Análisis - Nuestra voz

 

Perspectiva Energética N° 2

El presente boletín se constituye en resumen semanal de la actividad energética y extractiva de Bolivia y el Mundo, actividades que envuelven una serie de efectos desde lo ambiental, económico y social, que por lo general no considera la palabra de los sectores afectados.

La Plataforma Energética promovida por el CEDLA, es un espacio participativo, plural y democrático para compartir y sistematizar información y análisis; generando conocimientos y promover la investigación y el debate público sobre la política energética y dentro de ella, el futuro de los hidrocarburos y minería en Bolivia.

Invitamos a su lectura.

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Perspectiva Energética N° 1

El presente boletín se constituye en resumen semanal de la actividad energética y extractiva de Bolivia y el Mundo, actividades que envuelven una serie de efectos desde lo ambiental, económico y social, que por lo general no considera la palabra de los sectores afectados.

La Plataforma Energética promovida por el CEDLA, es un espacio participativo, plural y democrático para compartir y sistematizar información y análisis; generando conocimientos y promover la investigación y el debate público sobre la política energética y dentro de ella, el futuro de los hidrocarburos y minería en Bolivia.

Invitamos a su lectura.

Nuestra Palabra: La Economía del Oro y su legado en Sudamérica

El alza internacional de precios de materias primas, causada por la expansión industrial en economías asiáticas y la especulación financiera en las ventas de minerales a futuro y, particularmente del oro como reserva de valor han llevado a un proceso de intensificación de la explotación de este mineral en la región sudamericana.

Este inusitado interés por la explotación de recursos auríferos, ha generado conflictos de intereses entre actores por el acceso a las rentas, dejando de lado los derechos de los pueblos indígenas donde existen esos recursos. Por otra parte, frente a la falta de oportunidades de empleo en otros sectores de la economía, las poblaciones más vulnerables de trabajadores, entre ellos mujeres y niños, acceden a empleos de baja calidad y sin derechos laborales. Asimismo, los beneficios que deja la explotación aurífera son mínimos, con sistemas tributarios muy flexibles. La explotación en lugares donde existe poco control estatal también genera evasión y contrabando del recurso así como lavado de dinero.

Estas investigaciones pretenden visibilizar la problemática general que encierra la extracción de oro en ciertos países de la región sudamericana, es una lectura exploratoria, introductoria, y preliminar que permitirá confirmar o rechazar los efectos que causa la economía del oro.

Los ensayos que presentamos corresponden a los países de Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina. Salvo este último, en todos los países la producción se realiza mayoritariamente en la región Amazónica, sin embargo, las diferencias geográficas parecen diluirse con la dinámica capitalista que le imprime el mercado mundial del oro, es decir una tendencia al control directo de la producción por las empresas transnacionales de la minería aurífera, acompañada de una política favorable, alta conflictividad social y deterioro ambiental.

En Bolivia, Colombia, Ecuador y Brasil, la minería a pequeña escala tiene importante relevancia pues cuenta con una fuerza de trabajo masiva en relación a la tecnología empleada, y por tanto sensible a la conflictividad social, a disputas por yacimientos, convirtiendo las regiones en tierra de nadie, con escaso control de la producción, malas condiciones de trabajo con ausencia de beneficios sociales y legales para sus trabajadores.

Todos los países cuentan con sistemas impositivos bastante favorables a la explotación, por ejemplo la regalía minera que es un derecho del Estado como propietario de la tierra, en promedio no supera el 3% del valor bruto de producción. Esto sin contar la gran cantidad de producción no registrada y que sale de contrabando de los países, existiendo altos niveles de evasión y elusión fiscal.

Finalmente, el deterioro ambiental y el impacto sobre las comunidades afectadas es un aspecto que se desconoce en profundidad, señalándose la ausencia de un Estado que haga cumplir las leyes.

Toda esta amplia problemática que genera la explotación del oro, se pretende visibilizar con estos estudios, con el afán de despertar la discusión de los actores, organizaciones sociales, el gobierno y sociedad civil en general sobre los impactos buenos y perversos que genera la explotación del oro, a fin de que, en el futuro, se logren mejores condiciones de vida para la clase trabajadora.

Desde el CEDLA y la Plataforma Energética hacemos la invitación para leer estos documentos y continuar el debate.

 

Javier Gomez Aguilar

DIRECTOR EJECUTIVO

CEDLA

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Castigo para las cooperativas, permanencia para las transnacionales y legalización del trabajo asalariado en las cooperativas: orientación de las nuevas normas sobre minería

Las nuevas leyes que modificarían la Ley 535 de Minería y la Ley de Reversiones tienen como novedades más importantes:

1) Aunque mantiene los Contratos Administrativos Mineros con Cooperativas, incluye una figura nueva: los "Contratos Administrativos Mineros en Áreas Bajo Administración Estatal" que se firmarán con las cooperativas que tenían arrendadas concesiones de la Comibol; en estos nuevos, la Comibol tendrá una participación económica (algo parecido al antiguo canon). De entre dichas cooperativas, a las que habían establecido contratos con empresas privadas en áreas arrendadas pertenecientes a Comibol (las que se portaron mal) se les "revierte" de plano las áreas mineras. Empero, este nuevo tipo de contrato servirá también para establecer contratos de Comibol con empresas privadas, lo que servirá —probablemente— para firmar contratos con las transnacionales que eran "socias" de las cooperativas en áreas estatales y que hoy han sido revertidas (Manquiri?), a las que el gobierno les ha prometido que no perderán derechos.

Este nuevo tipo de contrato elude la obligatoriedad de los Contratos de Asociación Estatal sobre la participación mayoritaria (55%) en las utilidades. Seguramente, para contentar a las transnacionales que ya operaban en el país bajo la cobertura de las cooperativas y que tendrían, por lo tanto, "derechos adquiridos".

2) Pese al golpe fuerte sobre las cooperativas en este aspecto, se ratifica la libertad concedida a ellas para contratas asalariados sin perder su carácter "social", por el que son tratadas como entidades sin fines de lucro y exentas de la obligación de pagar impuestos.  En el artículo 2 de la nueva ley se dice que las cooperativas están obligadas al "cumplimiento de las normas laborales en relación al personal dependiente no cooperativista". Es decir, que pese a explotar la fuerza de trabajo asalariada como cualquier empresa privada, a cambio de cumplir con los derechos laborales, seguirán siendo consideradas "cooperativas". O sea, el gobierno acepta el encubrimiento de la forma empresarial de las cooperativas, pese a que eso les sirvió durante el anterior conflicto para acusarles de "explotadoras", etc., etc.

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Nuestra palabra: la China en Bolivia

Nuestra palabra, la China en Bolivia

La Plataforma Energética iniciativa impulsada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en un nuevo ciclo, se ratifica como espacio participativo, plural y democrático para compartir y sistematizar información y análisis, generar conocimientos y promover la investigación y el debate público sobre la política energética y, dentro de ella, el futuro de los hidrocarburos, la minería de Bolivia y Latinoamérica.

Presentamos una serie de temas considerados vitales para nuestro país y Latinoamérica, éstos inciden en la política fiscal, la industria extractiva y deuda externa y sus efectos en el futuro de la región. 

A través de este espacio reflexivo buscamos contribuir a la interacción amplia de expertos, centros de investigación, instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales y empresariales.

Por sus objetivos, la Plataforma no pretende atribuirse representación social o sectorial alguna ni tiene la intención de elaborar propuestas de política energética. Sin embargo, los resultados y productos de las investigaciones y el debate son insumos útiles para la evaluación y formulación de políticas por parte de quienes corresponda.

En esta entrega, exhibimos la presencia China en Bolivia en un nuevo contexto de América Latina y el mundo y sus efectos en nuestro medio, los mismos que pasan desde la deuda externa, extractivismo, hasta la violación de derechos laborales.

Si bien hasta fines de los años ochenta y comienzo de los noventa, la presencia de empresas chinas se limitaba a inversiones en el sector gastronómico, actualmente la presencia de capitales, empresas y súbditos chinos se ha acrecentado desmedidamente, sentando presencia en la economía en varios sectores, desde el automotriz, construcción y tecnología industrial, en muchos casos a través de contratos millonarios con el gobierno a nombre del Estado boliviano.

En nuestra comprensión, el interés de China por nuestro país, radica en asegurar más recursos naturales para mantener su industria, en medio de condiciones ventajosas desde la flexibilización laboral y ambiental, teniendo como aliado al gobierno, quien en más de una oportunidad defendió la presencia de capitales chinos.

Desde el CEDLA y la Plataforma Energética, consideramos que todo apunta que las empresas y capital chino, llegaron para quedarse por buen tiempo, buscando acumular grandes ganancias, en una Bolivia que se perfila como territorio libre para la operación de consorcios chinos, con todas las consecuencias de endeudamiento, pérdida de soberanía financiera del país y la violación de la leyes laborales nacionales, derivando a una nueva dependencia del capital transnacional.
Visítanos: www.plataformaenergetica.org

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Contratos millonarios, grandes consecuencias - Las empresas chinas en Bolivia

Con el apoyo del gobierno actual, China viene expandiendo su presencia económica en Bolivia a través de negocios millonarios y favorables a las empresas y bancos de este país. Para Bolivia significa alto endeudamiento y mayor dependencia económica y, para los trabajadores, la violación de sus derechos.

Frente a la crisis capitalista mundial, China está ejecutando una estrategia de respuesta a la sobreacumulación de capital intensificando su influencia económica internacional y buscando beneficios para promover su crecimiento y estabilidad económica. De esta manera, se perfila como un actor clave en la economía y geopolítica global, tanto que en el escenario actual, la disminución de su crecimiento económico incidió en la caída de la demanda mundial y en la reducción de precios del petróleo y minerales, con efectos inmediatos en los países de América Latina cuyas economías se consolidaron con base en la exportación de materias primas.

Las relaciones entre China y Bolivia

La presencia de China en Bolivia es posterior a la de la mayor parte de los países de Sud América. Asimismo, recibe menos inversiones que estos países, sin embargo, la banca estatal de ese país asiático se ha convertido en los últimos años en la mayor fuente bilateral de recursos crediticios. El financiamiento que recibe tiene como destino principal la ejecución de proyectos de gran envergadura en los campos de tecnología, transporte militar, telecomunicaciones, construcción de carreteras y ferrocarriles, energía hidroeléctrica y agroindustria, entre otros. El desarrollo productivo no aparece como prioridad.

Las relaciones bilaterales entre China y Bolivia comenzaron a fortalecerse a partir del año 2011 como resultado de las visitas del presidente Morales a China y del Vice Primer Ministro chino Hui Liangyu al país. El gobierno boliviano calificó a esta relación como “Asociación Estratégica”  bajo la visión de “romper la hegemonía imperialista de Estados Unidos y alcanzar la independencia económica y de financiamiento” a partir de una "relación horizontal, sin subordinación ni imposiciones“, propósitos discursivos que buscan ocultar la presencia privilegiada creciente de empresas chinas en Bolivia.

La expansión china en Bolivia ¿Cooperación o negocio redondo?

 

El año 2011, en una primera etapa, se suscribieron 16 acuerdos comerciales en materia agrícola, de comunicaciones, de incentivos a la inversión, energía, minería y seguridad alimentaria, con el objetivo de profundizar las relaciones entre ambos países y promover la presencia de grandes consorcios empresariales estatales de China en los principales sectores de la economía nacional (energía, transporte, telecomunicaciones e industria). En esta etapa, el proyecto de mayor tamaño fue la construcción del Satélite “Túpac Katari”, con un préstamo de 251 millones de dólares del Banco de Desarrollo Chino [1]. En menor magnitud, se ejecutaron otros proyectos vinculados a la compra de aviones y helicópteros para las Fuerzas Armadas y, perforadoras para Yacimientos Pterolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que, sumados al anterior contrato, consolidaron al país asiático como el cuarto acreedor de Bolivia y el principal en términos bilaterales (ver Gráfico 1). Al mismo tiempo, las empresas chinas se convirtieron en las mayores contratistas del Estado boliviano beneficiándose con licitaciones y adjudicaciones directas, algunas bajo la modalidad de “llave en mano” [2], teniendo entre las fuentes principales de financiamiento al Tesoro General de la Nación y préstamos del Banco Central de Bolivia (BCB) otorgados a empresas públicas estratégicas para proyectos de gran alcance.

 

Sinohydro, Sinopec, Sinosteel, China International Water and Electric Corp (CWE), CAMC Engineering, China Railway, Vicstar Shenzhen son algunas de las empresas chinas que tienen actualmente en sus manos, las mayores inversiones del Estado. En el sector de transporte, las empresas chinas desplazaron a las empresas brasileñas que durante décadas concentraron los principales proyectos de construcción de carreteras. En este rubro, estas empresas se adjudicaron la construcción de la carretera Ichilo-Ivirgarzama y San Ignacio- Puerto Ganadero, varios puentes en la región amazónica y el ferrocarril Montero-Bulo Bulo. En energía participaron en el proyecto eólico Qollpana y actualmente en la construcción de la Central Hidroeléctrica San José. En la industria,  la construcción del Ingenio San Buenaventura, la Planta de Concentración de Estaño de Huanuni, la Planta Piloto Ensambladora de baterías de litio y las fábricas de cartón y de papel, entre  otros.

Varios de estos proyectos fueron cuestionados seriamente en cuanto a los aspectos técnicos, la factibilidad económica, cumplimiento de plazos, el desconocimiento de la legislación laboral y ambiental y fueron señalados como “elefantes blancos”. Si bien se rescindieron contratos con algunas empresas chinas, resalta de lejos que el capital chino llegó al país para quedarse por un buen tiempo con respaldo del actual gobierno.

Un efecto innegable: mayor endeudamiento y dependencia

A finales del 2015, el gobierno boliviano anunció un mayor financiamiento de créditos chinos para grandes proyectos de infraestructura e industriales y que la contratación de empresas de ese país sería una condición normal en préstamos bilaterales bajo la típica relación “gobiernos- empresas-bancos”, que termina privilegiando la participación de empresas chinas.

En la etapa inicial se plantearon 7.500 millones de dólares de endeudamiento, con lo que China llegaría a ser el principal acreedor de Bolivia elevando la deuda externa en más del 118%, monto que actualmente asciende a 6.340,8 millones de dólares [3]. Este crédito se encuentra en etapa de negociación debiendo ser aprobado en cada caso por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mientras tanto, varios proyectos millonarios fueron adjudicados a empresas chinas como la construcción de la ruta El Sillar a la empresa Sinohydro por 426 millones de dólares y bajo la modalidad de llave en mano, la Planta Siderúrgica de El Mutún a Sinosteel por 450 millones y el proyecto de Conversión del Aeropuerto de Santa Cruz en Central de Carga Internacional a Beijing Urban por 300 millones de dólares.  En mayo de este año está prevista la licitación del Proyecto Múltiple Rositas (con un presupuesto de 1.300 a 1.800 millones de dólares), en cuya primera fase de estudios ya participó la empresa Hydrochina con resultados que no son de conocimiento público.

A medida que se consolida la presencia china en Bolivia, también lo hacen las relaciones asimétricas con el país asiático y la dependencia del país. Por una parte, tal como señalamos, el requerimiento del gobierno actual de mayores inversiones y recursos financieros para planes de ejecución de grandes proyectos en desmedro del desarrollo y de la producción del país, implicará en el mediano y largo plazo, un elevado endeudamiento con China. Por otra parte, el saldo comercial con este país que históricamente fue negativo, viene creciendo exponencialmente hasta alcanzar en 2015 a 1.282 millones de dólares a favor de China. De acuerdo al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) Bolivia exportaba 66 productos a China de los cuales, los 9 principales son minerales, en cambio de China llegan a Bolivia 3.929 productos, entre aviones, computadoras, equipos electrónicos y motocicletas.

Las consecuencias negativas no terminan para el país. En el nuevo marco de contrataciones públicas, el Estado boliviano transfiere la evaluación de las previsiones y resultados de las costosas inversiones a las empresas ejecutoras de los proyectos, dejando a un lado el control estatal.

Empresas chinas y derechos laborales. El caso de Sinohydro

La presencia creciente de empresas chinas en Bolivia implicó para los trabajadores ocupados en algunos de éstas, el acceso a empleos precarios y la conculcación de sus derechos laborales concomitante con el pisoteo de la legislación laboral nacional. Este es el caso de la empresa Sinohydro a cargo del proyecto carretero Ichilo-Ivirgarzama que incumplió flagrantemente la legislación laboral nacional, cuyo acatamiento fue previsto en el Documento Base de Contrato establecido por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Un análisis del CEDLA sobre la situación de las condiciones laborales en esta empresa reveló que la misma incurrió en la no suscripción de contratos de trabajo que transparenten el respeto de los derechos laborales tratándose de proyectos que fueron objeto de licitación internacional, la falta de pago por horas extras de acuerdo a la legislación vigente, la carencia de seguro de salud, la adopción de insuficientes medidas de seguridad ocupacional, descuentos arbitrarios de los salarios, despidos injustificados, acoso laboral y el desconocimiento del fuero sindical y de los derechos colectivos en general. Los trabajadores lucharon por varios meses por cambiar esta situación adversa sin lograr la atención efectiva a sus demandas.

Bolivia no es la excepción ya que Sinohydro es una de las empresas chinas con mayores conflictos laborales y ambientales en el mundo. Es el caso del Ecuador donde esta empresa enfrentaba diez denuncias en la Fiscalía General y en siete juzgados civiles y laborales de este país, por la comisión, entre otros delitos, de presunto peculado y el incumplimiento del pago de haberes e indemnizaciones laborales. No obstante esta situación, de conocimiento del gobierno de Morales, se procedió a contratar a esta empresa, concediéndole además del proyecto mencionado, otras tres grandes obras, en una clara muestra de promoción y beneficio de la presencia de empresas chinas en el país.

El dragón chino a paso de parada

Por lo señalado, todo apunta a que las empresas y capital chino en Bolivia llegaron para quedarse un buen tiempo y acumular grandes ganancias. Como destaca el documento del CEDLA, Bolivia se perfila como territorio libre para la operación de consorcios chinos con todas las consecuencias de endeudamiento, pérdida de soberanía financiera del país y la violación de las leyes laborales locales. Para los trabajadores del proyecto carretero en cuestión, Sinohydro es sinónimo de sobreexplotación laboral y violación mayúscula de derechos.

El cuestionamiento sobre el despliegue del dragón chino en Bolivia interpela al gobierno de Evo Morales por haber privilegiado a intereses económicos de empresas chinas en desmedro de los intereses de los obreros y de la soberanía jurídica nacional. Pero también interpela al silencio cómplice de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y la inoperancia del Ministerio de Trabajo que, recientemente anunció la aplicación de una sanción económica a Sinohydro sin importar la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y el ejercicio de sus derechos.

 

[1] Las condiciones del préstamo son a 20 años plazo con un interés libor a 6 meses más 2,7%.

[2] Significa que la empresa que se adjudica el contrato se hace cargo de la totalidad del proyecto (estudios de factibilidad, diseños de ingeniería y construcción) y que la decisión de ejecutar el proyecto ha sido adoptada por el Estado sin contar con criterios económicos y técnicos, al mismo tiempo que su intervención resulta reducida.

[3] Informe de Deuda Externa Publica al 31 de diciembre de 2015, BCB.

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El Plan de Desarrollo (PDES) 2015-2020: soberanía financiera o subordinación al capital extranjero?

El PDES plantea la continuidad de la política económica de las dos gestiones anteriores del gobierno del MAS. En correspondencia con el objetivo de mantener similares niveles de crecimiento económico, persiste en la generación de excedentes económicos para el Estado, pero en un contexto de caída de las cotizaciones internacionales de las materias primas que exporta el país.

Por ello, aunque afirma que en 2020 la estructura económica debería ser diferente al patrón primario-exportador gracias a la diversificación productiva e industrialización, permitiendo generar ingresos duraderos, propone impulsar nuevos sectores económicos cuya orientación fundamental, sin embargo, sería también la exportación. A pesar de que postula un mayor protagonismo de pequeños productores y economías comunitarias, el plan mantiene la prioridad de los sectores extractivos y de la producción con destino a la exportación.

Entre las principales metas se propone: i) aumentar las reservas de minerales de 313 Toneladas Métricas (Tm) a 1.060 Tm y llegar a industrializar “al menos” el 80% de los concentrados mineros, ii) aumentar las reservas probadas de hidrocarburos de 10,5 Trillones de pies cúbicos (Tcf) de gas a 17,5 Tcf, elevar las reservas de petróleo de 211 millones a 411 millones de barriles, incrementar la producción diaria de gas de 60 a 73 millones de metros cúbicos, aumentar la producción diaria de combustibles a 69 mil barriles, incrementar la producción  de GLP desde las 432.000 Tm a 820.000 Tm, iv) producir 600 mil Tm de Urea al año, v) aumentar la superficie agrícola hasta 4.7 millones de hectáreas, elevar la producción agrícola hasta los 24.3 millones de Tm e incrementar el hato ganadero hasta los 11 millones de cabezas, vi) aumentar la potencia eléctrica efectiva hasta 4.878 megavatios  (MW) y la generación en 2.954 MW, de los cuales el 88% se destinarían a la exportación, y vii) consolidar el Centro de Investigaciones Nucleares, con propósitos médicos y “otros” usos pacíficos. Consecuentemente, se propone construir nuevos ductos de transporte de hidrocarburos (al menos cinco) y nuevas líneas de transmisión eléctrica (4.043 km).

La inversión necesaria para alcanzar esas metas debería subir, como porcentaje del PIB, desde el 21% actual hasta el 24% para el 2020, correspondiendo el 13% a la Inversión Pública y el 11% a la Inversión Privada.

La Inversión Pública alcanzaría los 48.574 millones de dólares en los cinco años; un promedio anual de inversión de 8.095 millones de dólares, muy lejana del promedio de los últimos cinco años fue de 2.977 millones de dólares y el doble de la mayor inversión ejecutada de 4.507 millones de dólares en el 2014.  Como la prioridad de la inversión del Estado seguirían siendo los sectores ligados a la explotación de los recursos naturales y los de infraestructura, se prevé que del total de la Inversión Pública el 56% estará destinado a la inversión en sectores productivos (hidrocarburos, minería, agropecuaria, energía, manufactura, turismo y otros), duplicando su participación respecto a la que tuvieron en el período 2010-2014 con un 33,99%. En cambio, la inversión en sectores de infraestructura caería de 34.6% a 23% y los sectores sociales de 13,06% a 11% y medioambiente y agua de 18,36% a 10%.

Lo más destacable de esas previsiones es, sin embargo, que como el mismo PDES estima que el Ahorro Nacional Bruto caería —por efecto de la reducción de los precios de las materias primas de exportación— desde el 20% actual a sólo el 16% para 2020, la Inversión Extranjera Directa (IED) debería duplicarse en este período respecto al nivel de los últimos cinco años, alcanzando un valor equivalente al 8% del PIB en el año 2020.

Asimismo, se debe tomar en cuenta que en la composición por origen de los recursos para la Inversión Pública, se produciría un cambio importante: mientras en los últimos cinco años las fuentes internas constituyeron el 75% del total, en el período 2015-2020 bajarían su participación a sólo 55%. El restante 45% de la Inversión Pública provendría de fuentes externas: 39% de organismos internacionales y de gobiernos extranjeros y 6% de otras fuentes externas como, por ejemplo, de las empresas que se adjudiquen proyectos de infraestructura y productivos.

En consecuencia, la Deuda Pública Total se incrementaría desde el actual nivel de 25% del PIB hasta un 39% del PIB para el año 2020; en términos absolutos la deuda subiría aproximadamente en 10.000 millones de dólares.

Curiosamente, el PDES denomina a esta política “soberanía financiera”, aunque queda claro que lo que en realidad postula es la exacerbación la presencia hegemónica del capital transnacional en la economía,  que ha agudizado el carácter rentista de la economía y del Estado.

La década de gestión económica del gobierno del MAS no planteó la ruptura con el capital imperialista para desarrollar el país, sino que intentó armonizar sus intereses con los de la economía estatal y de la economía comunitaria, supuestamente para construir un nuevo tipo de economía “socialista”. La “nacionalización” no fue  más allá de una reforma tributaria que, mientras duró el ciclo de precios altos de los commodities, permitió la generación de elevadas rentas fiscales para financiar políticas populistas de redistribución; no significó la expulsión de la inversión extranjera, sino más bien su permanencia bajo nuevas condiciones, pero sin cuestionar su presencia hegemónica. El gobierno desde un principio le garantizó su presencia, llegando a otorgarle incentivos y ventajas para cumplir el objetivo gubernamental de obtención de más ingresos fiscales [1], situación que se agudizó debido a la caída de los precios de las materias primas.

En conclusión, la orientación de la política económica del gobierno de Evo Morales, no sólo permitió la permanencia del capital transnacional como socio del Estado sino que, en la perspectiva señalada por el PDES para el período 2015-2020, profundizará la dependencia de la economía nacional de las vicisitudes del capital a nivel mundial. Es bien sabido que en períodos de crisis el capitalismo, enfrentado a la falta de oportunidades para invertir las enormes sumas de dinero que permanecen sin valorizarse, amplía y refuerza sus acciones dirigidas a contrarrestar la caída de la tasa de ganancia, entre ellas el incremento de exportación de manufacturas, la búsqueda de materias primas para rebajar los costos del capital constante y la ampliación del crédito a países extranjeros.

En este sentido, el gobierno autodenominado “socialista”, no sólo continúa con la tarea de consolidación de una economía capitalista atrasada basada en el saqueo de los recursos naturales y la explotación feroz de la fuerza de trabajo, sino que al abrir indiscriminadamente la economía al arribo de capitales provenientes de las grandes potencias, contribuye al salvataje del capitalismo en crisis.

 

[1] Los más destacables: incentivo petrolero de 30 dólares adicionales por barril de petróleo desde 2012 e incentivos incrementados hasta 55 dólares por barril y para la producción de condensado, aprobados por la Ley para la Promoción de Inversión Hidrocarburífera de 2015.

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Más dependencia, menos desarrollo ¿Quién gana con los megaproyectos en Bolivia?

La inversión de recursos para infraestructura resulta de importancia económica y social, las políticas públicas que tendrían que dirigir esfuerzos importantes a la satisfacción de necesidades sociales de servicios de saneamiento, transporte, educación, producción y energía para las poblaciones, históricamente no son diseñadas para que el mayor porcentaje de inversiones lleguen a esos sectores. Grandes proyectos de infraestructura e industriales resultan promovidos y planificados en el país bajo el argumento de “desarrollo”, “salto industrial” y el objetivo de mantener el crecimiento económico, la competitividad, la creación de empleo y la reducción de la pobreza o con la justificación de necesidad de renta para la inversión social. Es así que las políticas públicas y los discursos gubernamentales se concentran en promocionar las mayores inversiones del Estado que se dirigen a proyectos de construcción de carreteras destinadas al comercio internacional, ferrocarriles bioceánicos, centrales hidroeléctricas para la exportación de electricidad y plantas industriales justificadas a partir del potenciamiento del mercado.

El paquete anunciado de financiamiento chino de 7500 millones de dólares para megaproyectos de transporte, hidroeléctricas, riego y plantas industriales, que llegaría a tener un gran impacto en la deuda de Bolivia; los programas de apoyo al sector transporte de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que consolidan hasta ahora a este banco como el principal acreedor del país y los principales préstamos del Bando Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se concentran en proyectos de infraestructura a gran escala como parte esencial de la planificación del desarrollo de Bolivia.

Qué significa en realidad un “megaproyecto”?

Resultado de algunos estudios, se ha propuesto las “seis C” como herramienta teórica para intentar identificar dichos proyectos. En base a algunas de sus características más visibles, se señala que se trata de obras: colosales en tamaño y alcance; cautivadoras por los retos en ingeniería que suponen y su anti esteticismo; costosas, generalmente con costos superiores a los proyectados; controversiales; complejas y con problemas de control” [1]. No se trata de emprendimientos aislados, en los hechos constituyen una red logística y de ocupación territorial que significa la transformación del espacio y un profundo reordenamiento involucrando la modificación de las relaciones existentes, nuevos actores y dinámicas en las relaciones económicas, sociales y culturales.

Deuda, inversiones y megaproyectos en tiempos de bonanza y crisis

Desde finales del siglo XX y principios del XXI, nos encontramos en un periodo de explotación de la naturaleza que no ha tenido precedentes. La demanda creciente proveniente principalmente de los países emergentes, en particular China e India, el crecimiento de la población mundial y el desarrollo tecnológico han generado la explotación masiva de recursos naturales para su incorporación en los mercados internacionales en un contexto de elevados precios de materias primas. Sectores como la minería y el petróleo, forestal y el agro-negocio, han estado en una etapa de permanente crecimiento acompañados de cuantiosas inversiones en grandes proyectos de infraestructura ejecutados con el fin de sustentar el mercado y el crecimiento de la economía global.

Grandes obras que en general han mantenido la dependencia del financiamiento externo para su ejecución, y enfocadas en la expansión del mercado y la libre circulación de mercaderías y capitales. A través de estas obras, los territorios han resultado intervenidos para el acceso y explotación de recursos cada vez más escasos y para la interconexión de estas regiones con los centros mundiales de producción industrial, constituyendo a su vez nuevos mercados para esa producción. Las promesas usualmente fueron la creación de nuevos puestos de trabajo que probablemente fueron creados, pero no entre los trabajadores industriales sino en servicios y comercio.

Sin embargo, en los últimos años el panorama mundial ha cambiado, el "crecimiento" prometido no es el mismo para todos y menos aún sostenible, si bien China sigue creciendo a un ritmo más lento, los países latinoamericanos ya están sufriendo los efectos del proceso de reprimarización de sus economías y escaso desarrollo industrial del periodo de auge de los precios de las materias primas. Los primeros afectados resultan los trabajadores que rápidamente ven reducidos sus ingresos y fuentes de trabajo. 

Nos encontramos en un escenario de contracción de la economía mundial, reducción del volumen del comercio regional, disminución en los precios de las materias primas, incertidumbre en relación al desarrollo de las condiciones comerciales y financieras internacionales y disponibilidad de recursos, que están llevando a estrategias y acciones definidas como "colectivas", es decir, que deben adoptar “todos” los países para sostener la demanda mundial.

Las mayores economías del mundo reunidas en el G-20 [2] junto al Grupo del Banco Mundial (GBM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD) establecieron y se encuentran liderando desde el año 2014, medidas para combatir el estancamiento de la economía global, promover el crecimiento del G-20, impulsar en 2,1% su PIB hasta el 2018 y crear millones de puestos de trabajo. Estas decisiones que afectan las relaciones con los países en desarrollo, involucra entre sus mayores prioridades fortalecer el sector de infraestructura y concretar cuantiosas inversiones reuniendo a inversores y a promotores de grandes proyectos en todo el mundo. El año 2015, definieron que deben invertirse adicionalmente 1 billón de dólares al año hasta el 2020 en el impulso al desarrollo de infraestructuras como motor del crecimiento y el comercio internacional, destacando la importancia de la participación privada y subrayando la necesidad de facilitación y crecimiento del comercio a partir de medidas que simplifiquen y reduzcan los costos.

Este retorno poco visible de las instituciones pilares de la ideología neoliberal del Consenso de Washington (FMI; BM) se va fortaleciendo gradualmente sustentado en el “financiamiento al desarrollo” que establece “cerrar la brecha en infraestructura” como factor clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De esta manera, el rápido avance de la estrategia definida por el G-20 se consolida y asumida globalmente. Los países desarrollados, el sector financiero internacional y las mayores corporaciones del mundo van avanzando para que los países en vías de desarrollo que forman parte del G-77 (que actualmente incluye a 134 países principalmente de Centro y Sud América y de África), del que es parte Bolivia, acepten las recomendaciones para enfrentar la disminución de la demanda mundial y la crisis del sistema capitalista.

Es evidente que se avecina un nuevo ciclo de endeudamiento que en los hechos ya ha sido anunciado por el gobierno boliviano, vivimos la emergencia de nuevos actores, como los bancos y empresas chinas, emerge el financiamiento de India y Rusia junto a mayor protagonismo de actores tradicionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento, involucrados en el crecimiento de la deuda pública de los últimos años y en particular en la constitución de nuevos marcos regulatorios, flexibilización de normas de contratación pública y ambientales, promoción e incentivos a la inversión extranjera y circulación del capital.

Nuevos instrumentos de financiamiento son creados rápidamente por la banca multilateral y están orientados en: a) apoyar a gobiernos para que ofrezcan al mercado “proyectos bien preparados y viables” para las inversiones público-privadas, b) apoyar en la definición de prioridades de inversión, reformas legales y administrativas para la participación del sector privado, c) evaluar la factibilidad de las inversiones y la factibilidad de estructuración de las Asociaciones Público Privadas (APP), d) diseñar e implementar las transacciones y e) financiar proyectos, que  responden esencialmente a una estrategia que pretende dar respuesta a la crisis con la generación de mejores condiciones para las inversiones privadas en función del interés del capital transnacional y buscando recuperar la drástica caída a nivel mundial de inversiones en infraestructura.

El beneficio de los megaproyectos

Es innegable que el discurso de “desarrollo” a partir de mega-inversiones asentado en la promoción del consumo intensivo y explotación insustentable de recursos encuentra gran receptividad en la sociedad boliviana, no solo de grupos económicos y de poder, sino también en los sectores de bajos ingresos quienes mantienen las expectativas de que las grandes inversiones del Estado se conviertan en empleos y fuente de ingresos.

Sin embargo, los megaproyectos resultan de una dinámica e interrelación de actores e impulsores que intervienen en diferentes escalas y tiempos para garantizar sus intereses.

Por una parte, la banca multilateral y bilateral continúa con la imposición de prioridades con implicancias que superan el financiamiento llegando a definir políticas y el sustento discursivo que las acompañan. El negocio de la consultoría es en general poco visibilizado, en muchos casos con resultados escasos en términos de profundidad de estudios y en particular en términos de veracidad sobre las expectativas de desarrollo que generaría un determinado proyecto; los consorcios internacionales de la construcción, que se adjudican los más grandes proyectos del país en muchos casos en cuestionados y poco transparentes procesos, y que movilizan un amplio sector industrial en sus respectivos países, resultan entre los receptores de los beneficios inmediatos. En conjunto constituyen parte del sistema que funciona para garantizar la expansión acelerada del capital en la región, promoviendo la competitividad de las empresas especializadas en la explotación de materias primas y las ganancias del capital transnacional asegurándose el acceso presente y futuro a recursos naturales a partir de la red logística de infraestructura y las facilidades regulatorias.    

Estas políticas e inversiones sustentadas en las necesidades de producción de renta y facilitación del comercio internacional, en muchos casos significan la transferencia de externalidades e impactos negativos a la mayoría de la población, antes que la generación real de beneficios. Es así, que evidenciamos la rápida expansión de periferias urbanas empobrecidas y el desarrollo de ciudades intermedias, receptoras de la población migrante del área rural que está siendo desplazada por grandes proyectos de transporte, hidrocarburos y minería, agroindustria de exportación o por las precarias perspectivas y condiciones de vida resultado de la continuidad de políticas que se rigen a las normas del mercado, establecidas en el período neoliberal.

 

[1] K. T. Frick,  en <http://waset.org/publications/8231/mega-projects-andgovernmentality>

[2] El G20 está formado por un grupo de países que constituyen las veinte mayores economías mundiales. Está compuesto por 19 países (Argentina, Australia, Brasil, Reino Unido, Alemania, la India, Indonesia, Italia, Canadá, China, México, Corea del sur, Rusia, Arabia Saudita, Estados Unidos, Turquía, Francia, Sudáfrica, Japón y la Unión Europea como bloque económico. Participan también de las mesas de discusión -aunque sin voto- los principales organismos multilaterales, como el FMI, el Banco Mundial, la ONU y la OIT. Los miembros del G-20 cuentan con más del 80% del PIB mundial, el 80% del comercio internacional y dos tercios de la población mundial.

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CEDLA: paradojas y contradicciones en el negocio de exportación de GLP a Paraguay

Un análisis de la Plataforma Energética del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) encuentra que el negocio de exportación de gas licuado de petróleo (GLP) al vecino Paraguay está lleno de contradicciones y paradojas que evidencian “los agudos problemas de planificación por los que atraviesa el sector”. Acceda al documento completo. 

La Paz, Bolivia – Febrero 01, 2013 – El negocio de exportación de gas licuado de petróleo (GLP) al vecino Paraguay está lleno de contradicciones y paradojas que evidencian “los agudos problemas de planificación por los que atraviesa el sector”, según un análisis de la Plataforma Energética del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).    En el documento “Paradojas de una curiosa nacionalización”, la Plataforma encuentra, por ejemplo, que en el período enero 2011 a septiembre 2012 se generó un superávit mensual promedio de 4.525 toneladas métricas (Tm) de GLP, lo que no justificaba su importación; pero YPFB lo hacía. “Si mantener las importaciones, a pesar de que la producción nacional excede al consumo, hubiese tenido el objetivo de generar el superávit mencionado para crear una ‘reserva’ de GLP destinada a enfrentar posibles contingencias, ¿cómo se justifica la intención de exportar la reserva?”, cuestiona. Y tiene también observaciones sobre el precio de exportación: “¿Cómo se justifica que habiendo importado GLP a un costo de 1.145  $us/Tm se pretende exportarlo a 750 $us/Tm?”.   ¿Subsidio? En declaraciones a la agencia estatal de noticias, ABI, el presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, dijo el pasado 28 de noviembre de 2012 que la exportación de GLP supondría para el país un ahorro de 43,6 millones de bolivianos en 2012 y de 315,9 el 2013; es decir, 359 millones de bolivianos.  Al respecto, la Plataforma observa que el Gobierno llama “subvención” al monto de dinero que el mismo Estado eroga a favor de YPFB para compensar la diferencia entre el costo “real” de una garrafa de GLP (Bs 34) y su precio de comercialización (Bs 22,5) y cuestiona: “¿Es correcto llamar subsidio al dinero que para mantener el precio nominal de GLP, va de una repartición estatal a otra?”.    ¿Y el gas para los bolivianos? En su análisis, la Plataforma encuentra que en el país el GLP representa, en cantidad de energía, el 45% del consumo nacional del sector residencial, seguido de la biomasa (leña, estiércoles, carbón vegetal) que cubre el 31% y cuya utilización se concentra en las áreas rurales. Que la electricidad cubre el 20% y el gas natural representa apenas el 2,7% de dicho consumo, “por mucho esfuerzo y entusiasmo que le ponga Doña Satuca en su altisonante y costosa propaganda sobre “el gas domiciliario”, señala.  Por tanto, “el hecho que la biomasa represente un tercio del consumo residencial nacional –y que la tendencia no haya variado en los últimos diez años– es señal inequívoca de que los problemas ligados a la gestión de la cadena de producción y distribución del GLP, principalmente para las áreas rurales, no han recibido la atención que merecen de parte del Gobierno del “proceso de cambio”.   Sigue el esquema neoliberal Todo este panorama, señala la Plataforma, evidencia que “a pesar de que el sector fue ‘nacionalizado’, el cálculo de precios del GLP obedece aún a las prácticas de la reforma liberal.  “Toda esta problemática –continúa el documento de la Plataforma Energética–  desnuda los agudos problemas de planificación por los que atraviesa el sector. Debiéramos preguntarnos acerca de la capacidad real de almacenamiento de GLP de YPFB; de las razones reales para mantener la cadena de distribución centralizada y no dar paso a las engarrafadoras municipales rurales; de ignorar el potencial del GLP para apoyar el proceso de transición de la matriz energética nacional; etc. En suma, estamos pensando en varias tareas pendientes para mejorar la gestión del mercado interno que parece no tener peso frente al “chip” exportador de las autoridades nacionales, analistas y expertos del sector”. PrevisualizarAdjuntoTamaño bol_energetico_8.pdf318.91 KB

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