en nuestro entendimiento, esa área es mucho mayor que 1.400 hectáreas”, apunta.

De acuerdo con la acción cautelar, la empresa consideró como área del proyecto apenas los espacios que incluyen maquinaria y equipamientos que serán implantados y ignoró todo lo restante de las actividades que van a componer el emprendimiento, como los lugares de paso de vehículos pesados por vías cercanas a comunidades tradicionales y el flujo de personas que ira hacia el área del proyecto por vía terrestre y fluvial.

El documento además apunta que hubo “compra ilegal de tierras públicas federales por Belo Sun Mineração Ltda” en las comunidades rurales de Vila Ressaca, Galo, Itatá y Oro Verde. Las familias, según la acción, están recibiendo amenazas de desalojo forzado. La empresa habría adquirido las tierras de particulares y pasado a “restringir la caza, pesca, excavación de oro y acceso de personas, en áreas de uso común de la comunidad”.

En octubre de 2016, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estuvo en Senador José Porfirio y en la ocasión, denunció que la empresa Belo Sun estaba comprando tierras en las proximidades de forma irregular.

Otro punto cuestionado por la acción es que el área del proyecto Volta Grande está dentro de Gleba Ituna, destinada a vivienda para familias de renta baja. Además de esa comunidad, la acción cuestiona otras localidades que fueron excluidas del impacto directo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), como las comunidades Ilha de Fazenda y Itatá, y apunta que ellas “sufrirán todos los impactos, con detonaciones, flujo poblacional, riesgo de uso de cianuro, tránsito de personas atraídas por el emprendimiento, indefinición de circulación con la apertura y cierre de vías ”.

El martes último, la Defensoría Pública de la Unión (DPU) ingresó una acción civil pública (ACP), con pedido de orden preliminar contra el estado de Pará y Belo Sun Mineração Ltda para impedir la expedición de la licencia de instalación.

Comunicado de prensa

Por medio de comunicado de prensa, la empresa informa que cumplió todas las 37 condicionantes establecidas en la licencia previa y esclarece que la delimitación de ADA permanece la misma desde “la concepción del emprendimiento y la emisión de la Licencia Previa (LP) ”. La empresa informa que para la determinación de los límites de ADA se han aplicado metodologías científico-técnicas utilizadas en proyectos de minería.

Además, según el comunicado, la empresa afirma que viene dialogando con las comunidades desde 2012, cuando se realizó el levantamiento de áreas y el registro de familias, siendo acompañada por un representante de la Municipalidad de Senador José Porfirio y una comisión de moradores. Y concluye que mantiene informados a los órganos públicos relacionados con el tema sobre las fases del licenciamiento ambiental del Proyecto.
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=222549

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Exportaciones auríferas se elevaron 1.227% en 2016

Venezuela colocó en mercados internacionales 4.309 millones de dólares, en el período enero-septiembre de 2016. De ese total, unos 2.877 millones de dólares se correspondieron con exportaciones de oro y cerca de 1.431 millones de dólares por concepto de exportaciones no petroleras.

El presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex), Ramón Goyo, señaló que las exportaciones auríferas –producto de la “venta de oro no monetario por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) a Suiza, a través de operaciones swap” o permuta financiera– se incrementaron 1.227% al pasar de 216,8 millones de dólares a 2.877,4 millones de dólares, luego de comparar los tres primeros trimestres de 2016 y 2015.

Mientras tanto, indicó, las exportaciones no tradicionales en el lapso de estudio, cayeron 22,36%, al deslizarse de 1.843 millones de dólares a 1.431 millones de dólares. Precisó que los productos no petroleros y distintos al oro exportados por Venezuela siguen siendo el hierro, aluminio, derivados de la industria petroquímica, básicamente urea, etilenglicol y metanol.

Goyo reiteró que en el análisis se observó “la entrada del oro como producto importante no petrolero y entró Suiza como gran comprador, esto nos creó una distorsión porque Suiza no aparece históricamente como país destino de nuestras exportaciones”.

Explicó que esas cifras son publicadas por Trade Map del Centro de Comercio Internacional (ITC en sus siglas en inglés), organismo creado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que toma en cuenta las principales exportaciones de Venezuela a 21 países, las cuales representan alrededor de 89 % del total.

De acuerdo a esas estadísticas, apuntó el especialista, las exportaciones no petroleras de Venezuela a Estados Unidos y a Colombia, se contrajeron al pasar de 632,5 millones a 368,3 millones de dólares; y de 182 millones a 140 millones de dólares al cotejar los plazos de la mencionada publicación.

Este sector también se expandió hacia otros países. Con China, estas exportaciones se elevaron de 194 millones a 297 millones de dólares y, con Chile, de 20 millones a 54 millones de dólares.

Escenarios y proyecciones

El presidente de la Avex argumentó que al repasar la cifras reportadas durante el período enero-sepiembre 2016 y 2015, se concluye que “se exportaron, en productos no petroleros 1.431 millones de dólares, lo cual equivale a 477 millones de dólares por trimestre”.

Advirtió que “si esa misma cantidad se supone que tiene lugar en el cuarto trimestre del año, se llega a un total de 1.908 millones de dólares a lo largo de todo el año recién pasado. Ahora, si en el cuarto trimestre las exportaciones no son de 477 millones de dólares, sino un 20 % más, es decir, 572 millones de dólares, las exportaciones totales del año llegarían a 2.003 millones de dólares”.

En otro marco referencial, confió, “si las exportaciones del cuarto trimestre fueran 30 % superiores al promedio trimestral del año, llegarían a 620 millones de dólares, con lo cual las exportaciones totales de 2016, hacia esos 21 países llegarían a 2.051 millones de dólares”.Y, “si esas naciones representan el 89 % del total exportado, el 100% sería igual a 2.304 millones de dólares. Esa cantidad, en el escenario más optimista posible, es más baja que las exportaciones distintas al oro y al petróleo en el año 2015, que alcanzaron a 2.685 millones de dólares”.

Diversidad de productos

Dijo Goyo que en los volúmenes del comercio exterior, se detectó la “relevancia que van tomando ciertas exportaciones de bienes agroindustriales tales como el cacao, que figura en las exportaciones a Japón, Alemania, Países Bajos, Bélgica e Italia; camarones y langostinos, presentes en las ventas a Estados Unidos, España y a Francia; y el ron, que se exporta a España, Alemania, Reino Unido, Suecia, Chile, Francia y Suiza”.
http://www.eluniversal.com/noticias/economia/exportaciones-auriferas-ele...

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Tensión en Choro Grande: Denuncian avasallamiento armado a una mina

Una vez más volvió la violencia y tensión por la mina de oro de Choro Grande en Yungas. Dirigentes de esta región denunciaron que sujetos armados con armas de fuego de la comunidad de El Choro avasallan el yacimiento.

La mina es explotada por la cooperativa Cruz del Sur de Choro Grande, sin embargo, los comunarios de El Choro reclaman que el yacimiento está en su jurisdicción. El conflicto se arrastra por varios años e incluso ya hubo varios fallecidos por el enfrentamiento entre estas localidades.

El ejecutivo de Choro Grande, Reynaldo Quispe, denunció que esta madrugada sujetos que portaban fusiles e incluso armas automáticas tomaron el puesto denominado El Sereno y atacaron a los cooperativistas mineros de Cruz del Sur.

Aseguró que los agresores son los comunarios de El Choro, que además contrataron a antisociales. 

Quispe indicó que existen cuatro heridos de los cooperativistas mineros, quienes se mantienen en el monte en emergencia por la situación que los apremia.     

“Hasta el momento tenemos cuatro  heridos.  Los hermanos cooperativistas están con peligro con muerte”, agregó alarmada la dirigente de Choro Grande, Bartolina Siama. 

Asimismo, las clases se suspendieron en esta región debido al peligro. 

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, indicó que se está enviando un contingente policial para apaciguar la situación en Choro.

http://www.erbol.com.bo/noticia/seguridad/06022017/tension_en_choro_gran...

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La paz y la minería informal e ilegal en Colombia

Desde finales del año pasado Colombia ha iniciado un delicado proceso de transición post conflicto que se inició con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Bogotá.

Parte de las discusiones que precedieron a la firma de la paz y que hoy son parte del acuerdo final es la política de tierras que, en adelante, se aplicará en Colombia. Es así que el Estado colombiano ha dispuesto la creación de un banco de tierras que centralice los territorios antes ocupados por las FARC para fines ilícitos. Estos territorios serán redistribuidos conforme lo dispone la política de reparaciones que ha entrado en vigor. En términos de reparación para las víctimas del conflicto armado este es un paso reivindicatorio importante, así como el fin de décadas de tensión sobre el uso de la tierra en Colombia.

Sin embargo, muchos de estos territorios se encuentran en regiones ricas en recursos minerales y, a pesar de que el Estado se ha prometido desplegar esfuerzos para desarrollar una agricultura de calidad que dinamice estas regiones, corren peligro de caer -nuevamente- en garras de otros grupos criminales que retomen las actividades ilícitas. Hablamos de los protagonistas de la denominada “minería criminal”, grupos ligados a las guerrillas o el narcotráfico y que se dedican a la extracción de minerales trayendo consigo, contaminación, violencia, tráfico de personas y comercialización de drogas. Este tipo de actividad llega a concentrar el 80% de la producción de oro del país y su rentabilidad iguala a otras actividades ilícitas como el narcotráfico. En total, se calcula que 220 municipios en 25 departamentos tienen presencia de esta minería informal con vínculos directos con mafias criminales.

La minería ilegal o criminal es apenas una de las tres categorías mediante las cuales el gobierno de Colombia divide a la actividad minera informal en el país.

La minería ancestral o tradicional se desarrolla en la mayor parte de los casos sin los permisos legales necesarios. Este tipo de minería se encuentra ligada profundamente a la subsistencia de comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan en departamentos en recursos como el Chocó y la Guainía. Su participación en el total de la producción informal es relativamente mínima y muchas veces estas mismas comunidades terminan lidiando con los pasivos ambientales y de violencia que deja la minería criminal tras de sí.

Un segundo tipo de minería es la minería informal o de pequeña escala no mecanizada. De características similares a la minería tradicional, también se le puede considerar una minería de subsistencia, que emplea a migrantes rurales empobrecidos y trabaja con bajos niveles de mecanización y de productividad.

La minería ilegal, vinculada a mafias criminales, también explota a migrantes rurales empobrecidos, pero accede a mayores capitales, trabaja con maquinaria pesada y logra productividad y ganancias más altas.

En sus distintas modalidades, los retos que impone la minería informal tras los acuerdos de paz implican un esfuerzo conjunto de distintos niveles de gobierno. Desde el empresariado minero formal (Asociación Colombiana de Minería) y desde el estado (la Agencia Nacional de Minería de Colombia) se ha propuesto concesionar esos territorios a la gran minería legal y formal, de modo que esos recursos sean explotados por compañías que cumplen con los más altos niveles de seguridad y tributan formalmente al estado.

Sin embargo, diversas poblaciones y autoridades ya han alzado su voz en contra de esta apuesta por la gran minería en los territorios pacificados. Al mismo tiempo, la Corte Constitucional de Colombia ya les ha dado la razón a estas jurisdicciones con una serie de fallos que privilegian el poder de decisión de los gobiernos subnacionales en temas de ordenamiento territorial, y la necesidad que estas decisiones sean tomadas de manera participativa. Es claro que una salida unilateral al problema que imponga desde el gobierno central la presencia de la gran minería en esos territorios terminaría provocando un incremento de los conflictos sociales en los territorios que se acaban de librar de la guerra.

Desde otros sectores, como la academia y la sociedad civil, se comparte la preocupación por el potencial impacto negativo de una imposición de la gran minería desde el gobierno central y se propone la creación de más espacios de diálogo donde participen las empresas, las comunidades y el Estado. La creación de mecanismos de participación ciudadana, así como instrumentos de capacitación sobre los impactos de la actividad minera formal e informal resultan componentes esenciales para este tipo de diálogo. De la misma manera, se plantea que procesos firmes de descentralización que permitan a las jurisdicciones locales realizar un ordenamiento territorial de acuerdo a sus propios objetivos de desarrollo, también podrían prevenir el conflicto social.

Finalmente, es importante resaltar siempre que la firma de la paz con las FARC no significa el fin de la violencia ni de la violación de derechos humanos en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue actuando en el territorio y se enfrenta a las mismas Fuerzas Armadas que enfrentaron a las FARC. Asimismo, el yugo del narcotráfico aún golpea a distintas zonas del país.

Tomar decisiones sobre la presencia y el rol de qué tipo de minería en las zonas que fueron afectadas por el conflicto armado con las FARC es crucial para la paz y la vigencia de los derechos humanos en esos territorios.

En este marco, el pasado diciembre del 2016 la OCDE presentó una Guía de Diligencia Debida para el manejo responsable de cadenas de suministro en zonas afectadas por conflictos. De esta manera, se busca prevenir el ingreso a los países miembros de la OCDE de oro producto de violaciones de actividades ilegales y criminales y en las que se violen derechos humanos.

Pero, naturalmente, se requiere de una respuesta mucho más compleja, que incluya la reconversión productiva y/o el reasentamiento territorial de los productores y los trabajadores de esta minería, el control de la provisión de insumos que vienen en muchos casos de las empresas formales de otros sectores de la economía (maquinaria pesada, precursores químicos, servicios financieros, canales de exportación, etc.), y el fortalecimiento de las agencias públicas encargadas de estas actividades en todos los niveles de gobierno.
http://resourcegovernance.org/news/reporte-mensual-de-tendencias-enero

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Los caminos del oro

Por: Humberto Vacaflor
Con regularidad preocupante, las autoridades peruanas informan sobre los cargamentos de oro que salen de su territorio hacia Bolivia, como sugiriendo que se dirigen hacia un agujero negro situado en el medio de Sudamérica. Hace cuatro años, el entonces ministro boliviano de Minería, Jaime Virreira, dijo una frase que debería figurar en alguna antología: “¡Qué extraño: Bolivia solo produce siete toneladas de oro, pero exporta 21 toneladas!”. El hombre fue removido del cargo casi de inmediato. Por ingenuo.

El oro extraído de los ríos peruanos de la zona de Madre de Dios entra, de inmediato, en un circuito pecaminoso, porque se mezcla con la droga que se produce en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Todo ello cerca de Bolivia, el país que hace de corredor para ambos productos, como plataforma de lanzamiento, una especie de zona franca de facto para toda la región, un ‘país-pecado’. Todo lo que es ilegal en los países vecinos, se legaliza con solo cruzar la frontera. Debe ser una ventaja tener un vecino así, una ventaja para quienes operan en la ilegalidad. Un Estado que es, para decirlo con franqueza, solo una ficción. Dice un geólogo boliviano que trabajó en la zona del Madre de Dios que las empresas peruanas saben que para buscar un repuesto, o equipos completos, deben llegar hasta El Alto, el mayor supermercado abierto de Sudamérica. Allí encuentras desde una aguja hasta un helicóptero. Sin factura, por supuesto, y sin póliza de importación, esas cosas inventadas por los Estados, que mantienen la pretensión de controlar y regular el comercio, aunque saben que hacen el ridículo. Esos empresarios llegan al gran supermercado, compran lo que necesitan y regresan a Perú. No han pagado ni impuestos ni aranceles, porque han operado en el agujero negro.

Y, entonces, están las estadísticas, esas que miden, milimétricamente, todos los movimientos de la economía. De aquella que está en el margen de lo legal, de lo imponible, un margen que se hace cada vez más estrecho y que permite al Estado presumir de estar controlando algo. En este momento, en Bolivia ese margen es de apenas el 25% de la economía, dicen los optimistas. Cuando ese margen se reduzca más, ¿el Estado seguirá respirando? Pregunta para comenzar el año
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Los-caminos--del-oro--20170111-0104.html

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Nuestra Palabra: La Economía del Oro y su legado en Sudamérica

El alza internacional de precios de materias primas, causada por la expansión industrial en economías asiáticas y la especulación financiera en las ventas de minerales a futuro y, particularmente del oro como reserva de valor han llevado a un proceso de intensificación de la explotación de este mineral en la región sudamericana.

Este inusitado interés por la explotación de recursos auríferos, ha generado conflictos de intereses entre actores por el acceso a las rentas, dejando de lado los derechos de los pueblos indígenas donde existen esos recursos. Por otra parte, frente a la falta de oportunidades de empleo en otros sectores de la economía, las poblaciones más vulnerables de trabajadores, entre ellos mujeres y niños, acceden a empleos de baja calidad y sin derechos laborales. Asimismo, los beneficios que deja la explotación aurífera son mínimos, con sistemas tributarios muy flexibles. La explotación en lugares donde existe poco control estatal también genera evasión y contrabando del recurso así como lavado de dinero.

Estas investigaciones pretenden visibilizar la problemática general que encierra la extracción de oro en ciertos países de la región sudamericana, es una lectura exploratoria, introductoria, y preliminar que permitirá confirmar o rechazar los efectos que causa la economía del oro.

Los ensayos que presentamos corresponden a los países de Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina. Salvo este último, en todos los países la producción se realiza mayoritariamente en la región Amazónica, sin embargo, las diferencias geográficas parecen diluirse con la dinámica capitalista que le imprime el mercado mundial del oro, es decir una tendencia al control directo de la producción por las empresas transnacionales de la minería aurífera, acompañada de una política favorable, alta conflictividad social y deterioro ambiental.

En Bolivia, Colombia, Ecuador y Brasil, la minería a pequeña escala tiene importante relevancia pues cuenta con una fuerza de trabajo masiva en relación a la tecnología empleada, y por tanto sensible a la conflictividad social, a disputas por yacimientos, convirtiendo las regiones en tierra de nadie, con escaso control de la producción, malas condiciones de trabajo con ausencia de beneficios sociales y legales para sus trabajadores.

Todos los países cuentan con sistemas impositivos bastante favorables a la explotación, por ejemplo la regalía minera que es un derecho del Estado como propietario de la tierra, en promedio no supera el 3% del valor bruto de producción. Esto sin contar la gran cantidad de producción no registrada y que sale de contrabando de los países, existiendo altos niveles de evasión y elusión fiscal.

Finalmente, el deterioro ambiental y el impacto sobre las comunidades afectadas es un aspecto que se desconoce en profundidad, señalándose la ausencia de un Estado que haga cumplir las leyes.

Toda esta amplia problemática que genera la explotación del oro, se pretende visibilizar con estos estudios, con el afán de despertar la discusión de los actores, organizaciones sociales, el gobierno y sociedad civil en general sobre los impactos buenos y perversos que genera la explotación del oro, a fin de que, en el futuro, se logren mejores condiciones de vida para la clase trabajadora.

Desde el CEDLA y la Plataforma Energética hacemos la invitación para leer estos documentos y continuar el debate.

 

Javier Gomez Aguilar

DIRECTOR EJECUTIVO

CEDLA

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Oro sube por baja del dólar tras falta de claridad de Fed sobre tasas

El oro tocó hoy sus precios más altos desde mediados de noviembre, un día después de una reunión de la Reserva Federal en la que el banco central estadounidense no dio señales claras sobre la posibilidad de subir sus tasas de interés en marzo, lo que llevó a un declive del dólar.

El índice dólar bajó a un mínimo de 12 semanas luego de que la Fed presentó un panorama optimista para la economía estadounidense pero no dio pistas sobre una aceleración de las subidas de los tipos.

El oro al contado alcanzó los US$ 1,223.62 la onza, su precio más alto desde el 17 de noviembre, y a las 1128 GMT subía un 0.97% a US$ 1,220.03. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril ganaban US$ 14.6 a US$ 1,222.9 la onza.

La depreciación del dólar era el principal factor detrás del alza del oro, y a eso se le sumaba la preocupación por los riesgos políticos, declaró Afshin Nabavi, jefe de operaciones de MKS.

“Mañana tenemos las nóminas no agrícolas (de Estados Unidos) por lo que no creo que haya grandes oscilaciones hoy, pero dicho eso (el oro) se ve bastante sólido”, dijo Nabavi. “El nivel de US$ 1,219-US$ 1,220 es una resistencia importante y si podemos traspasar los US$ 1,225, podríamos llegar muy rápidamente a los US$ 1,250”.

Se considera a las nóminas no agrícolas un barómetro de la salud de la economía estadounidense. Un dato sólido podría fortalecer los argumentos para que la Fed endurezca su política monetaria.

El oro es muy sensible a las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos porque elevan el costo de oportunidad de mantener lingotes y, al mismo tiempo, impulsan al dólar.

La plata ganaba un 1.01% a US$ 17.68 la onza, mientras que el platino subía un 0.55% a US$ 1,011.50 la onza y el paladio cedía un 0.19% a US$ 766.02 la onza.

http://mineriaenlinea.com/2017/02/oro-sube-por-baja-del-dolar-tras-falta...

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