Transparencia y acceso a información de hidrocarburos, en su mala hora (EL PAÍS)

PALABRAS CLAVE: HIDROCARBUROS - RESERVAS DE GAS - ACCESO A LA INFORMACIÓN - CONTRATOS PETROLEROS - YPFB - INFORMACION COMO DERECHO - 

ALEJANDRO ZEGADA (EL PAÍS) 2018-10-29

Particularmente en el sector de hidrocarburos, pese a haberse nacionalizado y recuperado el rol estatal, los instrumentos de transparencia y acceso a la información para la ciudadanía “en vez de masificarse han sufrido un evidente retroceso”.
La observación pertenece a un reciente estudio de la Fundación Jubileo, que desde hace años viene advirtiendo -junto con otras instituciones como el Cedla, el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (ILTP), el International Budget Partnership (IBP), entre otros- acerca del deterioro de la transparencia y acceso a la información pública en Bolivia.

Jubileo observa “como un avance” la implementación de unidades de transparencia en casi todas las instituciones que tienen a su cargo el sector hidrocarburos. Pero su informe también evidencia “retrocesos en cuanto a la información publicada”, particularmente en lo referido a la información necesaria para el cálculo de la renta petrolera, que “fue retirada entre el 2015 y 2017”. Asimismo, “algunos datos son publicados por el Ministerio de Hidrocarburos, pero de manera parcial, lo que no permite conocer y verificar los cálculos de la renta petrolera”.

Los datos sobre las ganancias en los contratos petroleros “se publican hasta el 2017 dentro del informe de Gestión Financiera de los Contratos de Servicios publicado por YPFB. Los datos manejados por el SIN relacionados al sector hidrocarburos, tampoco son publicados por dicha institución”, agrega.

Según Jubileo, los problemas afectan tanto al nivel central del gobierno, a YPFB y también a los niveles subnacionales. Este último “no cuenta con iniciativas y/o políticas de transparencia que permitan a la población conocer la gestión de la institución y, a partir de ella, la gestión que se realiza de los hidrocarburos y su renta petrolera”.

La citada investigación se basa en un relevamiento de información de los portales web de diferentes instituciones y empresas del Estado boliviano involucradas en la gestión del sector hidrocarburos, así como de los niveles subnacionales del gobierno.

Marco legal para la transparencia
El marco general para la transparencia, acceso a la información y control social, está establecido en la propia Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada el año 2009, particularmente en sus artículos 8, 21, 241, 242 y 351.

La información como un derecho, la participación y control social, la rendición de cuentas, y otras medidas, están contemplados en estos artículos, en los que se resalta que la información debe ser transparente, completa, veraz, adecuada y oportuna. Esto, por supuesto, incluye también todo lo referido al estratégico sector de hidrocarburos, donde se debería garantizar el control y la participación social en el diseño de las políticas sectoriales.

También hay una serie de leyes y decretos que velan por la transparencia y acceso a información. Por ejemplo, la Ley de Participación y Control Social (Ley 341 de febrero de 2013), que define el marco general de la participación y control social. La Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, cuya finalidad es contar con instrumentos orientados a la prevención, investigación, transparencia, acceso a la información y sanción de actos de corrupción. O el vigente Decreto Supremo 28168, que tiene por objeto el acceso a la información como un derecho humano de toda persona, y la transparencia en la gestión del Poder Ejecutivo.

Otras normas también buscan generar transparencia, aunque sea enunciativamente, como la Ley de la Empresa Pública (2013), la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social (2016), o la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (2017). Para los niveles subnacionales de gobierno, se tiene la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (2010).

Niveles central y subnacionales
El reporte encontró que, a nivel central, “se cumple a cabalidad la norma en cuanto a la publicación de las rendiciones de cuentas e informes de gestión, con datos agregados sobre las actividades y presupuestos ejecutados por cada institución”. Sin embargo, estas rendiciones “pierden el objetivo de seguimiento”, ya que en los portales web analizados por Jubileo no se encuentran publicados los POA y presupuestos de las instituciones.
“El desconocimiento de estos documentos hace inviable llevar a cabo un control por parte de la sociedad civil sobre cómo se gestionan las empresas y, por ende, el sector hidrocarburífero”, advierte el informe.

En el caso de las ejecuciones presupuestarias, la investigación encontró que solo en el portal del Ministerio de Hidrocarburos hay un seguimiento actualizado a su ejecución presupuestaria 2018, pero YPFB y sus filiales, cuyos presupuestos se encuentran muy por encima del Ministerio, no muestran una ejecución presupuestaria actualizada.

También constituye un “significativo avance” que se cuenten con los datos de las contrataciones en línea y disponibles para la sociedad civil, “pero acceder a estas plataformas conlleva un grado de dificultad; para que su implementación sea efectiva, se debería incorporar un manual de usuario que facilite el manejo y que permita relacionar las contrataciones presupuestadas con las ejecutadas, adjuntando términos de referencia y contratos suscritos”.

A nivel subnacional, el informe encuentra que la Rendición Pública de Cuentas inicial 2018 no está publicada en la gran mayoría de las instituciones; tampoco las nóminas de personal que trabajan en las instituciones. Por su parte, las herramientas de acceso a la información sólo fueron implementadas por la gobernación de Tarija y de manera parcial por la de Pando.

En la gestión de hidrocarburos
Aunque el documento actualizado del Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Hidrocarburos 2016–2020 está debidamente publicado, no hay reportes que relacionen directamente sus avances, y tampoco se encontraron los POA actualizados de las entidades cabeza de sector que expongan cómo se avanza en la ejecución del citado plan sectorial en la gestión 2018.
Asimismo, las resoluciones de Directorio, en las cuales se definen los grandes proyectos y licitaciones a ejecutarse en toda la cadena, así como auditorías de control de gestión y planillas salariales, entre otros, “no son de conocimiento público”.

Tampoco hay información sobre proyectos de gran escala en el sector, contratos y adendas relacionadas con las actividades de toda la cadena hidrocarburífera. “Si bien durante la gestión 2007 se publicaron los contratos de operación para exploración y explotación suscritos por YPFB, esta información fue posteriormente retirada del portal web de YPFB. Asimismo, desde la gestión 2012 se vienen aprobando contratos de exploración y explotación que no han sido puestos a disposición de la sociedad civil en ningún portal web de las instituciones oficiales”.

Este retroceso en la transparencia de la información se agudizó el 2015, cuando YPFB retiró de su portal web la publicación trimestral de información relativa a la producción, comercialización y pago de regalías e IDH que venía realizando desde el año 2009. “La información, no obstante a que era presentada de forma agregada, permitía a la población un seguimiento mínimo a las principales variables de las actividades de toda la cadena hidrocarburífera”, afirma Jubileo.

Luego, aunque aún quedaba información sobre los volúmenes diarios transportados de gas natural por mercado de destino en el portal web de YPFB Transporte, en mayo de 2017 la empresa retiró esa información de la página web de esta subsidiaria.

Por otra parte, la norma de transparencia obliga a YPFB a la publicación de datos de costos recuperables y certificación de reservas en el portal web. Pero la información de costos recuperables presentada “no se encuentra desglosada por semestre ni por campo, tal como establece la norma, y no se halla actualizada al 2018”.

Tampoco existe un seguimiento y control sobre la gestión de los ingresos por regalías e IDH “que permita conocer de manera nacional en qué proyectos fueron destinados estos recursos, el nivel de avance y el impacto de la ejecución de éstos en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo”.

Además de esto, gran parte de la información requerida para validar los cálculos relacionados con el cálculo de las regalías e IDH no se encuentra disponible en la página web de YPFB (algunos de estos datos estuvieron disponibles hasta el 2015). Y los datos de la renta petrolera y su distribución mensual a los beneficiarios “tampoco es una información que pueda ser extraída de la fuente primaria que la genera, como es el SIN”.

Transparencia en el uso de la renta petrolera
Jubileo encontró que la mayoría de los GAD y GAM no ha publicado sus planes estratégicos, planes de gestión territorial y programas operativos anuales, ni sus presupuestos y ejecuciones presupuestarias.

Por otra parte, “prácticamente un solo portal web contaba con un enlace que mostraba las contrataciones al 2018, el resto de las instituciones no cuenta con una base de datos o un enlace que permita a la población conocer las contrataciones que se realizarán o que fueron ya contratadas por esas entidades territoriales”, afirma.

La Fundación remarca que es “importante contar con información sobre cómo van avanzando los proyectos y cuál fue el impacto de haber desarrollado el proyecto; en tal sentido, no se pudo evidenciar, en ningún caso, la existencia de informes de evaluación de proyectos”.

Es un derecho, no un favor
La información “es nuestra”, afirma Marco Antonio Frías, activista por los derechos de acceso a información, porque “nosotros pagamos impuestos y no tenemos que pedir permiso al Estado ni solicitarle información, porque conocerla es nuestro derecho”.
El abogado especialista en Derechos Humanos, Marco Loayza, advirtió que el Gobierno aplica la restricción de la información generada por el Estado para escapar del escrutinio público.

“La restricción a brindar información o acceder a la misma debe proteger la seguridad nacional, la integridad territorial o el orden democrático, pero no para resguardar la seguridad del gobierno, que en nuestra situación parecería que es lo que se quiere proteger para escapar al escrutinio público y la posible critica a los ya dispendiosos gastos que son conocidos por todos”, afirma Loayza.

A finales de septiembre, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) planteó aprobar una Ley de Acceso a la Información pública, para ayudar en la lucha contra la corrupción, mediante nuevos mecanismos para realizar una fiscalización más efectiva a las instituciones del Estado y a las autoridades. No se sabe si más leyes ayudarán a mejorar la situación, ante la ya abundancia de leyes que no se cumplen a cabalidad.

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