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Nuestra Palabra: La Economía del Oro y su legado en Sudamérica

El alza internacional de precios de materias primas, causada por la expansión industrial en economías asiáticas y la especulación financiera en las ventas de minerales a futuro y, particularmente del oro como reserva de valor han llevado a un proceso de intensificación de la explotación de este mineral en la región sudamericana.

Este inusitado interés por la explotación de recursos auríferos, ha generado conflictos de intereses entre actores por el acceso a las rentas, dejando de lado los derechos de los pueblos indígenas donde existen esos recursos. Por otra parte, frente a la falta de oportunidades de empleo en otros sectores de la economía, las poblaciones más vulnerables de trabajadores, entre ellos mujeres y niños, acceden a empleos de baja calidad y sin derechos laborales. Asimismo, los beneficios que deja la explotación aurífera son mínimos, con sistemas tributarios muy flexibles. La explotación en lugares donde existe poco control estatal también genera evasión y contrabando del recurso así como lavado de dinero.

Estas investigaciones pretenden visibilizar la problemática general que encierra la extracción de oro en ciertos países de la región sudamericana, es una lectura exploratoria, introductoria, y preliminar que permitirá confirmar o rechazar los efectos que causa la economía del oro.

Los ensayos que presentamos corresponden a los países de Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina. Salvo este último, en todos los países la producción se realiza mayoritariamente en la región Amazónica, sin embargo, las diferencias geográficas parecen diluirse con la dinámica capitalista que le imprime el mercado mundial del oro, es decir una tendencia al control directo de la producción por las empresas transnacionales de la minería aurífera, acompañada de una política favorable, alta conflictividad social y deterioro ambiental.

En Bolivia, Colombia, Ecuador y Brasil, la minería a pequeña escala tiene importante relevancia pues cuenta con una fuerza de trabajo masiva en relación a la tecnología empleada, y por tanto sensible a la conflictividad social, a disputas por yacimientos, convirtiendo las regiones en tierra de nadie, con escaso control de la producción, malas condiciones de trabajo con ausencia de beneficios sociales y legales para sus trabajadores.

Todos los países cuentan con sistemas impositivos bastante favorables a la explotación, por ejemplo la regalía minera que es un derecho del Estado como propietario de la tierra, en promedio no supera el 3% del valor bruto de producción. Esto sin contar la gran cantidad de producción no registrada y que sale de contrabando de los países, existiendo altos niveles de evasión y elusión fiscal.

Finalmente, el deterioro ambiental y el impacto sobre las comunidades afectadas es un aspecto que se desconoce en profundidad, señalándose la ausencia de un Estado que haga cumplir las leyes.

Toda esta amplia problemática que genera la explotación del oro, se pretende visibilizar con estos estudios, con el afán de despertar la discusión de los actores, organizaciones sociales, el gobierno y sociedad civil en general sobre los impactos buenos y perversos que genera la explotación del oro, a fin de que, en el futuro, se logren mejores condiciones de vida para la clase trabajadora.

Desde el CEDLA y la Plataforma Energética hacemos la invitación para leer estos documentos y continuar el debate.

 

Javier Gomez Aguilar

DIRECTOR EJECUTIVO

CEDLA

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Nuestra palabra: la China en Bolivia

Nuestra palabra, la China en Bolivia

La Plataforma Energética iniciativa impulsada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en un nuevo ciclo, se ratifica como espacio participativo, plural y democrático para compartir y sistematizar información y análisis, generar conocimientos y promover la investigación y el debate público sobre la política energética y, dentro de ella, el futuro de los hidrocarburos, la minería de Bolivia y Latinoamérica.

Presentamos una serie de temas considerados vitales para nuestro país y Latinoamérica, éstos inciden en la política fiscal, la industria extractiva y deuda externa y sus efectos en el futuro de la región. 

A través de este espacio reflexivo buscamos contribuir a la interacción amplia de expertos, centros de investigación, instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales y empresariales.

Por sus objetivos, la Plataforma no pretende atribuirse representación social o sectorial alguna ni tiene la intención de elaborar propuestas de política energética. Sin embargo, los resultados y productos de las investigaciones y el debate son insumos útiles para la evaluación y formulación de políticas por parte de quienes corresponda.

En esta entrega, exhibimos la presencia China en Bolivia en un nuevo contexto de América Latina y el mundo y sus efectos en nuestro medio, los mismos que pasan desde la deuda externa, extractivismo, hasta la violación de derechos laborales.

Si bien hasta fines de los años ochenta y comienzo de los noventa, la presencia de empresas chinas se limitaba a inversiones en el sector gastronómico, actualmente la presencia de capitales, empresas y súbditos chinos se ha acrecentado desmedidamente, sentando presencia en la economía en varios sectores, desde el automotriz, construcción y tecnología industrial, en muchos casos a través de contratos millonarios con el gobierno a nombre del Estado boliviano.

En nuestra comprensión, el interés de China por nuestro país, radica en asegurar más recursos naturales para mantener su industria, en medio de condiciones ventajosas desde la flexibilización laboral y ambiental, teniendo como aliado al gobierno, quien en más de una oportunidad defendió la presencia de capitales chinos.

Desde el CEDLA y la Plataforma Energética, consideramos que todo apunta que las empresas y capital chino, llegaron para quedarse por buen tiempo, buscando acumular grandes ganancias, en una Bolivia que se perfila como territorio libre para la operación de consorcios chinos, con todas las consecuencias de endeudamiento, pérdida de soberanía financiera del país y la violación de la leyes laborales nacionales, derivando a una nueva dependencia del capital transnacional.
Visítanos: www.plataformaenergetica.org

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Contratos millonarios, grandes consecuencias - Las empresas chinas en Bolivia

Con el apoyo del gobierno actual, China viene expandiendo su presencia económica en Bolivia a través de negocios millonarios y favorables a las empresas y bancos de este país. Para Bolivia significa alto endeudamiento y mayor dependencia económica y, para los trabajadores, la violación de sus derechos.

Frente a la crisis capitalista mundial, China está ejecutando una estrategia de respuesta a la sobreacumulación de capital intensificando su influencia económica internacional y buscando beneficios para promover su crecimiento y estabilidad económica. De esta manera, se perfila como un actor clave en la economía y geopolítica global, tanto que en el escenario actual, la disminución de su crecimiento económico incidió en la caída de la demanda mundial y en la reducción de precios del petróleo y minerales, con efectos inmediatos en los países de América Latina cuyas economías se consolidaron con base en la exportación de materias primas.

Las relaciones entre China y Bolivia

La presencia de China en Bolivia es posterior a la de la mayor parte de los países de Sud América. Asimismo, recibe menos inversiones que estos países, sin embargo, la banca estatal de ese país asiático se ha convertido en los últimos años en la mayor fuente bilateral de recursos crediticios. El financiamiento que recibe tiene como destino principal la ejecución de proyectos de gran envergadura en los campos de tecnología, transporte militar, telecomunicaciones, construcción de carreteras y ferrocarriles, energía hidroeléctrica y agroindustria, entre otros. El desarrollo productivo no aparece como prioridad.

Las relaciones bilaterales entre China y Bolivia comenzaron a fortalecerse a partir del año 2011 como resultado de las visitas del presidente Morales a China y del Vice Primer Ministro chino Hui Liangyu al país. El gobierno boliviano calificó a esta relación como “Asociación Estratégica”  bajo la visión de “romper la hegemonía imperialista de Estados Unidos y alcanzar la independencia económica y de financiamiento” a partir de una "relación horizontal, sin subordinación ni imposiciones“, propósitos discursivos que buscan ocultar la presencia privilegiada creciente de empresas chinas en Bolivia.

La expansión china en Bolivia ¿Cooperación o negocio redondo?

 

El año 2011, en una primera etapa, se suscribieron 16 acuerdos comerciales en materia agrícola, de comunicaciones, de incentivos a la inversión, energía, minería y seguridad alimentaria, con el objetivo de profundizar las relaciones entre ambos países y promover la presencia de grandes consorcios empresariales estatales de China en los principales sectores de la economía nacional (energía, transporte, telecomunicaciones e industria). En esta etapa, el proyecto de mayor tamaño fue la construcción del Satélite “Túpac Katari”, con un préstamo de 251 millones de dólares del Banco de Desarrollo Chino [1]. En menor magnitud, se ejecutaron otros proyectos vinculados a la compra de aviones y helicópteros para las Fuerzas Armadas y, perforadoras para Yacimientos Pterolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que, sumados al anterior contrato, consolidaron al país asiático como el cuarto acreedor de Bolivia y el principal en términos bilaterales (ver Gráfico 1). Al mismo tiempo, las empresas chinas se convirtieron en las mayores contratistas del Estado boliviano beneficiándose con licitaciones y adjudicaciones directas, algunas bajo la modalidad de “llave en mano” [2], teniendo entre las fuentes principales de financiamiento al Tesoro General de la Nación y préstamos del Banco Central de Bolivia (BCB) otorgados a empresas públicas estratégicas para proyectos de gran alcance.

 

Sinohydro, Sinopec, Sinosteel, China International Water and Electric Corp (CWE), CAMC Engineering, China Railway, Vicstar Shenzhen son algunas de las empresas chinas que tienen actualmente en sus manos, las mayores inversiones del Estado. En el sector de transporte, las empresas chinas desplazaron a las empresas brasileñas que durante décadas concentraron los principales proyectos de construcción de carreteras. En este rubro, estas empresas se adjudicaron la construcción de la carretera Ichilo-Ivirgarzama y San Ignacio- Puerto Ganadero, varios puentes en la región amazónica y el ferrocarril Montero-Bulo Bulo. En energía participaron en el proyecto eólico Qollpana y actualmente en la construcción de la Central Hidroeléctrica San José. En la industria,  la construcción del Ingenio San Buenaventura, la Planta de Concentración de Estaño de Huanuni, la Planta Piloto Ensambladora de baterías de litio y las fábricas de cartón y de papel, entre  otros.

Varios de estos proyectos fueron cuestionados seriamente en cuanto a los aspectos técnicos, la factibilidad económica, cumplimiento de plazos, el desconocimiento de la legislación laboral y ambiental y fueron señalados como “elefantes blancos”. Si bien se rescindieron contratos con algunas empresas chinas, resalta de lejos que el capital chino llegó al país para quedarse por un buen tiempo con respaldo del actual gobierno.

Un efecto innegable: mayor endeudamiento y dependencia

A finales del 2015, el gobierno boliviano anunció un mayor financiamiento de créditos chinos para grandes proyectos de infraestructura e industriales y que la contratación de empresas de ese país sería una condición normal en préstamos bilaterales bajo la típica relación “gobiernos- empresas-bancos”, que termina privilegiando la participación de empresas chinas.

En la etapa inicial se plantearon 7.500 millones de dólares de endeudamiento, con lo que China llegaría a ser el principal acreedor de Bolivia elevando la deuda externa en más del 118%, monto que actualmente asciende a 6.340,8 millones de dólares [3]. Este crédito se encuentra en etapa de negociación debiendo ser aprobado en cada caso por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mientras tanto, varios proyectos millonarios fueron adjudicados a empresas chinas como la construcción de la ruta El Sillar a la empresa Sinohydro por 426 millones de dólares y bajo la modalidad de llave en mano, la Planta Siderúrgica de El Mutún a Sinosteel por 450 millones y el proyecto de Conversión del Aeropuerto de Santa Cruz en Central de Carga Internacional a Beijing Urban por 300 millones de dólares.  En mayo de este año está prevista la licitación del Proyecto Múltiple Rositas (con un presupuesto de 1.300 a 1.800 millones de dólares), en cuya primera fase de estudios ya participó la empresa Hydrochina con resultados que no son de conocimiento público.

A medida que se consolida la presencia china en Bolivia, también lo hacen las relaciones asimétricas con el país asiático y la dependencia del país. Por una parte, tal como señalamos, el requerimiento del gobierno actual de mayores inversiones y recursos financieros para planes de ejecución de grandes proyectos en desmedro del desarrollo y de la producción del país, implicará en el mediano y largo plazo, un elevado endeudamiento con China. Por otra parte, el saldo comercial con este país que históricamente fue negativo, viene creciendo exponencialmente hasta alcanzar en 2015 a 1.282 millones de dólares a favor de China. De acuerdo al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) Bolivia exportaba 66 productos a China de los cuales, los 9 principales son minerales, en cambio de China llegan a Bolivia 3.929 productos, entre aviones, computadoras, equipos electrónicos y motocicletas.

Las consecuencias negativas no terminan para el país. En el nuevo marco de contrataciones públicas, el Estado boliviano transfiere la evaluación de las previsiones y resultados de las costosas inversiones a las empresas ejecutoras de los proyectos, dejando a un lado el control estatal.

Empresas chinas y derechos laborales. El caso de Sinohydro

La presencia creciente de empresas chinas en Bolivia implicó para los trabajadores ocupados en algunos de éstas, el acceso a empleos precarios y la conculcación de sus derechos laborales concomitante con el pisoteo de la legislación laboral nacional. Este es el caso de la empresa Sinohydro a cargo del proyecto carretero Ichilo-Ivirgarzama que incumplió flagrantemente la legislación laboral nacional, cuyo acatamiento fue previsto en el Documento Base de Contrato establecido por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Un análisis del CEDLA sobre la situación de las condiciones laborales en esta empresa reveló que la misma incurrió en la no suscripción de contratos de trabajo que transparenten el respeto de los derechos laborales tratándose de proyectos que fueron objeto de licitación internacional, la falta de pago por horas extras de acuerdo a la legislación vigente, la carencia de seguro de salud, la adopción de insuficientes medidas de seguridad ocupacional, descuentos arbitrarios de los salarios, despidos injustificados, acoso laboral y el desconocimiento del fuero sindical y de los derechos colectivos en general. Los trabajadores lucharon por varios meses por cambiar esta situación adversa sin lograr la atención efectiva a sus demandas.

Bolivia no es la excepción ya que Sinohydro es una de las empresas chinas con mayores conflictos laborales y ambientales en el mundo. Es el caso del Ecuador donde esta empresa enfrentaba diez denuncias en la Fiscalía General y en siete juzgados civiles y laborales de este país, por la comisión, entre otros delitos, de presunto peculado y el incumplimiento del pago de haberes e indemnizaciones laborales. No obstante esta situación, de conocimiento del gobierno de Morales, se procedió a contratar a esta empresa, concediéndole además del proyecto mencionado, otras tres grandes obras, en una clara muestra de promoción y beneficio de la presencia de empresas chinas en el país.

El dragón chino a paso de parada

Por lo señalado, todo apunta a que las empresas y capital chino en Bolivia llegaron para quedarse un buen tiempo y acumular grandes ganancias. Como destaca el documento del CEDLA, Bolivia se perfila como territorio libre para la operación de consorcios chinos con todas las consecuencias de endeudamiento, pérdida de soberanía financiera del país y la violación de las leyes laborales locales. Para los trabajadores del proyecto carretero en cuestión, Sinohydro es sinónimo de sobreexplotación laboral y violación mayúscula de derechos.

El cuestionamiento sobre el despliegue del dragón chino en Bolivia interpela al gobierno de Evo Morales por haber privilegiado a intereses económicos de empresas chinas en desmedro de los intereses de los obreros y de la soberanía jurídica nacional. Pero también interpela al silencio cómplice de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y la inoperancia del Ministerio de Trabajo que, recientemente anunció la aplicación de una sanción económica a Sinohydro sin importar la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y el ejercicio de sus derechos.

 

[1] Las condiciones del préstamo son a 20 años plazo con un interés libor a 6 meses más 2,7%.

[2] Significa que la empresa que se adjudica el contrato se hace cargo de la totalidad del proyecto (estudios de factibilidad, diseños de ingeniería y construcción) y que la decisión de ejecutar el proyecto ha sido adoptada por el Estado sin contar con criterios económicos y técnicos, al mismo tiempo que su intervención resulta reducida.

[3] Informe de Deuda Externa Publica al 31 de diciembre de 2015, BCB.

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El Plan de Desarrollo (PDES) 2015-2020: soberanía financiera o subordinación al capital extranjero?

El PDES plantea la continuidad de la política económica de las dos gestiones anteriores del gobierno del MAS. En correspondencia con el objetivo de mantener similares niveles de crecimiento económico, persiste en la generación de excedentes económicos para el Estado, pero en un contexto de caída de las cotizaciones internacionales de las materias primas que exporta el país.

Por ello, aunque afirma que en 2020 la estructura económica debería ser diferente al patrón primario-exportador gracias a la diversificación productiva e industrialización, permitiendo generar ingresos duraderos, propone impulsar nuevos sectores económicos cuya orientación fundamental, sin embargo, sería también la exportación. A pesar de que postula un mayor protagonismo de pequeños productores y economías comunitarias, el plan mantiene la prioridad de los sectores extractivos y de la producción con destino a la exportación.

Entre las principales metas se propone: i) aumentar las reservas de minerales de 313 Toneladas Métricas (Tm) a 1.060 Tm y llegar a industrializar “al menos” el 80% de los concentrados mineros, ii) aumentar las reservas probadas de hidrocarburos de 10,5 Trillones de pies cúbicos (Tcf) de gas a 17,5 Tcf, elevar las reservas de petróleo de 211 millones a 411 millones de barriles, incrementar la producción diaria de gas de 60 a 73 millones de metros cúbicos, aumentar la producción diaria de combustibles a 69 mil barriles, incrementar la producción  de GLP desde las 432.000 Tm a 820.000 Tm, iv) producir 600 mil Tm de Urea al año, v) aumentar la superficie agrícola hasta 4.7 millones de hectáreas, elevar la producción agrícola hasta los 24.3 millones de Tm e incrementar el hato ganadero hasta los 11 millones de cabezas, vi) aumentar la potencia eléctrica efectiva hasta 4.878 megavatios  (MW) y la generación en 2.954 MW, de los cuales el 88% se destinarían a la exportación, y vii) consolidar el Centro de Investigaciones Nucleares, con propósitos médicos y “otros” usos pacíficos. Consecuentemente, se propone construir nuevos ductos de transporte de hidrocarburos (al menos cinco) y nuevas líneas de transmisión eléctrica (4.043 km).

La inversión necesaria para alcanzar esas metas debería subir, como porcentaje del PIB, desde el 21% actual hasta el 24% para el 2020, correspondiendo el 13% a la Inversión Pública y el 11% a la Inversión Privada.

La Inversión Pública alcanzaría los 48.574 millones de dólares en los cinco años; un promedio anual de inversión de 8.095 millones de dólares, muy lejana del promedio de los últimos cinco años fue de 2.977 millones de dólares y el doble de la mayor inversión ejecutada de 4.507 millones de dólares en el 2014.  Como la prioridad de la inversión del Estado seguirían siendo los sectores ligados a la explotación de los recursos naturales y los de infraestructura, se prevé que del total de la Inversión Pública el 56% estará destinado a la inversión en sectores productivos (hidrocarburos, minería, agropecuaria, energía, manufactura, turismo y otros), duplicando su participación respecto a la que tuvieron en el período 2010-2014 con un 33,99%. En cambio, la inversión en sectores de infraestructura caería de 34.6% a 23% y los sectores sociales de 13,06% a 11% y medioambiente y agua de 18,36% a 10%.

Lo más destacable de esas previsiones es, sin embargo, que como el mismo PDES estima que el Ahorro Nacional Bruto caería —por efecto de la reducción de los precios de las materias primas de exportación— desde el 20% actual a sólo el 16% para 2020, la Inversión Extranjera Directa (IED) debería duplicarse en este período respecto al nivel de los últimos cinco años, alcanzando un valor equivalente al 8% del PIB en el año 2020.

Asimismo, se debe tomar en cuenta que en la composición por origen de los recursos para la Inversión Pública, se produciría un cambio importante: mientras en los últimos cinco años las fuentes internas constituyeron el 75% del total, en el período 2015-2020 bajarían su participación a sólo 55%. El restante 45% de la Inversión Pública provendría de fuentes externas: 39% de organismos internacionales y de gobiernos extranjeros y 6% de otras fuentes externas como, por ejemplo, de las empresas que se adjudiquen proyectos de infraestructura y productivos.

En consecuencia, la Deuda Pública Total se incrementaría desde el actual nivel de 25% del PIB hasta un 39% del PIB para el año 2020; en términos absolutos la deuda subiría aproximadamente en 10.000 millones de dólares.

Curiosamente, el PDES denomina a esta política “soberanía financiera”, aunque queda claro que lo que en realidad postula es la exacerbación la presencia hegemónica del capital transnacional en la economía,  que ha agudizado el carácter rentista de la economía y del Estado.

La década de gestión económica del gobierno del MAS no planteó la ruptura con el capital imperialista para desarrollar el país, sino que intentó armonizar sus intereses con los de la economía estatal y de la economía comunitaria, supuestamente para construir un nuevo tipo de economía “socialista”. La “nacionalización” no fue  más allá de una reforma tributaria que, mientras duró el ciclo de precios altos de los commodities, permitió la generación de elevadas rentas fiscales para financiar políticas populistas de redistribución; no significó la expulsión de la inversión extranjera, sino más bien su permanencia bajo nuevas condiciones, pero sin cuestionar su presencia hegemónica. El gobierno desde un principio le garantizó su presencia, llegando a otorgarle incentivos y ventajas para cumplir el objetivo gubernamental de obtención de más ingresos fiscales [1], situación que se agudizó debido a la caída de los precios de las materias primas.

En conclusión, la orientación de la política económica del gobierno de Evo Morales, no sólo permitió la permanencia del capital transnacional como socio del Estado sino que, en la perspectiva señalada por el PDES para el período 2015-2020, profundizará la dependencia de la economía nacional de las vicisitudes del capital a nivel mundial. Es bien sabido que en períodos de crisis el capitalismo, enfrentado a la falta de oportunidades para invertir las enormes sumas de dinero que permanecen sin valorizarse, amplía y refuerza sus acciones dirigidas a contrarrestar la caída de la tasa de ganancia, entre ellas el incremento de exportación de manufacturas, la búsqueda de materias primas para rebajar los costos del capital constante y la ampliación del crédito a países extranjeros.

En este sentido, el gobierno autodenominado “socialista”, no sólo continúa con la tarea de consolidación de una economía capitalista atrasada basada en el saqueo de los recursos naturales y la explotación feroz de la fuerza de trabajo, sino que al abrir indiscriminadamente la economía al arribo de capitales provenientes de las grandes potencias, contribuye al salvataje del capitalismo en crisis.

 

[1] Los más destacables: incentivo petrolero de 30 dólares adicionales por barril de petróleo desde 2012 e incentivos incrementados hasta 55 dólares por barril y para la producción de condensado, aprobados por la Ley para la Promoción de Inversión Hidrocarburífera de 2015.

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Más dependencia, menos desarrollo ¿Quién gana con los megaproyectos en Bolivia?

La inversión de recursos para infraestructura resulta de importancia económica y social, las políticas públicas que tendrían que dirigir esfuerzos importantes a la satisfacción de necesidades sociales de servicios de saneamiento, transporte, educación, producción y energía para las poblaciones, históricamente no son diseñadas para que el mayor porcentaje de inversiones lleguen a esos sectores. Grandes proyectos de infraestructura e industriales resultan promovidos y planificados en el país bajo el argumento de “desarrollo”, “salto industrial” y el objetivo de mantener el crecimiento económico, la competitividad, la creación de empleo y la reducción de la pobreza o con la justificación de necesidad de renta para la inversión social. Es así que las políticas públicas y los discursos gubernamentales se concentran en promocionar las mayores inversiones del Estado que se dirigen a proyectos de construcción de carreteras destinadas al comercio internacional, ferrocarriles bioceánicos, centrales hidroeléctricas para la exportación de electricidad y plantas industriales justificadas a partir del potenciamiento del mercado.

El paquete anunciado de financiamiento chino de 7500 millones de dólares para megaproyectos de transporte, hidroeléctricas, riego y plantas industriales, que llegaría a tener un gran impacto en la deuda de Bolivia; los programas de apoyo al sector transporte de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que consolidan hasta ahora a este banco como el principal acreedor del país y los principales préstamos del Bando Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se concentran en proyectos de infraestructura a gran escala como parte esencial de la planificación del desarrollo de Bolivia.

Qué significa en realidad un “megaproyecto”?

Resultado de algunos estudios, se ha propuesto las “seis C” como herramienta teórica para intentar identificar dichos proyectos. En base a algunas de sus características más visibles, se señala que se trata de obras: colosales en tamaño y alcance; cautivadoras por los retos en ingeniería que suponen y su anti esteticismo; costosas, generalmente con costos superiores a los proyectados; controversiales; complejas y con problemas de control” [1]. No se trata de emprendimientos aislados, en los hechos constituyen una red logística y de ocupación territorial que significa la transformación del espacio y un profundo reordenamiento involucrando la modificación de las relaciones existentes, nuevos actores y dinámicas en las relaciones económicas, sociales y culturales.

Deuda, inversiones y megaproyectos en tiempos de bonanza y crisis

Desde finales del siglo XX y principios del XXI, nos encontramos en un periodo de explotación de la naturaleza que no ha tenido precedentes. La demanda creciente proveniente principalmente de los países emergentes, en particular China e India, el crecimiento de la población mundial y el desarrollo tecnológico han generado la explotación masiva de recursos naturales para su incorporación en los mercados internacionales en un contexto de elevados precios de materias primas. Sectores como la minería y el petróleo, forestal y el agro-negocio, han estado en una etapa de permanente crecimiento acompañados de cuantiosas inversiones en grandes proyectos de infraestructura ejecutados con el fin de sustentar el mercado y el crecimiento de la economía global.

Grandes obras que en general han mantenido la dependencia del financiamiento externo para su ejecución, y enfocadas en la expansión del mercado y la libre circulación de mercaderías y capitales. A través de estas obras, los territorios han resultado intervenidos para el acceso y explotación de recursos cada vez más escasos y para la interconexión de estas regiones con los centros mundiales de producción industrial, constituyendo a su vez nuevos mercados para esa producción. Las promesas usualmente fueron la creación de nuevos puestos de trabajo que probablemente fueron creados, pero no entre los trabajadores industriales sino en servicios y comercio.

Sin embargo, en los últimos años el panorama mundial ha cambiado, el "crecimiento" prometido no es el mismo para todos y menos aún sostenible, si bien China sigue creciendo a un ritmo más lento, los países latinoamericanos ya están sufriendo los efectos del proceso de reprimarización de sus economías y escaso desarrollo industrial del periodo de auge de los precios de las materias primas. Los primeros afectados resultan los trabajadores que rápidamente ven reducidos sus ingresos y fuentes de trabajo. 

Nos encontramos en un escenario de contracción de la economía mundial, reducción del volumen del comercio regional, disminución en los precios de las materias primas, incertidumbre en relación al desarrollo de las condiciones comerciales y financieras internacionales y disponibilidad de recursos, que están llevando a estrategias y acciones definidas como "colectivas", es decir, que deben adoptar “todos” los países para sostener la demanda mundial.

Las mayores economías del mundo reunidas en el G-20 [2] junto al Grupo del Banco Mundial (GBM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD) establecieron y se encuentran liderando desde el año 2014, medidas para combatir el estancamiento de la economía global, promover el crecimiento del G-20, impulsar en 2,1% su PIB hasta el 2018 y crear millones de puestos de trabajo. Estas decisiones que afectan las relaciones con los países en desarrollo, involucra entre sus mayores prioridades fortalecer el sector de infraestructura y concretar cuantiosas inversiones reuniendo a inversores y a promotores de grandes proyectos en todo el mundo. El año 2015, definieron que deben invertirse adicionalmente 1 billón de dólares al año hasta el 2020 en el impulso al desarrollo de infraestructuras como motor del crecimiento y el comercio internacional, destacando la importancia de la participación privada y subrayando la necesidad de facilitación y crecimiento del comercio a partir de medidas que simplifiquen y reduzcan los costos.

Este retorno poco visible de las instituciones pilares de la ideología neoliberal del Consenso de Washington (FMI; BM) se va fortaleciendo gradualmente sustentado en el “financiamiento al desarrollo” que establece “cerrar la brecha en infraestructura” como factor clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De esta manera, el rápido avance de la estrategia definida por el G-20 se consolida y asumida globalmente. Los países desarrollados, el sector financiero internacional y las mayores corporaciones del mundo van avanzando para que los países en vías de desarrollo que forman parte del G-77 (que actualmente incluye a 134 países principalmente de Centro y Sud América y de África), del que es parte Bolivia, acepten las recomendaciones para enfrentar la disminución de la demanda mundial y la crisis del sistema capitalista.

Es evidente que se avecina un nuevo ciclo de endeudamiento que en los hechos ya ha sido anunciado por el gobierno boliviano, vivimos la emergencia de nuevos actores, como los bancos y empresas chinas, emerge el financiamiento de India y Rusia junto a mayor protagonismo de actores tradicionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento, involucrados en el crecimiento de la deuda pública de los últimos años y en particular en la constitución de nuevos marcos regulatorios, flexibilización de normas de contratación pública y ambientales, promoción e incentivos a la inversión extranjera y circulación del capital.

Nuevos instrumentos de financiamiento son creados rápidamente por la banca multilateral y están orientados en: a) apoyar a gobiernos para que ofrezcan al mercado “proyectos bien preparados y viables” para las inversiones público-privadas, b) apoyar en la definición de prioridades de inversión, reformas legales y administrativas para la participación del sector privado, c) evaluar la factibilidad de las inversiones y la factibilidad de estructuración de las Asociaciones Público Privadas (APP), d) diseñar e implementar las transacciones y e) financiar proyectos, que  responden esencialmente a una estrategia que pretende dar respuesta a la crisis con la generación de mejores condiciones para las inversiones privadas en función del interés del capital transnacional y buscando recuperar la drástica caída a nivel mundial de inversiones en infraestructura.

El beneficio de los megaproyectos

Es innegable que el discurso de “desarrollo” a partir de mega-inversiones asentado en la promoción del consumo intensivo y explotación insustentable de recursos encuentra gran receptividad en la sociedad boliviana, no solo de grupos económicos y de poder, sino también en los sectores de bajos ingresos quienes mantienen las expectativas de que las grandes inversiones del Estado se conviertan en empleos y fuente de ingresos.

Sin embargo, los megaproyectos resultan de una dinámica e interrelación de actores e impulsores que intervienen en diferentes escalas y tiempos para garantizar sus intereses.

Por una parte, la banca multilateral y bilateral continúa con la imposición de prioridades con implicancias que superan el financiamiento llegando a definir políticas y el sustento discursivo que las acompañan. El negocio de la consultoría es en general poco visibilizado, en muchos casos con resultados escasos en términos de profundidad de estudios y en particular en términos de veracidad sobre las expectativas de desarrollo que generaría un determinado proyecto; los consorcios internacionales de la construcción, que se adjudican los más grandes proyectos del país en muchos casos en cuestionados y poco transparentes procesos, y que movilizan un amplio sector industrial en sus respectivos países, resultan entre los receptores de los beneficios inmediatos. En conjunto constituyen parte del sistema que funciona para garantizar la expansión acelerada del capital en la región, promoviendo la competitividad de las empresas especializadas en la explotación de materias primas y las ganancias del capital transnacional asegurándose el acceso presente y futuro a recursos naturales a partir de la red logística de infraestructura y las facilidades regulatorias.    

Estas políticas e inversiones sustentadas en las necesidades de producción de renta y facilitación del comercio internacional, en muchos casos significan la transferencia de externalidades e impactos negativos a la mayoría de la población, antes que la generación real de beneficios. Es así, que evidenciamos la rápida expansión de periferias urbanas empobrecidas y el desarrollo de ciudades intermedias, receptoras de la población migrante del área rural que está siendo desplazada por grandes proyectos de transporte, hidrocarburos y minería, agroindustria de exportación o por las precarias perspectivas y condiciones de vida resultado de la continuidad de políticas que se rigen a las normas del mercado, establecidas en el período neoliberal.

 

[1] K. T. Frick,  en <http://waset.org/publications/8231/mega-projects-andgovernmentality>

[2] El G20 está formado por un grupo de países que constituyen las veinte mayores economías mundiales. Está compuesto por 19 países (Argentina, Australia, Brasil, Reino Unido, Alemania, la India, Indonesia, Italia, Canadá, China, México, Corea del sur, Rusia, Arabia Saudita, Estados Unidos, Turquía, Francia, Sudáfrica, Japón y la Unión Europea como bloque económico. Participan también de las mesas de discusión -aunque sin voto- los principales organismos multilaterales, como el FMI, el Banco Mundial, la ONU y la OIT. Los miembros del G-20 cuentan con más del 80% del PIB mundial, el 80% del comercio internacional y dos tercios de la población mundial.

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Nuevas falsas expectativas sobre la industrialización del hierro del Mutún a cargo de la empresa china Sinosteel

Nuevas falsas expectativas sobre la industrialización del hierro del Mutún a cargo de la empresa china Sinosteel

Pablo Poveda

  1. Contexto internacional del acero

El acero que se produce utilizando como materia prima el hierro (el metal más abundante de la corteza terrestre), por su ductilidad en un sinnúmero de aleaciones, es la base de la estructura productiva capitalista para la producción de máquinas y herramientas, representando el 90% de todos los metales fabricados a escala mundial.

Es por ello que la expansión de la base industrial de los últimos años, provocada por la  China, ha aumentado su demanda, provocando un ciclo de alza de precios del hierro y del acero desde 2004 a 2011 (ver Gráficos 1 y 2). Sin embargo, este ciclo industrial de crecimiento se ha ralentizado, llevando a una brusca caída de los precios.

Gráfico 1: Precio del hierro (62% de contenido de Fe; $US por tonelada)

                           
  Fuente: http://www.datosmacro.com/materias-primas/mineral-de-hierro?anio=2000

La industria del acero se ha conformado en correspondencia al desarrollo de la base industrial de las potencias económicas emergentes [1] luego de la Segunda Guerra Mundial, siendo altamente protegida por sus Estados y por tanto altamente concentrada, situación que ha provocado una tendencia a su estancamiento en el largo plazo [2]. Sin embargo, las transformaciones productivas de la china han generado un clima de dinamismo dentro de la industria en estos últimos años.

Gráfico 2: Precio del acero CRC ($US/tonelada)

                      Fuente: Cochilco, 2014.

En efecto, como se puede apreciar en el Gráfico 3, la producción mundial de mineral de hierro y de acero crudo se ha expandido durante los últimos años, 43% en el caso del mineral de hierro y 45% para el caso del acero crudo.

Gráfico 3: Producción mundial de mineral de hierro y acero crudo (millones de toneladas)

                           Fuente: Steel Statistical Yearbook, 2015.

Pero detrás de este comportamiento se destacan tres síntomas que llevan,  nuevamente, a un estancamiento de largo plazo y concentración en la industria del acero. Uno de ellos es la reunión del 74% de las exportaciones en Australia y Brasil en 2014; mientras que el 77% de las importaciones en el mismo año se aglutinan en China y Japón (ver Cuadro 1). Lo que muestra que los países industrializados no han incrementado su demanda sustancialmente y que ésta la satisfacen internamente, siendo la demanda China la que ha impulsado este dinamismo.

Cuadro 1: Principales exportadores e importadores de mineral de hierro (millones de toneladas y porcentajes)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Exportadores

 

Brasil

224

243

269

282

266

311

331

327

330

344

Brasil (% del total)

30%

31%

31%

31%

28%

28%

29%

27%

25%

23%

Australia

239

248

269

309

381

427

466

524

613

754

Australia (% del total)

32%

31%

31%

34%

40%

38%

41%

43%

46%

51%

Importadores

 

China

290

342

400

460

640

638

707

764

842

956

China (% del total)

38%

42%

46%

49%

65%

60%

62%

63%

66%

67%

Unión Europea

183

193

187

182

106

155

155

148

157

158

Unión Europea (% del total)

24%

24%

22%

19%

11%

14%

14%

12%

12%

11%

Japón

132

134

139

140

105

134

128

131

136

136

Japón (% del total)

18%

17%

16%

15%

11%

13%

11%

11%

11%

10%

Fuente: Elaboración CEDLA con base en Steel Statistical Yearbook, 2015.

Los rasgos de la concentración también se pueden apreciar en el ranking de las diez principales empresas productoras de acero (Cuadro 2). En primer lugar, las tres primeras empresas son el resultado de recientes fusiones. Mittal Steel de India, Inglaterra y Estados Unidos, que en el 2005 era la primera empresa mundial, se fusionó con Arcelor de Luxemburgo (la segunda en 2005); Nippon Steel la tercera en 2005, se fusionó en 2012 con Sumitomo Metal; Hebie Steel Group también resulta de la fusión de Tangsteel y Hansteel en 2008. Es de esta manera que los grandes productores del acero pueden mantener su hegemonía.

Sin embargo, aparecen en el ranking empresas chinas emergentes (13% de la producción), que se conformaron en los años de mayor crecimiento y acumulación sin precedentes de la economía China, con el apoyo del Estado3]. Estas empresas nuevas en el mercado son altamente vulnerables en este período de baja de precios, pues tienen procesos de acumulación de capitales no consolidados, ya que no cuentan con tecnología y su expansión es en base a deuda [4]. Todo ello sugiere un escenario de alta competencia y reordenamiento de la industria, que aún está en curso, y que se hará efectivo en los próximos años, forzando la centralización de los pequeños capitales por aquellos que ya están consolidados.

Cuadro 2: Ranking de empresas productoras del acero

Empresa

País

Rango

Producción (MM de toneladas)

% total mundial

Arcelor Mittal

Luxemburgo

1

98

5,87%

Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation

Japón

2

49

2,95%

Hebie Steel Group

China

3

47

2,82%

Baosteel Group

China

4

43

2,60%

POSCO

Corea del Sur

5

41

2,48%

Shangang Group

China

6

35

2,12%

Ansteel Group

China

7

34

2,06%

Wuhan Steel Group

China

8

33

1,98%

JFE Steel Corporation

Japón

9

31

1,88%

Shougang Group

China

10

31

1,84%

Fuente: Steel Statistical Yearbook, 2015.

Y finalmente, el rasgo que más destaca es el exceso de oferta desde 2008, que llevaría primero a la acumulación de inventarios y luego al estancamiento de la producción. Entre 1970 a 1995 la producción mundial de acero creció apenas a un promedio anual de 1%. Por otra parte, el exceso de demanda que se presenta después de muchos años en 2004, con un déficit en la oferta de 106 millones de toneladas de acero (10% de la producción mundial) [5] rápidamente es satisfecho.

Gráfico 4: Oferta y demanda de acero (en millones de toneladas)


 Fuente: Elaboración CEDLA con base en Steel Statistical Yearbook, 2015.

Es bajo este contexto internacional de exceso de oferta, bajos precios, alta competencia, concentración y centralización de capitales que se pretende entregar la explotación del hierro del Mutún a una empresa china que no tiene mayor importancia en el rubro del acero y que muy probablemente será absorbida por la competencia.

  1. Características del proyecto

El yacimiento de hierro del Mutún es la segunda reserva de Sudamérica después de Cerro dos Carajás ubicado en el noreste de Brasil, y la séptima reserva de hierro del mundo, con 42.000 millones de toneladas de hierro.

El intento fallido de industrialización del hierro del Mutún a cargo de la empresa india Jindal Steel and Power, consistía en la construcción de un complejo minero-siderúrgico que comprendía el desarrollo de ingeniería, concentración, peletización, reducción directa y acería, con una inversión de 2.300 millones de dólares: 11 millones de toneladas anuales de concentrados (2,5 millones con contenido de hierro de 67%); 2,7 millones de toneladas de pellets; 1,5 millones de toneladas anuales de hierro esponja; y, 1,43 millones de toneladas anuales de aceros laminados. Además se incluía inversiones en infraestructura: sistema eléctrico; sistemas de aducción de agua; sistemas de suministro de gas. [6]

En reciente anuncio de adjudicación de la explotación del Mutún por invitación directa a la empresa estatal Sinosteel, se habla de 0,15 millones de toneladas de acero de construcción lisas y corrugadas y 0,08 millones de toneladas de hierro esponja, con una inversión de  460 millones de dólares financiada por el Eximbank de China. También se señala que esta empresa fue elegida por su experiencia, ya que habría realizado alrededor de 300 proyectos en el mundo.

Es lamentable que esta información sólo provenga de declaraciones de las autoridades ante los medios de prensa, sin que exista en las páginas del Ministerio de Minería y Metalurgia, de la COMIBOL Comibol y de la Empresa Siderúrgica del Mutún información más detallada, como el pliego de licitación pública internacional. Por lo que no se puede hacer mayores apreciaciones, salvo señalar que es una propuesta mucho más acotada que la que se planteaba con la empresa Jindal, la cual contemplaba industrializar sólo el 5% de la materia prima.

A pesar del desprecio de los empresarios bolivianos a quienes el presidente y vicepresidente consideran “enanos” [7], existe una propuesta de técnicos bolivianos que cuentan con tecnología propia denominada “Kanakar-Acero” para instalar una planta piloto, con una inversión de 11.274.591 dólares para la producción de 39.600 toneladas anuales de palanquilla, y en un período de 3 a 4 años podrían llegar a producir 0,15 millones de toneladas anuales de barras de acero y 0,1 toneladas anuales de hierro esponja [8]. Sin embargo, se insiste con que sea una empresa extranjera china con poca experiencia en la industria del acero y con problemas financieros invierta 460 millones de dólares en una planta que luego será transferida a técnicos bolivianos.

  1. Sinosteel y el modelo parasitario chino

El proceso de contratación de la empresa Sinosteel Equipment Engineering por invitación directa para la explotación del hierro del Mutún, quedó suspendido, según el gobierno, para confirmar la solvencia de la empresa, por lo cual es importante revisar los antecedentes de la misma.

Sinosteel Equipment Engineering es subsidiaria de la empresa Sinosteel Corporation Ltda., fundada en 1993 con el nombre de China Iron & Steel Trade & Industry Group Corporation.  Es una empresa estatal dependiente de la Comisión de Supervisión y Administración de China, con sede principal en Beijín, cuenta con 86 filiales, 63 en China y 23 en el extranjero (Australia, África del Sur, India, Singapur, Brasil, Alemania, Gabón, Camboya, Indonesia, Vietnam, Turquía, Hong Kong, Macao, etc.) [9], además, emplea a más de 46.000 trabajadores [10]. El capital social de la empresa es de 4.600 millones de dólares, con un volumen de ventas anuales de 9.000 millones de dólares [11]. El financiamiento de esta empresa se sustenta en los bancos estatales chinos, como el Eximbank para el caso del Mutún.

Aunque el principal negocio de la empresa era la importación de hierro, para abastecer la producción industrial de acero en China, sus negocios se fueron expandiendo verticalmente en la industria del acero hacia la exploración y explotación de yacimientos de hierro, y la refinación y producción de acero (arrabio, HBI, DRI, ferroaleaciones, palanquillas, alambrón). Asimismo, se expandió hacia la explotación yacimientos de cromo, níquel, manganeso, tierras raras y realización de investigaciones en el campo de la exploración geológica;  también está involucrada en la petroquímica, metales no ferrosos, cemento y las industrias de vidrio, refractarios para la fabricación de acero; servicio técnico y fabricación de equipos, principalmente para minería. Y, por si fuera poco, también ofrece servicios de envío y transporte de mercancías, seguros, agentes de carga, almacenamiento y servicios portuarios. Para montar sus fábricas importa tecnología avanzada de Alemania, Japón, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, etc. [12]

De esta manera Sinosteel se convirtió en la primera firma en expansión en el extranjero, sin embargo, débil para enfrentar la competencia en período de caída de precios del acero, fue obligada a cerrar varias de sus minas. Según un analista de la industria del acero, la empresa se expandió fuertemente los años 2007 y 2008, en momentos que la industria del acero empezaba una desaceleración, llevándole más adelante (2015) a problemas de pago de deuda.[13] En efecto, en octubre de 2015 la empresa retrasa el pago de intereses de  315 millones de dólares de unos bonos con rendimiento de 5,3% que vencen en 2017 [14], sin embargo, el 2013 los estados financieros presentados por la empresa ya reflejaban la crisis financiera. Para mayo de 2015 la deuda alcanzaba a 6.064 millones de dólares ( 1.686 millones de dólares al Industrial and Commercial Bank of China, 1.839 millones de dólares al Bank of China, 1.456 millones de dólares al China Minsheng Bank, y al Export Import Bank of China 1.073 millones de dólares) [15].

La falta de liquidez de la empresa se debe a que muchos de sus clientes, que cayeron en desgracia, no hacen efectivos sus compromisos de pago, y por tanto la empresa está esperando cobrar las facturas pendientes de pago de un número indeterminado de clientes. En su afán de expansión la firma ayudó a los clientes a calificar para créditos bancarios falsificando documentos

Aunque la empresa discute un plan de reestructuración de deuda con los banqueros, estos no están convencidos de que la mejor solución es seguir erogando préstamos para pagar las deudas, y más bien algunos bancos retiraron su dinero de la empresa. Pese a ello, la firma niega declararse en quiebra para acogerse a un plan de este tipo, y más bien se dijo en mayo de 2015 que los ejecutivos estaban ocupados preparando un plan de reestructuración con la esperanza de firmar nuevos acuerdos con los bancos. Paralelamente, se tomaron medidas para racionalizar el negocio, como cierre de operaciones y despido de personal de planta.

Este modelo de crecimiento de expansión económica es denominado por Julián Pavón como el “modelo parasitario chino” [16], donde un país (China) de forma pacífica, parasita lenta pero inexorablemente a otro, creando empresas que contratan trabajadores chinos en su territorio como en el exterior, donde venden sus productos y servicios, todo esto con el apoyo financiero de los bancos estatales[17]. Habría que añadir a este esquema el hecho de que las empresas diversifican sus negocios a campos que les son desconocidos, sin tener ninguna experiencia, adquiriendo tecnología extranjera, de forma pacífica pero desordenada acorde con la anarquía de la producción capitalista.

  1. Conclusiones

Parece ser que nuevamente se alientan falsas esperanzas a cerca de la industrialización del hierro del Mutún. En primer lugar, se tiene un mercado mundial del acero saturado, donde no parece haber perspectivas de reactivación en la medida que los países industrializados han reducido su consumo y la China parece haber llegado al máximo de su crecimiento económico.

Por otra parte, la alta competencia en el mercado del acero llevará a un proceso de centralización de capitales, donde las emergentes empresas chinas tienen mayor probabilidad de ser absorbidas. Asimismo, la expansión capitalista de la China a nivel mundial se lleva a cabo de manera desordenada, con la finalidad de acaparar mercado y concesiones de recursos naturales, garantizando su presencia sin importar el rendimiento económico.

En ese sentido parece ser más importante para los chinos el hacerse de una de las reservas más importantes de hierro del mundo, que la industrialización en Bolivia de esta materia prima, lo que parece ser una réplica del modelo parasitario chino. Eso sugiere la insignificante industrialización que se plantea y el menosprecio del gobierno de iniciativas locales para industrializar el hierro, como es la tecnología “kanatar-acero”, que plantea con menores inversiones resultados similares a los que realizaría Sinosteel.

La chatura de las iniciativas locales es evidente si se trata de la capacidad de producción para obtener ganancias, pero, tal vez no lo sería sí no se subordinara ésta a la persecución de ganancias, sino más bien, a la satisfacción de las necesidades sociales. Y en este plano los pequeños logros que se alcanzaron pueden rápidamente desvanecerse con la caída de los ingresos. Por tanto, no es cierto que Bolivia este camino al socialismo, aún estamos a merced de la inversión extranjera para obtener rentas de los recursos naturales que están en manos de capitales privados extranjeros.

  1. Bibliografía
  • Cochilco. 2014. Mercado internacional del hierro y del acero. Gobierno de Chile. Santiago.
  • World Steel Association. 2016. Steel Statistical Yearbook 20015.Worldsteel Committee on Economic Studies. Brussels.
  • CEDLA. Septiembre de 2006. Contexto mundial del acero. Boletín informativo El Observador. año 1 N° 2. Cedla. La Paz, Bolivia.

 

 

[1] El denominado Grupo de los siete ( G-7), conformado por Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Canadá

[2] En base a CEDLA, 2006.

[3] De las 100 empresas productoras de más de 3 millones de toneladas de acero anuales que figuran en el ranking de Worldsteel Association 52 son chinas, sin embargo, en la lista no figura la empresa que explotará el Mutún: Sinosteel Corporation.

[4] Ver más adelante el caso de Sinosteel y el modelo parasitario chino.

[5] Ibídem.

[6] Ibídem.

[7]  De acuerdo con el mandatario, actualmente las licitaciones de grandes obras son adjudicadas por empresas del extranjero, esto debido a que no existen empresas nacionales que puedan emprender trabajos tales como la construcción de caminos o plantas de industrialización de recursos naturales. (El Día. 22 de agosto de 2014. Evo llama “enanos” a empresarios bolivianos).

[8] El Diario. 12 de febrero de 2016. Técnicos bolivianos cuentan con tecnología para el Mutún. La paz, Bolivia.

[11] Quingdao Sinoteel Company Ltda. 2015. http://es.made-in-china.com/co_qdsinosteel/company_info.html (Vista 12 febrero de 2016)

[13] “El origen del problema se remonta a 2008, cuando la empresa compra por $us 1.380 millones la empresa de extracción de fierro Midwest Corporation de Australia” http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-20/china-state-steel-firm-to-default-after-government-said-to-help (vista 12 de febrero de 2016).

[15] El cálculo de Yuan a Dólar se hace en base al tipo de cambio del 23 de febrero de 2016 tomando como fuente Rescue in the Works for Indebted Sinosteel. 26 de mayo de 2015. http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-20/china-state-steel-firm-to-default-after-government-said-to-help (vista 12 de febrero de 2016).

[16] Andreotti, Carolina. 26 de abril de 2011. Julián Pavón explica el “modelo parasitario chino” de expansión económica en Radio Inter. http://www.cepade.es/blog/index.php/julian-pavon-explica-el-modelo-parasitario-chino-en-radio-inter/ (Vista el 19 de febrero de 2016).

[17] Pavón identifica tres modelos fundamentales de crecimiento económico. El primero es el “depredador” y se remonta al colonialismo clásico, en el que un país se apropia por la fuerza de los recursos de otro. El segundo es el “simbiótico” y es el que predomina entre los países más desarrollados: una empresa extranjera se instala en otra nación, accede a su mercado y, a cambio, estimula el empleo a nivel local, transfiere tecnología y contribuye al fortalecimiento de un sector productivo.

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SINOHYDRO: LA MUESTRA DEL DRAGÓN CHINO Y SU PASO POR BOLIVIA

Entre abusos laborales y grandes contratos

SINOHYDRO: LA MUESTRA DEL DRAGÓN CHINO Y SU PASO POR BOLIVIA

Por: CEDLA

En los últimos cinco años, es notorio el incremento de empresas chinas en Bolivia a través de contratos millonarios suscritos con el Estado boliviano, en un escenario de apertura a estas empresas para la ejecución de un significativo número de obras públicas.

Empresas y consorcios como: Sinohydro, CAMC Engineering CO. LTD. Bolivia Branch, Railway y Sinosteel están actualmente a cargo de la construcción de carreteras, la planta hidroeléctrica de San José, la instalación de una planta industrial de azúcar en San Buenaventura, la instalación de la planta Industrial de Sales de Potasio, el montaje de la planta siderúrgica de El Mutún y la construcción de ferrovías y puentes, entre las obras más importantes. Llama la atención que alguna de las compañías chinas observada como CAMC Engineering CO. LTD, hubiera sido contratada para la ejecución de varias obras públicas (ocho) dejando de lado otras propuestas.

La lucha de los obreros bolivianos en dos proyectos a cargo de la empresa china Sinohydro en Bolivia puso al descubierto que los derechos laborales no son cumplidos por esta firma, creando conflictos sociales que no acaban de resolverse por la débil institucionalidad del gobierno actual.

CRISIS Y EXPANSIÓN CHINA

El dinamismo de su crecimiento económico se ha traducido en una participación cada vez mayor en el comercio global, las corrientes de inversión directa y las fuentes del financiamiento internacional. Así, en busca de materias primas, energía y mercados de exportación, China sigue una estrategia sistémica e integral buscando beneficios para promover el crecimiento y la estabilidad de su economía, con políticas de largo plazo, mecanismos de competencia y de mercado, además de una compleja relación entre el sector público y privado. Todo esto bajo control directo e indirecto del gobierno central y los gobiernos provinciales, sea por la vía de la propiedad o mediante incentivos y múltiples políticas e “instituciones transicionales”.

Entre 2005 y 2013, China otorgó a América Latina y el Caribe (ALC), 102.200 millones de dólares en préstamos, sin contar las multimillonarias inversiones en los sectores energético y minero que ascendieron a 346.700 y 171.000 millones de dólares respectivamente en ese mismo período. Más de la mitad de los préstamos fueron dirigidos a proyectos de infraestructura, además de las áreas energética y minera.

En ocasión del primer foro ministerial entre China y los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-CELAC en 2015, el primer mandatario asiático manifestó la intención de su país de invertir 250.000 millones de dólares en la región durante la próxima década. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, el Banco Central de China anunció el establecimiento de un fondo de inversión de 10.000 millones de dólares para la cooperación bilateral con la región latinoamericana, en ámbitos de alta tecnología, energía, minería y proyectos de infraestructura. Todo indica que ALC se ha convertido en un socio comercial privilegiado para la implementación de su estrategia de largo plazo.

No obstante, el dinero chino llega con sus propias condiciones. Junto con los pagos de altos intereses, se exige que nuestros países utilicen compañías, materiales, tecnología y hasta mano de obra china en la ejecución de los proyectos que financian por medio de préstamos.

PRESENCIA CHINA EN BOLIVIA

En la región, Bolivia es uno de los países que recibe menos inversiones chinas, pero la banca estatal de ese país asiático se ha convertido en la mayor fuente de recursos crediticios en los últimos años. Este financiamiento tiene como destino principal a la ejecución de proyectos en las áreas de tecnología (satélite espacial), transporte militar (aviones, helicópteros), telecomunicaciones, construcción de carreteras y ferrocarriles, energía eléctrica, agroindustria, vivienda, entre otros.

Su rápido y constante aumento numérico tiene que ver con la prestación de servicios o ejecución de proyectos que son financiados tanto por la banca estatal de ese país (China Export and Import Bank-Eximbank y el Banco de Desarrollo de China-CDB), como con recursos fiscales que provienen de los impuestos de los bolivianos (TGN) y de otras fuentes de préstamo (CAF, BID, FONPLATA, etc.). Es decir, que más allá se las condicionalidades de los préstamos de la banca china para encargar las obras a sus empresas públicas y privadas, éstas se benefician de la ejecución de grandes proyectos financiados con recursos propios del país y de otras fuentes.

Recientemente, el Embajador de la República Popular de China, destacó que su país es actualmente la principal fuente de recursos de crédito para Bolivia y ratificó la concesión de un nuevo préstamo millonario de 7.500 millones de dólares para un paquete de proyectos, anunciado tiempo atrás por el gobierno nacional. A continuación reveló que la gente no conoce que ésta es solo la primera etapa y que habrá una segunda y tercera etapas “podrían ser cuarenta mil millones de dólares de préstamo para más proyectos”.

El presidente Evo Morales instruyó que por la importancia de estos créditos, se conforme un equipo especial en Bolivia a cargo de los ministerios de economía y de planificación, así como otro pequeño pero decisivo equipo en China que haga conocer la información sobre las convocatorias a proyectos para que las empresas de ese país presenten sus propuestas.

Las empresas chinas ejecutan en Bolivia alrededor de 2.000 millones de dólares en esos proyectos, un equivalente al 6% del PIB del país. Esta cifra se convertirá en 9.500 millones de dólares, cuando se haga efectivo el préstamo de 7.500 millones obtenido por Bolivia en el China Eximbank, que el Gobierno solo puede gastar, a través de empresas de esta nacionalidad.

En 2015 se procedió a la creación de la Cámara de Empresas Chinas en Bolivia con la participación inicial de 40 empresas. La Cámara funciona bajo la dirección de la Embajada china y la orientación de la Oficina del Consejero Económico y Comercial de la Embajada (El Deber, 2015). Actualmente, según su embajador, en Bolivia operan más de 100 empresas chinas, tanto públicas como privadas, en diferentes proyectos.

A pesar de este ascenso de la presencia de China en el país, no existe un acuerdo marco que regule las relaciones bilaterales. Según el ministro de planificación, el último acuerdo fue suscrito hace 30 años (1986) y nunca fue actualizado; anunció que está en curso la elaboración de uno nuevo que buscará “concretar importantes créditos para el país, así como profundizar las relaciones bilaterales, en el marco de la solidaridad y complementariedad mutua, pero sobre todo, del principio de soberanía financiera”. Mientras tanto, ni las empresas chinas que ejecutan proyectos en el país, ni las instituciones nacionales cumplen un rol en la necesaria tarea de hacer cumplir las normas vigentes –locales e internacionales– en materia laboral, social e incluso ambiental.

SINOHYDRO GRAN EMPRESA ESTATAL CHINA

La empresa estatal china Sinohydro fue fundada a inicios de la década de los años 50 como contratista para proyectos hidroeléctricos públicos. Forma parte de las siete empresas estatales más importantes del sector de construcción, consideradas como “vanguardia” de los proyectos de ayuda exterior de China, entre los años 1950 y 1960. Fue una de las primeras en beneficiarse de la “política de salida” o “política hacia afuera” del gobierno que permitió que las empresas constructoras aumentaran su participación en el mercado mundial. En 2002 la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) informaba sobre la conformación de Sinohydro Corporation Limited como resultado de la reestructuración de las unidades de energía hidroeléctrica y de ingeniería de la ex Secretaría de Energía y el Ministerio de Electricidad e Industria, actualmente opera bajo el control de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatal-SASAC. En 2011, se fusionó con otras 58 empresas de suministro provinciales para formar la Power Construction Corporation of China (China Power). Desde entonces, Sinohydro se convirtió en la marca insignia de los negocios internacionales de esta corporación.

Según la ICM, es una de las empresas con mayores conflictos en el tratamiento de las negociaciones laborales a nivel mundial y existen múltiples evidencias de que no respeta las leyes laborales ni las normas de seguridad y salud en el trabajo, de los países donde presta servicios. También existe una fuerte crítica de diversos grupos de la sociedad civil y activistas ambientales internacionales que rechazan la devastación del medio ambiente y la reubicación forzosa de comunidades locales como consecuencia de la construcción de represas, así como la falta de transparencia y de consulta sobre el impacto social y medioambiental en los que incurre la empresa, en las mega construcciones que viene ejecutando.

LA SINOHYDRO EN AMÉRICA LATINA Y EN BOLIVIA

El ingreso de la Sinohydro en América Latina se consolida a finales de 2008, momento en el que estalla la crisis financiera mundial y donde la gigante asiática encuentra un nuevo mercado potencial e incursiona en países como Honduras, Costa Rica, Belice, Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia, ejecutando importantes proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, agrícolas y de comunicaciones, entre otros.

Sinohydro llega a Bolivia a finales de 2012 con la firma de un memorándum de entendimiento con el gobierno boliviano a través del Ministerio de Hidrocarburos y la Empresa Nacional de Electricidad-ENDE para agilizar el proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza en el norte amazónico del país. Este memorándum se firmó mientras la Sinohydro, que estaba a cargo de la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair en Ecuador, enfrentaba diez denuncias en la Fiscalía General de ese país y en siete juzgados civiles y laborales de Pichincha, acusada de presunto delito de peculado, incumplimiento de pagos a una empresa subcontratista, e incumplimiento en el pago de haberes e indemnizaciones laborales.

A pesar de que las irregularidades de la empresa Sinohydro fueron dadas a conocer a las autoridades nacionales bolivianas, a la fecha esta empresa tiene cuatro contratos con el gobierno de Evo Morales, todos a través de licitación pública internacional. El primer contrato data de abril de 2014 y corresponde a la construcción de la doble vía Puente Ichilo-Ivirgarzama en sus dos tramos: tramo I Puente Ichilo – Puente Mamorecito y tramo II Puente Mamorecito-Ivirgarzama ($us 144 millones), firmado con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Es precisamente, durante la ejecución de esta obra que se dieron a conocer las denuncias de los trabajadores bolivianos por la violación de sus derechos laborales y malos tratos por parte de la empresa.

El segundo contrato fue firmado en junio de 2014 entre Sinohydro –en asociación accidental con la empresa CBI– y la Empresa Nacional de Electricidad-ENDE a través de la nacionalizada Corani S.A. para la “Construcción de obras civiles, red vial, regulación y conducción” del proyecto hidroeléctrico San José (corresponde al segundo contrato de los cuatro que forman parte del Proyecto Hidroeléctrico San José) ($us 124,1 millones), donde también se han registrado denuncias de los trabajadores por las mismas razones anotadas en el caso de la construcción de la doble vía Puente Ichilo-Ivirgarzama. El tercer contrato fue firmado en septiembre de 2015 entre Sinohydro y la estatal ABC para la construcción del tramo “Padilla-El Salto” ($us 89,6 millones).

Finalmente, en noviembre de 2015 se firmó el millonario contrato para el diseño y construcción de la sección central de la carretera “El Sillar” bajo la figura de contrato “llave en mano” –donde la empresa tiene a su cargo los estudios técnicos, el diseño y la ejecución de la obra– con una modalidad de financiamiento gestionada por el proponente ($us 426,1 millones). Llama la atención que la firma del contrato se hubiera hecho efectiva a pesar de las denuncias presentadas ante el Ministerio de Obras Públicas y la ABC por la adulteración de datos y documentos de un miembro del equipo de profesionales en un formulario que tiene valor de declaración jurada. Según el documento base de contratación, esta irregularidad llevaría a la descalificación de la propuesta presentada y el posterior cobro de la boleta de seriedad (1% del monto económico propuesto), algo que no sucedió en este caso. Esto sugiere la existencia de anomalías en el proceso de adjudicación y posterior firma del contrato con Sinohydro.

“NOS CHUPAN LA SANGRE”, PROTESTAN LOS OBREROS

En marzo de 2015, los obreros del proyecto carretero doble vía Ichilo- Ivirgarzama a cargo de Sinohydro, comenzaron una larga lucha en demanda del cumplimiento de la legislación laboral boliviana, tras 10 acercamientos infructuosos con esta compañía y no obstante la intervención de la Dirección Departamental del Trabajo de Cochabamba.

En julio del mismo año, los obreros del Sindicato de Trabajadores en Construcción Libertad (uno de los campamentos instalados), declararon el primer paro indefinido denunciando la violación de sus derechos y demandando la atención de un pliego de peticiones de 19 puntos, que expresa los múltiples problemas que enfrentan y la extrema precariedad de las condiciones en las que trabajan.

Las demandas llegaron a la Confederación de Trabajadores de la Construcción de Bolivia a la que está afiliado el sindicato, entidad que convocó a un ampliado nacional en la ciudad de La Paz. Las decisiones de este ampliado no fueron dadas a conocer públicamente.

El paro prontamente fue levantado gracias a la firma de un acta de entendimiento entre los trabajadores y la empresa Sinohydro para atender el pliego petitorio. El compromiso no fue cumplido por la compañía, provocando un segundo paro de los trabajadores en el mes de octubre, que generó una reacción violenta de la empresa. En efecto, los huelguistas fueron agredidos por ejecutivos chinos con una pala cargadora cuando se encontraban en vigilia en el campamento, a la espera del resultado de una audiencia que se realizaba en la Jefatura de Trabajo de Cochabamba.

Una nueva huelga fue declarada en noviembre de 2015. Esta vez con el bloqueo de la carretera en cercanías del campamento de Entre Ríos (Chapare). La empresa no solo incumplió el acuerdo, sino que procedió al despido injustificado de varios trabajadores. Luego de aproximadamente 10 días de paro y movilizaciones, los trabajadores suspendieron las medidas, tras un nuevo compromiso de la empresa para cumplir con todas las demandas laborales, reproduciéndose el círculo vicioso de manejo del conflicto iniciado en el mes de marzo.

Un año después de iniciado el conflicto, el 13 de enero de 2016, los trabajadores declararon el cuarto paro con carácter escalonado, exigiendo el cumplimiento de las demandas pendientes del pliego petitorio. Un día después, el Ministerio de Trabajo envió una carta a la Cancillería solicitando que interponga las acciones pertinentes para promover una reunión con la Embajada Popular de China en Bolivia y el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de analizar los conflictos laborales de las empresas chinas CAMC, Sinohydro y Sinohidro-CBI y lograr algunas directrices, dirigidas al cumplimiento de la normativa laboral vigente en el país.

La huelga fue levantada, pero algunos días después, los obreros de la empresa declararon un nuevo paro (el quinto) esta vez con carácter indefinido y al que posteriormente se plegaron más de 700 familias de las comunidades afectadas por la construcción del tramo Ivirgarzama-Ichilo en reclamo por el incumplimiento de la indemnización ofrecida por parte de la ABC y la empresa, por la cesión de sus terrenos para la construcción de la carretera. Un representante de Sinohydro advirtió con aplicar sanciones además de calificar la huelga como “ilegal”, porque su declaración no habría seguido el procedimiento fijado por ley.

El primer día de febrero de 2016, una delegación de trabajadores arribó a la ciudad de La Paz con el objetivo de presentar su queja ante el Ministerio de Trabajo, pretensión que no tuvo lugar a causa de una reunión fallida que develó el poco o ningún interés de esta cartera de Estado para atender sus demandas. El 3 de febrero se habría efectuado la reunión solicitada por el Ministerio de Trabajo, con la Cancillería y funcionarios de la embajada china. Los representantes de las empresas en conflicto tuvieron algunos minutos para exponer sus análisis sobre los conflictos laborales. Los grandes ausentes fueron los representantes de los trabajadores.

El 12 de febrero, luego de 22 días del quinto paro, los trabajadores llegaron a un acuerdo con la empresa que determina: i) la conformación de mesas de trabajo para buscar resolver las demandas; ii) el compromiso de los trabajadores para trabajar dos horas diarias adicionales para reponer el tiempo perdido en la construcción de la obra y, iii) el compromiso de la empresa de no aplicar descuentos por los días de paro.

Luego de tantos acuerdos incumplidos, queda la duda sobre la resolución de las legítimas demandas de los trabajadores por medio de estos mecanismos, sobre todo cuando la voluntad estatal no está de su lado.

La larga lucha de los obreros de la empresa Sinohydro, por cambios sustanciales en sus condiciones precarias de trabajo y por el cumplimiento de la legislación laboral vigente, desnudó el pisoteo de las normas bolivianas por parte de esta compañía extranjera que sistemáticamente se negó a acatar las disposiciones nacionales frente a la inercia del Ministerio de Trabajo que incumplió su rol constitucional y aquel establecido por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo.

INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES LABORALES BOLIVIANAS

En el modelo de contrato establecido por la ABC para el proyecto de “Construcción de la Doble vía Ichilo-Ivirgarzama”, obra adjudicada a la empresa Sinohydro, la cláusula décima quinta (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES) dispone: “El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS.

Además, el modelo de contrato contempla la obligación de la empresa de brindar un seguro “contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente” a favor de los trabajadores (cláusula trigésima cuarta), considerando los riesgos laborales que implica la construcción de la obra.

En el Documento Base de Contratación-DBC, no se otorga ningún tratamiento preferencial en materia laboral a favor de las empresas extranjeras y éstas tampoco tienen la posibilidad de transferir la responsabilidad por el cumplimiento de leyes laborales a la entidad pública contratante. Esto significa que cualquier empresa contratada por la ABC, está obligada al cumplimiento de las disposiciones laborales y de las actas de entendimiento o acuerdos suscritos, bajo la fiscalización del Ministerio de Trabajo como cabeza de sector; sin embargo, pese a ello, las vulneraciones más constantes son: inexistencia de contratos de trabajo escritos, largas jornadas de trabajo y horas extras sin pago, sin seguro de salud, insuficientes medidas de seguridad ocupacional,  salarios arbitrariamente afectados, violencia física y psicológica, despidos injustificados, incumplimiento de normas de seguridad industrial y la descalificación de los dirigentes sindicales.

Además de incumplir las normas laborales bolivianas, Sinohydro incumplió varios convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo-OIT que fueron ratificados por China y Bolivia. Al ser ratificados, los convenios se convierten en leyes nacionales que deben ser cumplidas.

Entretanto estremece el silencio cómplice de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y la inoperancia del Ministerio de Trabajo, que no parecen tener en mente la necesidad de velar por la existencia de condiciones laborales dignas, en los millonarios proyectos que ejecutan las empresas chinas, como muestra el caso analizado y otros similares. A futuro, la inversión pública seguirá asentada en la contratación de nueva deuda con la banca internacional con un creciente predominio de la banca china, en medio de condiciones que se construyen a partir de sus propias necesidades y de las debilidades institucionales del país para fiscalizar, actualizar y hacer cumplir las leyes laborales y sociales que se establecen en los contratos entre las partes.

La experiencia enseña que las prácticas de explotación laboral se han instalado en el país desde la década de los noventa bajo la influencia de los grandes capitales –nacionales, extranjeros y mixtos–. En consecuencia, en este nuevo escenario, no solo hace falta evaluar los impactos directos de la presencia de empresas ejecutoras chinas sobre las condiciones laborales, mediante el seguimiento permanente del comportamiento del empleo, los salarios y otras condiciones de trabajo, sino también enfrentar las consecuencias negativas de la violación de derechos laborales. Esto no significa otra cosa que resolver oportuna y eficazmente los conflictos laborales y/o sociales que se presentan, actuando en consecuencia con las prerrogativas que otorgan las leyes nacionales o mediante la adopción de nuevos instrumentos regulatorios con ese mismo fin.

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Explosión afecta a horno en Karachipampa

La planta metalúrgica paralizó operaciones a causa del accidente.

 

La madrugada de ayer se registró una explosión en el horno Kivcet del Complejo Metalúrgico de Karachipampa en Potosí, lo que provocó la paralización temporal de operaciones en la fundición. El gerente de la Empresa Metalúrgica Karachipampa, Hugo Arando, explicó que hubo una “fisura en los tubos de agua en el interior del horno Kivcet” pero que “no tuvo daños mayores”.

 

“Hemos previsto de inmediato el cambio de los ladrillos en la parte superior del horno eléctrico, luego la reposición de los aislantes que iban adheridos en las paredes laterales del horno Kivcet de la salida de gases de sulfuros y del mantenimiento de los accesorios, verificando si los filtros están bien”, detalló la autoridad, según un boletín institucional.

 

Arando anunció que el lunes se hará una evaluación, con técnicos especializados, para verificar los daños en el horno y calcular cuánto costarán las reparaciones.

 

Daños. De acuerdo con el gerente de la estatal, el accidente no afectó a los trabajos de refinación, tampoco ningún operario fue herido por la explosión.  El ministro de Minería, César Navarro, explicó que se tenía previsto realizar ayer una inspección de autoridades y técnicos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para comenzar con el proceso de fundición de 6 toneladas por hora de plomo metálico.

 

“Estoy muy preocupado y hasta bajoneado en lo personal, comenzamos a producir las seis tonelada por hora y ocurrió el accidente”, indicó Navarro en declaraciones a radio Fides. El 15 de julio de 2014 fue encendido el horno Kivcet y tuvo un primer incidente el 3 de octubre del mismo año a causa de fisura y estuvo paralizado por meses.

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