Tribunal Latinoamericano del Agua recomienda desmantelar Hidroituango (EL ESPECTADOR)

PALABRAS CLAVE: MEGAPROYECTOS HIDROELÉCTRICOS - COLOMBIA - HIDROITUANGO - DESMANTELAMIENTO

EL ESPECTADOR. 2018-10-31

En el fallo, responsabiliza al Estado colombiano, a la Gobernación de Antioquia y a Empresas Públicas de Medellín, EPM, por los severos daños causados por la construcción del Megaproyecto en el río Cauca.

A través de un fallo de juzgamiento emitido desde México, el Tribunal Latinoamericano del Agua responsabilizó al Estado colombiano, a la Gobernación de Antioquia y a Empresas Públicas de Medellín (EPM) de los daños causados por el megaproyecto Hidroituango.

Además, el tribunal recomendó realizar el desmantelamiento inmediato de la obra por considerar que la población se encuentra expuesta al riesgo de manera permanente. El fallo se emitió en el marco de la XII Audiencia Pública de Juzgamiento que este tribunal llevó a cabo en Guadalajara, estado de Jalisco.

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El jurado del tribunal, encabezado por Philippe Texier, resolvió “responsabilizar al Estado colombiano, a la empresa Hidroituango S. A. E. S. P; a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y a la Gobernación de Antioquia por los severos daños ambientales, sociales, económicos y culturales que el proyecto Hidroituango ha provocado a los habitantes de la zona, así como por la exposición de la población al riesgo permanente que representa la peligrosidad de las condiciones sísmico-geológicas en que se emplaza la represa y sobre todo por las deficiencias técnico constructivas de la obra”.

La decisión se produce luego de que las comunidades afectadas por la hidroeléctrica, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, presentaran el caso ante el tribunal y este decidiera estudiarlo en agosto de 2018. La finalidad de los afectados era que se reconociera la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en razón de la construcción de Hidroituango.

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En el fallo, leído por Alejandro Mendo Gutiérrez, el tribunal también recomendó a las autoridades que “cumplan con su obligación convencional, constitucional y legal de aplicar medidas de reparación, restitución y satisfacción de los daños que incluyan la reubicación digna de las poblaciones desplazadas”.

Además, en la decisión se incluyó el tema de los asesinatos, los desplazamientos forzados y las desapariciones que han tenido lugar en esa zona del departamento de Antioquia. Ante estos hechos victimizantes, recomendó que “el Estado colombiano realice la persecución y juzgamiento de los responsables”.

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