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Foro Debate: Matriz energética regional, políticas del sector e integración regional

El crecimiento económico de los países sudamericanos en la última década se atribuye en una importante magnitud al incremento de las exportaciones de energía primaria debido, principalmente, a un contexto favorable de los precios internacionales de los energéticos. En tal situación, varios países optaron por incrementar sus exportaciones de energía primaria con la finalidad de elevar sus ingresos provenientes de la renta de su producción.

Los últimos años, la situación de caída sostenida y prolongada de los precios de las materias primas en los mercados internacionales y particularmente del petróleo, configura un escenario de transformación e incertidumbre sin precedentes para el sector energético mundial, que junto al contexto de recesión y el futuro marco climático, constituyen una importante preocupación para gobiernos, empresas y sociedad.

El panorama energético presente en América Latina, región en la que los combustibles fósiles han mantenido su preponderancia durante los últimos quince años, tiende a consolidarse con la preocupación de los gobiernos para mantener los ingresos a partir de la respuesta tradicional, es decir, mayor intensidad de producción a partir de incentivos y ventajas a la producción y explotación petrolera, mayor apertura al capital privado en la cadena y el establecimiento de políticas que favorezcan la inversión extranjera en los sectores de hidrocarburos y electricidad.

A lo anterior se suma el evidente liderazgo regional de Brasil expresado en su dimensión política, territorial y poblacional, por su poder centrípeto y por su capacidad de absorber cantidades importantes de hidrocarburos y energía de sus vecinos. Condiciones que han resultado no solo en que es el socio de mayor importancia y necesario para los países de América del Sur, sino también, es el país que de gran manera ha marcado el rumbo de las políticas energéticas y del proceso de integración tanto de infraestructura como energética de la mayor parte de los países sudamericanos. En ese sentido, el cambio de dirección de la política energética brasileña con componentes relacionados con la privatización de actividades y campos hasta hace poco manejados por la empresa estatal, el inicio de la explotación de hidrocarburos en el mar, la diversificación de fuentes de energía, hace visibles incertidumbres en las relaciones energéticas con sus vecinos y en el marco de la integración regional.  

Este panorama parece mostrar importantes cambios e implicaciones económicas y políticas además de las ya visibles modificaciones de estándares regulatorios existentes sobre derechos humanos, derechos laborales y ambientales. Plantea interrogantes en torno a la sustentabilidad de los sistemas energéticos y particularmente en lo que se refiere al objetivo global de lograr matrices energéticas cada vez con menor contenido de carbono y menores emisiones de gases de efecto invernadero.

A partir de un estudio que analiza, por una parte, información oficial básica e indicadores que describen la evolución y realidad del sistema energético nacional y regional, la orientación y resultados de las políticas públicas del sector aplicadas en la región en un marco histórico de los últimos quince años llegando a profundizar en los elementos centrales que dirigen estas políticas imperantes en la región, que  es complementado por una evaluación de los procesos de integración energética regional en el que se desarrollan los acuerdos de interconexión y comercio de energía entre los país de Sud América; el CEDLA, el Rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés y la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, consideran necesaria y urgente promover un espacio de análisis y debate con amplia participación de los trabajadores, organizaciones laborales e instituciones académicas, sobre la evolución de la matriz energética boliviana y regional, la dirección de la política sectorial y de integración regional como componente esencial de la política económica y planificación del país.

En este evento se busca debatir en relación a importantes interrogantes:

  • ¿Las políticas energéticas y económicas vigentes en los países de Sud América y en particular Bolivia, han buscado y han sido efectivas en la transformación de la matriz energética, reducción de la dependencia de la renta proveniente de la explotación de los hidrocarburos y en la transformación productiva?
  • Es posible señalar que los países sudamericanos y en particular Bolivia, se encuentran en el tránsito de la matriz energética más equilibrada hacia la producción de energía renovable y de bajas emisiones?
  • La dinámica del mercado sudamericano en el periodo de elevados precios de los hidrocarburos ha significado para la región mejoras en relación a la dependencia de importaciones de energía e hidrocarburos? ¿Qué perspectivas se tiene hacia adelante?
  • Las características de las relaciones en materia energética de los países sudamericanos contribuyen a la integración económica, social y política de nuestros países o solo se sustentan en el comercio de energía?

FIDEStv, entrevista Silvia Molina sobre evento Discursos y Realidades, 24/4/2017

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Nuestra Palabra: La Economía del Oro y su legado en Sudamérica

El alza internacional de precios de materias primas, causada por la expansión industrial en economías asiáticas y la especulación financiera en las ventas de minerales a futuro y, particularmente del oro como reserva de valor han llevado a un proceso de intensificación de la explotación de este mineral en la región sudamericana.

Este inusitado interés por la explotación de recursos auríferos, ha generado conflictos de intereses entre actores por el acceso a las rentas, dejando de lado los derechos de los pueblos indígenas donde existen esos recursos. Por otra parte, frente a la falta de oportunidades de empleo en otros sectores de la economía, las poblaciones más vulnerables de trabajadores, entre ellos mujeres y niños, acceden a empleos de baja calidad y sin derechos laborales. Asimismo, los beneficios que deja la explotación aurífera son mínimos, con sistemas tributarios muy flexibles. La explotación en lugares donde existe poco control estatal también genera evasión y contrabando del recurso así como lavado de dinero.

Estas investigaciones pretenden visibilizar la problemática general que encierra la extracción de oro en ciertos países de la región sudamericana, es una lectura exploratoria, introductoria, y preliminar que permitirá confirmar o rechazar los efectos que causa la economía del oro.

Los ensayos que presentamos corresponden a los países de Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina. Salvo este último, en todos los países la producción se realiza mayoritariamente en la región Amazónica, sin embargo, las diferencias geográficas parecen diluirse con la dinámica capitalista que le imprime el mercado mundial del oro, es decir una tendencia al control directo de la producción por las empresas transnacionales de la minería aurífera, acompañada de una política favorable, alta conflictividad social y deterioro ambiental.

En Bolivia, Colombia, Ecuador y Brasil, la minería a pequeña escala tiene importante relevancia pues cuenta con una fuerza de trabajo masiva en relación a la tecnología empleada, y por tanto sensible a la conflictividad social, a disputas por yacimientos, convirtiendo las regiones en tierra de nadie, con escaso control de la producción, malas condiciones de trabajo con ausencia de beneficios sociales y legales para sus trabajadores.

Todos los países cuentan con sistemas impositivos bastante favorables a la explotación, por ejemplo la regalía minera que es un derecho del Estado como propietario de la tierra, en promedio no supera el 3% del valor bruto de producción. Esto sin contar la gran cantidad de producción no registrada y que sale de contrabando de los países, existiendo altos niveles de evasión y elusión fiscal.

Finalmente, el deterioro ambiental y el impacto sobre las comunidades afectadas es un aspecto que se desconoce en profundidad, señalándose la ausencia de un Estado que haga cumplir las leyes.

Toda esta amplia problemática que genera la explotación del oro, se pretende visibilizar con estos estudios, con el afán de despertar la discusión de los actores, organizaciones sociales, el gobierno y sociedad civil en general sobre los impactos buenos y perversos que genera la explotación del oro, a fin de que, en el futuro, se logren mejores condiciones de vida para la clase trabajadora.

Desde el CEDLA y la Plataforma Energética hacemos la invitación para leer estos documentos y continuar el debate.

 

Javier Gomez Aguilar

DIRECTOR EJECUTIVO

CEDLA

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Nuestra palabra: la China en Bolivia

Nuestra palabra, la China en Bolivia

La Plataforma Energética iniciativa impulsada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en un nuevo ciclo, se ratifica como espacio participativo, plural y democrático para compartir y sistematizar información y análisis, generar conocimientos y promover la investigación y el debate público sobre la política energética y, dentro de ella, el futuro de los hidrocarburos, la minería de Bolivia y Latinoamérica.

Presentamos una serie de temas considerados vitales para nuestro país y Latinoamérica, éstos inciden en la política fiscal, la industria extractiva y deuda externa y sus efectos en el futuro de la región. 

A través de este espacio reflexivo buscamos contribuir a la interacción amplia de expertos, centros de investigación, instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales y empresariales.

Por sus objetivos, la Plataforma no pretende atribuirse representación social o sectorial alguna ni tiene la intención de elaborar propuestas de política energética. Sin embargo, los resultados y productos de las investigaciones y el debate son insumos útiles para la evaluación y formulación de políticas por parte de quienes corresponda.

En esta entrega, exhibimos la presencia China en Bolivia en un nuevo contexto de América Latina y el mundo y sus efectos en nuestro medio, los mismos que pasan desde la deuda externa, extractivismo, hasta la violación de derechos laborales.

Si bien hasta fines de los años ochenta y comienzo de los noventa, la presencia de empresas chinas se limitaba a inversiones en el sector gastronómico, actualmente la presencia de capitales, empresas y súbditos chinos se ha acrecentado desmedidamente, sentando presencia en la economía en varios sectores, desde el automotriz, construcción y tecnología industrial, en muchos casos a través de contratos millonarios con el gobierno a nombre del Estado boliviano.

En nuestra comprensión, el interés de China por nuestro país, radica en asegurar más recursos naturales para mantener su industria, en medio de condiciones ventajosas desde la flexibilización laboral y ambiental, teniendo como aliado al gobierno, quien en más de una oportunidad defendió la presencia de capitales chinos.

Desde el CEDLA y la Plataforma Energética, consideramos que todo apunta que las empresas y capital chino, llegaron para quedarse por buen tiempo, buscando acumular grandes ganancias, en una Bolivia que se perfila como territorio libre para la operación de consorcios chinos, con todas las consecuencias de endeudamiento, pérdida de soberanía financiera del país y la violación de la leyes laborales nacionales, derivando a una nueva dependencia del capital transnacional.
Visítanos: www.plataformaenergetica.org

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Contratos millonarios, grandes consecuencias - Las empresas chinas en Bolivia

Con el apoyo del gobierno actual, China viene expandiendo su presencia económica en Bolivia a través de negocios millonarios y favorables a las empresas y bancos de este país. Para Bolivia significa alto endeudamiento y mayor dependencia económica y, para los trabajadores, la violación de sus derechos.

Frente a la crisis capitalista mundial, China está ejecutando una estrategia de respuesta a la sobreacumulación de capital intensificando su influencia económica internacional y buscando beneficios para promover su crecimiento y estabilidad económica. De esta manera, se perfila como un actor clave en la economía y geopolítica global, tanto que en el escenario actual, la disminución de su crecimiento económico incidió en la caída de la demanda mundial y en la reducción de precios del petróleo y minerales, con efectos inmediatos en los países de América Latina cuyas economías se consolidaron con base en la exportación de materias primas.

Las relaciones entre China y Bolivia

La presencia de China en Bolivia es posterior a la de la mayor parte de los países de Sud América. Asimismo, recibe menos inversiones que estos países, sin embargo, la banca estatal de ese país asiático se ha convertido en los últimos años en la mayor fuente bilateral de recursos crediticios. El financiamiento que recibe tiene como destino principal la ejecución de proyectos de gran envergadura en los campos de tecnología, transporte militar, telecomunicaciones, construcción de carreteras y ferrocarriles, energía hidroeléctrica y agroindustria, entre otros. El desarrollo productivo no aparece como prioridad.

Las relaciones bilaterales entre China y Bolivia comenzaron a fortalecerse a partir del año 2011 como resultado de las visitas del presidente Morales a China y del Vice Primer Ministro chino Hui Liangyu al país. El gobierno boliviano calificó a esta relación como “Asociación Estratégica”  bajo la visión de “romper la hegemonía imperialista de Estados Unidos y alcanzar la independencia económica y de financiamiento” a partir de una "relación horizontal, sin subordinación ni imposiciones“, propósitos discursivos que buscan ocultar la presencia privilegiada creciente de empresas chinas en Bolivia.

La expansión china en Bolivia ¿Cooperación o negocio redondo?

 

El año 2011, en una primera etapa, se suscribieron 16 acuerdos comerciales en materia agrícola, de comunicaciones, de incentivos a la inversión, energía, minería y seguridad alimentaria, con el objetivo de profundizar las relaciones entre ambos países y promover la presencia de grandes consorcios empresariales estatales de China en los principales sectores de la economía nacional (energía, transporte, telecomunicaciones e industria). En esta etapa, el proyecto de mayor tamaño fue la construcción del Satélite “Túpac Katari”, con un préstamo de 251 millones de dólares del Banco de Desarrollo Chino [1]. En menor magnitud, se ejecutaron otros proyectos vinculados a la compra de aviones y helicópteros para las Fuerzas Armadas y, perforadoras para Yacimientos Pterolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que, sumados al anterior contrato, consolidaron al país asiático como el cuarto acreedor de Bolivia y el principal en términos bilaterales (ver Gráfico 1). Al mismo tiempo, las empresas chinas se convirtieron en las mayores contratistas del Estado boliviano beneficiándose con licitaciones y adjudicaciones directas, algunas bajo la modalidad de “llave en mano” [2], teniendo entre las fuentes principales de financiamiento al Tesoro General de la Nación y préstamos del Banco Central de Bolivia (BCB) otorgados a empresas públicas estratégicas para proyectos de gran alcance.

 

Sinohydro, Sinopec, Sinosteel, China International Water and Electric Corp (CWE), CAMC Engineering, China Railway, Vicstar Shenzhen son algunas de las empresas chinas que tienen actualmente en sus manos, las mayores inversiones del Estado. En el sector de transporte, las empresas chinas desplazaron a las empresas brasileñas que durante décadas concentraron los principales proyectos de construcción de carreteras. En este rubro, estas empresas se adjudicaron la construcción de la carretera Ichilo-Ivirgarzama y San Ignacio- Puerto Ganadero, varios puentes en la región amazónica y el ferrocarril Montero-Bulo Bulo. En energía participaron en el proyecto eólico Qollpana y actualmente en la construcción de la Central Hidroeléctrica San José. En la industria,  la construcción del Ingenio San Buenaventura, la Planta de Concentración de Estaño de Huanuni, la Planta Piloto Ensambladora de baterías de litio y las fábricas de cartón y de papel, entre  otros.

Varios de estos proyectos fueron cuestionados seriamente en cuanto a los aspectos técnicos, la factibilidad económica, cumplimiento de plazos, el desconocimiento de la legislación laboral y ambiental y fueron señalados como “elefantes blancos”. Si bien se rescindieron contratos con algunas empresas chinas, resalta de lejos que el capital chino llegó al país para quedarse por un buen tiempo con respaldo del actual gobierno.

Un efecto innegable: mayor endeudamiento y dependencia

A finales del 2015, el gobierno boliviano anunció un mayor financiamiento de créditos chinos para grandes proyectos de infraestructura e industriales y que la contratación de empresas de ese país sería una condición normal en préstamos bilaterales bajo la típica relación “gobiernos- empresas-bancos”, que termina privilegiando la participación de empresas chinas.

En la etapa inicial se plantearon 7.500 millones de dólares de endeudamiento, con lo que China llegaría a ser el principal acreedor de Bolivia elevando la deuda externa en más del 118%, monto que actualmente asciende a 6.340,8 millones de dólares [3]. Este crédito se encuentra en etapa de negociación debiendo ser aprobado en cada caso por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mientras tanto, varios proyectos millonarios fueron adjudicados a empresas chinas como la construcción de la ruta El Sillar a la empresa Sinohydro por 426 millones de dólares y bajo la modalidad de llave en mano, la Planta Siderúrgica de El Mutún a Sinosteel por 450 millones y el proyecto de Conversión del Aeropuerto de Santa Cruz en Central de Carga Internacional a Beijing Urban por 300 millones de dólares.  En mayo de este año está prevista la licitación del Proyecto Múltiple Rositas (con un presupuesto de 1.300 a 1.800 millones de dólares), en cuya primera fase de estudios ya participó la empresa Hydrochina con resultados que no son de conocimiento público.

A medida que se consolida la presencia china en Bolivia, también lo hacen las relaciones asimétricas con el país asiático y la dependencia del país. Por una parte, tal como señalamos, el requerimiento del gobierno actual de mayores inversiones y recursos financieros para planes de ejecución de grandes proyectos en desmedro del desarrollo y de la producción del país, implicará en el mediano y largo plazo, un elevado endeudamiento con China. Por otra parte, el saldo comercial con este país que históricamente fue negativo, viene creciendo exponencialmente hasta alcanzar en 2015 a 1.282 millones de dólares a favor de China. De acuerdo al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) Bolivia exportaba 66 productos a China de los cuales, los 9 principales son minerales, en cambio de China llegan a Bolivia 3.929 productos, entre aviones, computadoras, equipos electrónicos y motocicletas.

Las consecuencias negativas no terminan para el país. En el nuevo marco de contrataciones públicas, el Estado boliviano transfiere la evaluación de las previsiones y resultados de las costosas inversiones a las empresas ejecutoras de los proyectos, dejando a un lado el control estatal.

Empresas chinas y derechos laborales. El caso de Sinohydro

La presencia creciente de empresas chinas en Bolivia implicó para los trabajadores ocupados en algunos de éstas, el acceso a empleos precarios y la conculcación de sus derechos laborales concomitante con el pisoteo de la legislación laboral nacional. Este es el caso de la empresa Sinohydro a cargo del proyecto carretero Ichilo-Ivirgarzama que incumplió flagrantemente la legislación laboral nacional, cuyo acatamiento fue previsto en el Documento Base de Contrato establecido por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Un análisis del CEDLA sobre la situación de las condiciones laborales en esta empresa reveló que la misma incurrió en la no suscripción de contratos de trabajo que transparenten el respeto de los derechos laborales tratándose de proyectos que fueron objeto de licitación internacional, la falta de pago por horas extras de acuerdo a la legislación vigente, la carencia de seguro de salud, la adopción de insuficientes medidas de seguridad ocupacional, descuentos arbitrarios de los salarios, despidos injustificados, acoso laboral y el desconocimiento del fuero sindical y de los derechos colectivos en general. Los trabajadores lucharon por varios meses por cambiar esta situación adversa sin lograr la atención efectiva a sus demandas.

Bolivia no es la excepción ya que Sinohydro es una de las empresas chinas con mayores conflictos laborales y ambientales en el mundo. Es el caso del Ecuador donde esta empresa enfrentaba diez denuncias en la Fiscalía General y en siete juzgados civiles y laborales de este país, por la comisión, entre otros delitos, de presunto peculado y el incumplimiento del pago de haberes e indemnizaciones laborales. No obstante esta situación, de conocimiento del gobierno de Morales, se procedió a contratar a esta empresa, concediéndole además del proyecto mencionado, otras tres grandes obras, en una clara muestra de promoción y beneficio de la presencia de empresas chinas en el país.

El dragón chino a paso de parada

Por lo señalado, todo apunta a que las empresas y capital chino en Bolivia llegaron para quedarse un buen tiempo y acumular grandes ganancias. Como destaca el documento del CEDLA, Bolivia se perfila como territorio libre para la operación de consorcios chinos con todas las consecuencias de endeudamiento, pérdida de soberanía financiera del país y la violación de las leyes laborales locales. Para los trabajadores del proyecto carretero en cuestión, Sinohydro es sinónimo de sobreexplotación laboral y violación mayúscula de derechos.

El cuestionamiento sobre el despliegue del dragón chino en Bolivia interpela al gobierno de Evo Morales por haber privilegiado a intereses económicos de empresas chinas en desmedro de los intereses de los obreros y de la soberanía jurídica nacional. Pero también interpela al silencio cómplice de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y la inoperancia del Ministerio de Trabajo que, recientemente anunció la aplicación de una sanción económica a Sinohydro sin importar la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y el ejercicio de sus derechos.

 

[1] Las condiciones del préstamo son a 20 años plazo con un interés libor a 6 meses más 2,7%.

[2] Significa que la empresa que se adjudica el contrato se hace cargo de la totalidad del proyecto (estudios de factibilidad, diseños de ingeniería y construcción) y que la decisión de ejecutar el proyecto ha sido adoptada por el Estado sin contar con criterios económicos y técnicos, al mismo tiempo que su intervención resulta reducida.

[3] Informe de Deuda Externa Publica al 31 de diciembre de 2015, BCB.

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